Barberá y el Consell anuncian que los derribos seguirán

Sánchez de León y Rita Barberá han aparecido en una declaración conjunta para anunciar que ambas administraciones están dispuestas a modificar la normativa

El Gobierno valenciano podría modificar la normativa sobre Bien de Interés Cultural (BIC) para seguir con los derribos en el Cabanyal (Valencia) y prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar si no logra que los Tribunales anulen la Orden del Ministerio de Cultura que los paraliza por expolio patrimonial.

Así lo ha anunciado hoy la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, en una comparecencia junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la que han puesto de manifiesto que la orden ministerial "vulnera" doce sentencias firmes que avalan la legalidad del proyecto y niegan "expresamente" que haya expolio.

Barberá y Sánchez de León han "escenificado" la unión de ambas administraciones contra esta decisión y han coincidido en afirmar que lucharán con "todos los medios políticos y legales posibles" para salvar la ejecución del proyecto de derribos de casas en el barrio del Cabanyal que, según la alcaldesa, "va a seguir adelante".

La alcaldesa y la consellera han advertido que hasta ahora ni el Ayuntamiento ni la Generalitat tienen constancia oficial de la Orden y sólo la conocen por una nota de prensa, y han anunciado que la recurrirán.

Estas administraciones tienen previsto presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional con la petición expresa de que se suspenda esta decisión y prosiga el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal, y se plantean presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias con el Ministerio de Cultura.

También podrían plantear un incidente de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ratificada por el Supremo en la que el Ministerio fundamenta su decisión, pues, según han argumentado, dicha sentencia "afecta sólo a cuestiones formales sin hacer alusión a la legalidad del PEPRI ni a la concurrencia de situación de expolio".

El Ayuntamiento y la Generalitat entienden que el Ministerio de Cultura no puede basarse en esa sentencia para dictar la orden de paralización de los derribos.

Según la consellera Sánchez de León, "si con las vías legales no es suficiente y el Ministerio no ceja en su acción, estamos dispuestos a modificar la normativa de la declaración que hemos hecho de Bien de Interés Cultural en el Cabanyal para hacer posible la ejecución de un plan que ha supuesto tanto esfuerzo".

La alcaldesa ha asegurado además que preguntará a los servicios jurídicos municipales si es posible pedir responsabilidades al director general que ha firmado la Orden y al Ministerio de Cultura "por el daño a los ciudadanos" y se ha preguntado si la decisión "no responde a intereses económicos de algunos".

Barberá ha asegurado que el Ministerio ha dado a conocer la resolución "de forma vergonzante" y ha calificado la Orden de "arbitrariedad y exceso" porque se trata de "una resolución política frente a una docena de sentencias firmes favorables al plan".

"Las sentencias han reiterado que no ha habido expolio, por tanto estamos en una absoluta inseguridad jurídica. Cada vez que gobierna el PSOE se corrompe el Estado de Derecho", ha añadido.

Ha criticado que la resolución ministerial valore "sólo los informes que le han interesado" y no haga referencia a los de la Generalitat, los aportados por el Ayuntamiento o otros favorables al PEPRI realizados por diferentes expertos y ha acusado al Gobierno de "ignorar intencionadamente" nueve sentencias firmes del TSJCV y otras tres del Tribunal Supremo.

La alcaldesa ha recordado que "elección tras elección" los vecinos del Cabanyal han aprobado su política en el barrio porque, conocedores del proyecto de prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez al mar, cada vez ha obtenido más número de votos en ese barrio.

Levante

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