El Síndic cuestiona el dinero que se pagó a las constructoras al salirse de Cabanyal 2010

Advierte que el precio abonado por Camps y Barberá por las acciones, los 7,8 millones que los promotores pusieron en su día, "no ha quedado justificado" - Censura que la cláusula seguida para compensarlos con 800.000 euros en intereses "no era aplicable"

El futuro del Cabanyal sume durante años en la inseguridad a los vecinos del barrio marinero y a las Administraciones, central y autonómica, en una bronca política con el negocio del plan urbanístico como telón de fondo. En cambio, las constructoras reclutadas en 2005 por el Consell para participar en el proyecto a través de la empresa mixta Cabanyal 2010, SA, controlada por el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) y Aumsa (la firma municipal para las infraestructuras urbanas), con el 27,5% de las acciones cada una, no sólo recuperaron íntegra la inversión inicial tras reclamar en 2008 su salida de la firma, sino que obtuvieron una jugosa "compensación-indemnización" que la Sindicatura de Comptes estima en 435.420 euros para el Ivvsa y otros tantos para Aumsa. En su última auditoría, el órgano fiscalizador cuestiona abiertamente esta operación, tanto el precio que Camps y Barberá pagaron por sus acciones a los promotores y que "no ha quedado justificado" por informe alguno como, especialmente, los intereses, basados en una cláusula de los estatutos de Cabanyal 2010 "que no era de aplicación".
La demoledora auditoría coincide con el recrudecimiento del conflicto tras la orden del Ministerio de Cultura que paralizó el proyecto al entender que supone un expolio para el patrimonio y la decisión del Consell y el ayuntamiento de seguir adelante. Los 'populares' decidieron el viernes reactivar Cabanyal 2010, que ahora controlan al 100%. La firma se puso en marcha en julio de 2005 con un capital social de 35 millones, de los que los socios públicos tenían el 55% de las acciones y las constructoras, el 45% restante. Sin embargo, tanto unos como otros sólo llegaron a desembolsar la mitad, 17,5 millones, de los que 7.875.000 euros correspondía a los inversores privados. En junio de 2008, cansados de la paralización del proyecto, los constructores piden irse y que se les pague el mismo dinero que pusieron más una compensación, equivalente al IPC más un punto desde el momento que pusieron el dinero hasta la devolución efectiva, aplicando "por analogía" el artículo 29.2 de los estatutos de la firma.

El peaje de la operación política
Tanto el Ivvsa como Aumsa, avalado todo ello en diciembre de 2008 por el Consell, asumen unas condiciones que el Síndic ahora reprueba. De un lado, el auditor reprocha que el instituto "no ha realizado una valoración que justificara el precio pagado" por la adquisición de las acciones, "que es superior al previsto" en la misma ley de Patrimonio de la Generalitat, "dado que no resulta de aplicación el artículo de los estatutos de la sociedad mercantil en que se fundamenta el precio".
La citada ley fija que en estos casos hay que pagar el valor teórico de las acciones, no el nominal, y aquel "se encontraba por debajo" de éste último, "dado que la empresa había obtenido pérdidas en los ejercicios anteriores". Según el Síndic, el Ivvsa debió haber solicitado un informe, "redactado por un técnico independiente", de valoración de las acciones, "de acuerdo con los métodos de valoración comúnmente aceptados". El auditor constata con sorpresa que "no existe un acuerdo explícito del Consell, en su condición de Junta General de Accionistas de la entidad, en el que se indique el precio a pagar en la citada operación". Lo que el informe no puede decir es que en realidad los empresarios acudieron a la llamada de las Administraciones del PP para arropar la operación, al estilo de la inversión en Terra Mítica, pero, lógicamente, no iban a perder dinero; eso queda para los socios públicos.
De otro lado, el Síndic censura los intereses abonados, ya que no se daban las circunstancias fijadas en los estatutos sociales para aplicar esa compensación. El artículo 29.2 prevé la creación de un fondo especial de reserva para la amortización de acciones ligado a la obtención de beneficios en los años anteriores y una vez hubieran transcurrido 10 años desde la constitución de la empresa mixta. Nada de esto existía ni ocurrió.

El pago se reparte en tres plazos
El pago a las constructoras se repartió en tres plazos, el primero, al formalizar la compra, en julio de 2008; un año después, el segundo, y en julio de 2010, el tercero. Los intereses se aplican hasta el pago efectivo. A 30 de diciembre, el Ivvsa, había contabilizado 390.795 euros en intereses. El auditor recrimina también la incorrecta contabilización de este pago como "gastos financieros por aplazamiento" cuando debían reflejarse como mayor coste de las acciones.

Las promotoras tenían el 45% del capital
Cabanyal 2010 se constituyó el 26 de julio de 2005, con un capital de 35 millones, dividido en 35.000 acciones a mil euros el título. El 55%, 19.250 acciones, se lo repartían por igual Consell y Ayuntamiento. El otro 45%, 15.750 acciones, lo compraron Acciona Infraestructuras (1.856 acciones), Construcciones Villegas SL (1.856), Armiñana Promociones Inmobiliarias (1.856), Reyal Urbis SA (1.856), Salvador Vila SL (1.856), Calviga SAU (1.856), Ecisa Grupo Inmobiliario SLU (1.856), Urbana Ducat SL (1.856), Sedesa Urbana SL (500), Pavasal Empresa Constructora SA (201) y GIC Promociones Urbanas SL (201). Como al final solo desembolsaron la mitad del dinero cada acción se les pagó a 500 euros. En total, 7.875.000 euros. j. g. g. valencia


extraído de levante-emv.com