La tarde del viernes 8 de julio de 2011 la familia de Ramón Barrios Serrano de 18 años vecino de Villaverde Alto llevaron a su hijo al Centro de Internamiento de Menores Santa Teresa de Calcuta en la localidad de Brea del Tajo, pues Ramón tenía que ir a cumplir allí 12 fines de semana de internamiento. Al día siguiente, sábado 9 de julio la familia del joven recibió la tristísima noticia de que su hijo había fallecido en las dependencias del Centro. La noticia les fue dada a las 12:00 de la mañana por tres miembros de las citadas dependencias: una psicóloga acompañada por dos hombres. Según la psicóloga Ramón sufrió “un desmayo a las 3:00 de la mañana” y los médicos del centro le intentaron reanimar y al ver que no podían llamaron a una ambulancia pero según la psicóloga Ramón ya había fallecido. Además también les dijo que a Ramón se le estaba practicando la autopsia en el momento que ellos estaban dando la noticia.
Al día siguiente la familia de Ramón fueron al centro para pedir explicaciones y allí les dijeron que esperasen fuera en la entrada del Centro que el director les atendería. El trato recibido en ese momento por los responsables de las dependencias fue totalmente inhumano y distante, sin ningún tipo de empatía con la madre del chaval que ha fallecido en esas dependencias, puesto que nadie ni siquiera salieron a hablar con ellos. Tras una larga espera el tío de Ramón comenzó a gritar reclamando explicaciones de lo que le había pasado a su sobrino y al final tuvo que llamar a la Guardia Civil porque nadie del centro salía a decirles nada. Al llegar los agentes de seguridad estos llegaron al centro y la familia de Ramón les preguntó por lo sucedido y los agentes les dijeron que aún no se sabía nada porque no le habían practicado aún la autopsia contradiciéndose con lo que el personal del centro les había dicho esa misma mañana y diciéndoles que se le practicaría el domingo a partir de las 8:00 de la mañana que se dirigieran a esa hora a los juzgados de Arganda del Rey.
Al día siguiente cuando llegaron a la hora que les habían dicho los juzgados estaban cerrados pues abrían dos horas más tarde; a las diez de la mañana. Cuando abrieron sus puertas les comunicaron que la autopsia ya se había realizado el sábado y que se podían llevar a Ramón al Tanatorio Sur. Los familiares pidieron al juzgado que les diesen algún tipo de explicación sobre lo ocurrido y que si podían enseñarles el parte de la ambulancia que había asistido a Ramón. Los funcionarios del juzgado les dijeron que lo único que les podían facilitar era un Informe del Avance de la Autopsia en el que indicaban simplemente la hora de la muerte entre 4:00 y 5:00 de la mañana, (no las 3:00 como había indicado la psicóloga que visitó la familia), que el cuerpo no tenía síntomas de violencia y que la muerte había sido producida por una “parada cardiorespiratoria” la causa aun está por determinar.
La familia rápidamente denunció lo sucedido pues les resultaba bastante extraño que Ramón un chico joven y sano y que se encontraba perfectamente cuando el viernes llegó al Centro al contrario de lo que han dicho a la prensa Fuentes del Gobierno regional, esa misma noche fallece.
Al llegar al Tanatorio de Arganda en la funeraria les insistieron mucho con que no vieran el cuerpo del joven con la excusa que esperasen a que le trasladaran al Tanatorio Sur y que allí le podían ver maquillado. Esto a la familia les pareció algo más que sospechoso; no obstante accedieron a ver el cuerpo de su hijo pero en ese momento el cuerpo estaba totalmente congelado embalsamado por lo que no pudieron verle bien.
Una vez trasladado el cuerpo al Tanatorio Sur y pasadas unas horas la familia pudo comprobar que según el cuerpo cambiaba de temperatura progresivamente (puesto que la sala del tanatorio no tiene la misma temperatura que una cámara de conservación) y el maquillaje iba desapareciendo en el rostro de Ramón aparecían signos de posible violencia. Los ojos tenían rasgos de haber sido golpeados, en el cuello han aparecido marcas de arañazos, y lo que parece un hematoma de un golpe en la mitad derecha del rostro, las orejas marcadas y un más que visible arañazo en el cuello.
Por estos motivos la familia ha preferido no incinerarle aún pues están a la espera de realizarle una segunda autopsia que autorice el juez, al que ya se le han presentado como pruebas fotos del cuerpo de Ramón en el que se ven perfectamente las marcas en su rostro.
Tanto la familia como los vecinos y amigos de Ramón nos sentimos profundamente dolidos y tristes por la pérdida de nuestro amigo. Un joven que tenía toda la vida por delante. Y no nos creemos la versión del centro de que su fallecimiento podría estar causado por una sobredosis pues somos sus amigos y familiares y sabemos que Ramón no consumía estupefacientes.
Nos sentimos hambrientos de justicia y de indignación pues todo apunta a que algo quieren ocultarnos. En todo momento el trato recibido por los responsables del Centro ha sido humillante y detestable como si quisieran quitarnos del medio para que no sepamos qué es lo que de verdad le ocurrió a Ramón la fatídica noche del sábado.
Hasta ahora todo nos ha parecido más que sospechoso. Primeramente el que hayan dicho a la prensa que Ramón no se encontraba en condiciones de internar en el centro. ¿Cómo que no se encontraba en condiciones? Tanto la familia como algunos vecinos estuvieron con él aquella tarde y Ramón se encontraba perfectamente. O que ha sido un paro cardiaco por sobredosis cuando Ramón las únicas drogas que tomaba si acaso algunos porros de jachis. NUNCA DROGAS DURAS NI NINGÚN TIPO DE FÁRMACO ni tan siquiera una triste cerveza.
A Ramón le recogían los funcionarios del Centro los viernes en Conde Casal para llevarle hasta el Centro y a la inversa los domingos le acercaban desde Brea del Tajo a Conde Casal, como es su obligación porque está bajo su custodia. Pues otra de las cosas que se les ha “olvidado” contarles a la prensa es que el domingo de la semana anterior a su muerte se negaron a acercarle a Conde Casal y le dejaron tirado en la puerta del Centro sin dinero ni posibilidad de hacer una llamada para que su familia fuera a buscarle. El chico anduvo durante una hora y media hasta llegar al siguiente pueblo y de no ser por un buen hombre que le dejó llamar por teléfono no sabríamos como habría podido volver.
Todo esto lo interpretamos como una venganza de los funcionarios del centro hacía Ramón ya que tuvo problemas con ellos porque le pillaron cometiendo el gran delito de fumarse un cigarrillo.
De hecho el mismo fin de semana de su fallecimiento también se negaron a venir a buscarle y por eso tuvo que acercarle la familia hasta allí. Otra cosa que tampoco cuentan es que al llegar allí uno de los carceleros del centro le dijo: “AHORA SI QUE VAS A SABER COMO SE TRATA A LOS PERROS”.
Nosotros por nuestra parte no hacemos más que preguntarnos ¿Cómo es posible que un joven de 18 años se encuentre un día completamente sano y al día siguiente BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO INTERNAMIENTO nos lo devuelvan sin vida?
EXIGIMOS JUSTICIA para nuestro amigo y no vamos a parar hasta que sepamos la verdad.
NO MAS JOVENES TORTURADOS NI MUERTOS EN CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA MENORES!!!!!!!
RAMÓN NI OLVIDO NI PERDÓN!
¡Justicia para Ramón! ¡No más muertes en Centros de Menores!
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Campaña de boicot a Triodos Bank: "Un banco nada ético con la infancia"
Desde hace algún tiempo, Triodos Bank se presenta ante los consumidores como una alternativa financiera “ética” y responsable, que destina sus fondos a proyectos sostenibles y respetuosos.(...) Este banco financia a la Fundación Internacional O´Belén, la entidad que más denuncias por maltrato infantil acumula en España, bajo cuya custodia se han quitado la vida al menos tres niños entre 2007 y 2011. A cambio, O´Belén mantiene un depósito en Triodos Bank de 441.320 euros y probablemente también varios activos inmobiliarios.
Boicot a Triodos: Un banco nada ético con la infancia
La Fundación O´Belén es una organización supuestamente “sin ánimo de lucro” creada a finales de los 90 por un grupo de políticos y empresarios que pretendían aprovechar la privatización de los servicios sociales que comenzaba en aquel momento. Puedes leer la historia de este entramado aquí. Las prácticas inhumanas y degradantes que se emplean en los centros de menores de O´Belén han saltado a la luz pública en numerosas ocasiones, en especial a raíz de un informe presentado en el Defensor del Pueblo en el año 2009 en el que se calificaban algunas de las celdas de castigo empleadas con los niños como “mediavales” y se ponían sobre la mesa actos de violencia física, medicación forzosa e incluso nuevos intentos de suicidio que se sumaban a las muertes ya conocidas. Posteriormente, Amnistía Internacional hacía público el informe “Si vuelvo, me mato” en el que se documentaban testimonios de maltrato infantil y violaciones de los derechos humanos cometidas también en centros del entramado O´Belén. A raíz de todas estas informaciones, varias comunidades autónomas cancelaron sus contratos con O´Belén, que tuvo que cerrar tres de sus centros, perdió un terreno que se le iba a ceder en la Región de Murcia y dejó de recibir apoyo económico de IberCaja. Sin embargo, la entidad continúa funcionando porque nuevos políticos le adjudican contratos y entidades financieras con menos escrúpulos que IberCaja le prestan apoyo. Si eres cliente de Triodos, te pedimos que no formes parte de esos apoyos.
Més info: http://centrosdemenores.com/?Campana-de-boicot-a-Triodos-Bank
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Boicot a Triodos: Un banco nada ético con la infancia
La Fundación O´Belén es una organización supuestamente “sin ánimo de lucro” creada a finales de los 90 por un grupo de políticos y empresarios que pretendían aprovechar la privatización de los servicios sociales que comenzaba en aquel momento. Puedes leer la historia de este entramado aquí. Las prácticas inhumanas y degradantes que se emplean en los centros de menores de O´Belén han saltado a la luz pública en numerosas ocasiones, en especial a raíz de un informe presentado en el Defensor del Pueblo en el año 2009 en el que se calificaban algunas de las celdas de castigo empleadas con los niños como “mediavales” y se ponían sobre la mesa actos de violencia física, medicación forzosa e incluso nuevos intentos de suicidio que se sumaban a las muertes ya conocidas. Posteriormente, Amnistía Internacional hacía público el informe “Si vuelvo, me mato” en el que se documentaban testimonios de maltrato infantil y violaciones de los derechos humanos cometidas también en centros del entramado O´Belén. A raíz de todas estas informaciones, varias comunidades autónomas cancelaron sus contratos con O´Belén, que tuvo que cerrar tres de sus centros, perdió un terreno que se le iba a ceder en la Región de Murcia y dejó de recibir apoyo económico de IberCaja. Sin embargo, la entidad continúa funcionando porque nuevos políticos le adjudican contratos y entidades financieras con menos escrúpulos que IberCaja le prestan apoyo. Si eres cliente de Triodos, te pedimos que no formes parte de esos apoyos.
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La realidat dels Centres de Menors
Últimes notícies que ens mostren la realitat del que s'amaga darrere dels murs...
-Separan por la fuerza a una adolescente que quedó embarazada de un vigilante de seguridad de la Comunidad de Madrid y a su bebé de 11 meses. Laura es una adolescente a la que la Comunidad de Madrid acogió cuando tenía 14 años. Varios meses después quedaba embarazada, presuntamente de uno de los guardas que vigilaban la Residencia Infantil “Las Acacias”. Més info.
-Encuentran muerto a un adolescente de 15 años en un centro de menores de Canarias
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-Un niño de Picón hospitalizado tras ahorcarse por segunda vez.
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[Alicante] Desconvocada la concentración contra el concierto en beneficio de O'Belen
Última hora: Nos hemos enterado que finalmente se ha desestimado el proyecto del concierto benéfico para o´belen. Se ha cambiado el beneficiario del mismo a la asociacion de enfermos de alzehimer de alicante. No sabemos muy bien el motivo pero parece cierto ya que han públicado carteles y trípticos nuevos donde aparece esta asociación como beneficiaria.
Extraido de la web de l'Escletxa Leer más...
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[Alacant] 27 N- Concentració en repulsa amb el concert solidari de O'Belen
El concert està patrocinat per la" Caja de ahorros del Mediterranio, (CAM)" i es celebrarà el dissabte 27 de Novembre en l'aula de "cultura" d'aquesta mateixa entitat bancaria. S'ha preparat una movilització per a l mateix dia, a les 18h. en el mateix lloc.
Ni un suspir als maltractadors i a aquells que els financen!
Per a qui no sàpiga qué és O'Belen, és una de les empreses disfressades de ONG's que gestionen centres de menors tancats. Els adolescents són una bona font de negoci ja que, la comunitat entrega 3.800 euros mensuals per cada plaza. A més a més, tenen financiació externa que procedeix rebent els contractes per a construir els seus centres de menors o com en aquest cas caixes d'estalvis, com la CAM , que amb la seua demagògica "obra social" ajuda a finançar a aquest grup de malparits i que sense oblidarnos dels artistes de torn, com en aquest cas en la "societat musical l'Harmonia" que sense cap tipus d'escrúpuls participen activament en aquests actes.
La fundació O'Belen porta a les seues esquenes la mort de 3 menors sota la seua custodia; Hamid A., que aparegué mort en l'interior de Picón de Jarama en Madrid. Abans havia mort Davis, de 12 anys, en Elx i mesos després morirà Saray, de 14 anys, camí al centre "Casa Joven".
Amb les movilitzacions de la gent s'ha aconseguit clausurar tres centres de O'Belen, i s'ha forçat la dimisió del seu antic president Emilio Pinto, encara que hi ha empreses que han deixat de patrocinar, van a segui havent altres que ho fagen, es van a seguir finançant aquestes institucions, als xavals se'ls segueix i se'ls seguirà medicant i maltractant (partint de la base de que al tancar a una persona entre uns murs se li està ja maltractant).
La fundació O'Belen porta a les seues esquenes la mort de 3 menors sota la seua custodia; Hamid A., que aparegué mort en l'interior de Picón de Jarama en Madrid. Abans havia mort Davis, de 12 anys, en Elx i mesos després morirà Saray, de 14 anys, camí al centre "Casa Joven".
Amb les movilitzacions de la gent s'ha aconseguit clausurar tres centres de O'Belen, i s'ha forçat la dimisió del seu antic president Emilio Pinto, encara que hi ha empreses que han deixat de patrocinar, van a segui havent altres que ho fagen, es van a seguir finançant aquestes institucions, als xavals se'ls segueix i se'ls seguirà medicant i maltractant (partint de la base de que al tancar a una persona entre uns murs se li està ja maltractant).
Un joven se fuga del centro de menores de Picassent saltando la valla metálica
Se trata de la primera escapada que registra el recinto desde su inauguración hace año y medio
Un joven de 20 años que cumplía una condena de varios años de internamiento se fugó el lunes por la mañana del centro de menores de Picassent saltando una valla y huyendo a través de otra que unos cómplices habían cortado con una cizalla. Se trata de la primera fuga que se registra en el centro de reeducación Jaume I, dependiente de la Conselleria de Justicia, desde su inauguración, en octubre de 2008.
Según explicaron a Levante-EMV fuentes de toda solvencia, la huida se produjo en torno a las ocho y media de la mañana de ayer, pero no fue advertida hasta más tarde. El chico, que ingresó a los 16 años y a quien aún le faltaban al menos dos años para saldar su deuda judicial, estaba en el patio ya que desde hacía un tiempo tenía un contrato de trabajo a través del Servef.
El interno, natural de Valencia, aprovechó el momento en que los cuidadores acuden a abrir la puerta principal, ya que es la hora de entrada al trabajo de los educadores del centro. Según la reconstrucción de los hechos, el joven utilizó un palé de madera que apostó contra la primera valla, lo que le ayudó a escalarla y saltar al pasillo exterior.
Una vez allí, se coló por un agujero abierto en la valla exterior por al menos dos cómplices que le ayudaron y que habían cortado las varillas metálicas con la ayuda de una cizalla. Después, huyeron los tres juntos. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación después de que responsables del centro denunciasen la escapada, sospecha que contaban con un vehículo estacionado en las inmediaciones, lo que les habría procurado una rápida huida.
El fugado había ingresado inicialmente para cumplir una pena de dos años de internamiento y, tras una breve salida, fue condenado de nuevo. Desde entonces, no había vuelto a salir.
La ley permite que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad -18 años- continúen cumpliendo las penas de internamiento que les han sido impuestas como menores en un centro para tales hasta los 23 años, lo que explica que el fugitivo permaneciese en el Jaume I pese a tener 2o.
La fuga ha sido puesta en conocimiento de todas las fuerzas de seguridad para que traten de localizar y detener al interno huido.
Levante-emv
Ánimo!!!
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Un joven de 20 años que cumplía una condena de varios años de internamiento se fugó el lunes por la mañana del centro de menores de Picassent saltando una valla y huyendo a través de otra que unos cómplices habían cortado con una cizalla. Se trata de la primera fuga que se registra en el centro de reeducación Jaume I, dependiente de la Conselleria de Justicia, desde su inauguración, en octubre de 2008.
Según explicaron a Levante-EMV fuentes de toda solvencia, la huida se produjo en torno a las ocho y media de la mañana de ayer, pero no fue advertida hasta más tarde. El chico, que ingresó a los 16 años y a quien aún le faltaban al menos dos años para saldar su deuda judicial, estaba en el patio ya que desde hacía un tiempo tenía un contrato de trabajo a través del Servef.
El interno, natural de Valencia, aprovechó el momento en que los cuidadores acuden a abrir la puerta principal, ya que es la hora de entrada al trabajo de los educadores del centro. Según la reconstrucción de los hechos, el joven utilizó un palé de madera que apostó contra la primera valla, lo que le ayudó a escalarla y saltar al pasillo exterior.
Una vez allí, se coló por un agujero abierto en la valla exterior por al menos dos cómplices que le ayudaron y que habían cortado las varillas metálicas con la ayuda de una cizalla. Después, huyeron los tres juntos. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación después de que responsables del centro denunciasen la escapada, sospecha que contaban con un vehículo estacionado en las inmediaciones, lo que les habría procurado una rápida huida.
El fugado había ingresado inicialmente para cumplir una pena de dos años de internamiento y, tras una breve salida, fue condenado de nuevo. Desde entonces, no había vuelto a salir.
La ley permite que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad -18 años- continúen cumpliendo las penas de internamiento que les han sido impuestas como menores en un centro para tales hasta los 23 años, lo que explica que el fugitivo permaneciese en el Jaume I pese a tener 2o.
La fuga ha sido puesta en conocimiento de todas las fuerzas de seguridad para que traten de localizar y detener al interno huido.
Levante-emv
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Apoya económicamente la lucha contra la tortura en centros de menores
Se necesita apoyo económico urgente para continuar cubriendo los procesos judiciales de los chavales que han denunciado malos tratos, así como para financiar el material de nuevas campañas.
Se ha abierto una cuenta para quienes quieran hacer alguna aportación solidaria. Los datos son: Cuenta número 0049-6720 -19-2195084217. Banco Santander. Si haces el ingreso en una sucursal, puedes asegurarte de que has apuntado bien el número comprobando que la cuenta está a nombre de Miguel Ángel.
El dinero recaudado irá destinado única y exclusivamente a pagar gastos jurídicos y, en caso de recaudar más de lo necesario, material impreso de difusión sobre lo que está ocurriendo en los centros de menores. Si quieres conocer el destino concreto de alguna aportación, puedes escribirnos a través de la sección de contacto, y si sólo quieres que se utilice para uno de los dos fines, háznoslo saber también.
¡Cualquier aportación es necesaria!
Cuenta de apoyo: 0049-6720 -19-2195084217 (BANCO SANTANDER).
www.centrosdemenores.com Leer más...
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Nuevas denuncias contra otro centro de menores
En pleno debate sobre el endurecimiento de penas a menores, se suceden las denuncias de malos tratos a las entidades gestoras de centros terapéuticos y de reforma
“Para los educadores somos como una lata de atún: nos vacían, nos llenan de lo que quieren y nos sueltan”. Quien dice esto es Keko, una chica que ha pasado por dos centros de reforma de la Comunidad de Madrid un chalé llamado Puerta Bonita, que gestiona la empresa Siglo XXI, y el Madroño, de titularidad pública. Acompaña a tres menores en unas jornadas sobre privación de libertad convocadas por la Federación de Estudiantes Libertarios en la Universidad Autónoma de Madrid. Keko estuvo encerrada a raíz de una pelea entre dos grupos de adolescentes en la que uno resultó apuñalado. Todo su grupo fue condenado por el mismo hecho (según la ley del menor existen “delitos en grupo”), pero las medidas impuestas fueron completamente distintas para cada uno de los chavales.
Fármacos como regalices
Juan Carlos, Cristian y Álvaro pasaron uno, dos y tres años respectivamente en el centro terapéutico de Galapagar (Madrid). La denuncia, de algunas de las víctimas, de los métodos del centro en los juzgados de Plaza de Castilla, ha sido trasladada a una sala de Collado Villalba en la que se investigará la responsabilidad de Ignacio Jiménez San Segundo, director de la empresa Mental Consulting S.L., que gestiona el centro de Galapagar, y de su directora, Elena Domingo Moneo. Juan Carlos relata cómo le suministraban fármacos aunque entró allí sin ningún diagnóstico médico.
Cuenta que los educadores les obligaban a bajar al patio y les duchaban con agua fría, o cómo les obligaban a ir al patio en invierno y no les dejaban salir. Comenta Santiago, el educador que les acompaña a las charlas y que les ha ayudado a denunciar su caso, que el uso de las palabras es fundamental para entender cómo funcionan los centros de menores. Cuando Juan Carlos habla de “contenciones” se refiere a que los educadores del centro “te estampan contra una pared, te tiran al suelo, te retuercen el brazo y te clavan la rodilla en la espalda”, para “tranquilizarles”. A las contenciones les seguía el aislamiento en la habitación. Allí podían estar hasta 48 horas seguidas sin salir más que para ir al baño, algunas noches atados a una cama con correas. Si se le pregunta si alguien del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), responsable de su tutela, conocía la situación, Álvaro cuenta que algunas veces visitaban el centro, siempre con previo aviso, y que entonces los empleados de Galapagar tapaban con una sábana la cama en la que los engrilletaban.
Aunque se trate de un centro de régimen abierto, el aislamiento acarrea que los menores no acudan al instituto. Algo ilegal que, sin embargo, es “método de castigo o recompensa” en estos centros, como denunció la oficina del Defensor del Pueblo en el informe sobre centros de menores que presentó en primavera de 2009 en el Senado. Los chavales se quejan de la vulneración sistemática de su derecho a la intimidad: “cualquier educador, el guardia de la finca, lo saben todo sobre tu vida. En las asambleas te hacen contar lo que has hecho el fin de semana y si se te escapa algo lo utilizan para dejarte sin permiso el fin de semana siguiente. Cuando hablas por teléfono te siguen para oír lo que dices y, si no les gusta, te dejan sin salir el fin de semana siguiente”, explica Álvaro, quien está a punto de cumplir 18 años.
Álvaro denuncia que en el centro repartían los psicofármacos “como si fueran regalices” y que era frecuente que los educadores “llamaran al dueño [Ignacio Jiménez San Segundo]” para que éste decidiera que a los chicos se les administrara Risperdal, un medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia. “Un compañero pidió que le dieran cuatro o cinco y se los tomó todos juntos para intentar suicidarse”, cuenta el joven, quien explica que, a pesar de que la sedación de los internos es una práctica constante, “en los informes personales nunca se hace ninguna referencia a ella”.
El IMMF, responsable de la tutela de estos menores, ha negado que en sus centros se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los internos. Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha criticado las prácticas de las empresas encargadas de la tutela de menores, considera que “hay contenido suficiente” para que se inicie una investigación sobre el centro de Galapagar.
Ilegalidades flagrantes
“Si estás aislada tienes que pedir permiso para ir al váter y se va de una en una. Si te meas te sancionan”, cuenta Keko, que pasó por los centros de Puerta Bonita y Madroño. “Había partes del reglamento que no supe que eran ilegales hasta que salí. Por ejemplo, no sabía que no tienen derecho a obligarte a desnudarte integralmente para los registros, no sabía que fuera ilegal que nos obligaran a hacer sentadillas desnudas”. Tampoco es legal que los registros en las celdas se produzcan sin que esté presente la menor, algo recurrente, según cuenta Keko, quien considera que la peor parte se la llevan las extranjeras, que no saben a qué atenerse porque no hay traducción del flexible régimen interno de los centros.
Fuente: Diagonal Leer más...
“Para los educadores somos como una lata de atún: nos vacían, nos llenan de lo que quieren y nos sueltan”. Quien dice esto es Keko, una chica que ha pasado por dos centros de reforma de la Comunidad de Madrid un chalé llamado Puerta Bonita, que gestiona la empresa Siglo XXI, y el Madroño, de titularidad pública. Acompaña a tres menores en unas jornadas sobre privación de libertad convocadas por la Federación de Estudiantes Libertarios en la Universidad Autónoma de Madrid. Keko estuvo encerrada a raíz de una pelea entre dos grupos de adolescentes en la que uno resultó apuñalado. Todo su grupo fue condenado por el mismo hecho (según la ley del menor existen “delitos en grupo”), pero las medidas impuestas fueron completamente distintas para cada uno de los chavales.
Fármacos como regalices
Juan Carlos, Cristian y Álvaro pasaron uno, dos y tres años respectivamente en el centro terapéutico de Galapagar (Madrid). La denuncia, de algunas de las víctimas, de los métodos del centro en los juzgados de Plaza de Castilla, ha sido trasladada a una sala de Collado Villalba en la que se investigará la responsabilidad de Ignacio Jiménez San Segundo, director de la empresa Mental Consulting S.L., que gestiona el centro de Galapagar, y de su directora, Elena Domingo Moneo. Juan Carlos relata cómo le suministraban fármacos aunque entró allí sin ningún diagnóstico médico.
Cuenta que los educadores les obligaban a bajar al patio y les duchaban con agua fría, o cómo les obligaban a ir al patio en invierno y no les dejaban salir. Comenta Santiago, el educador que les acompaña a las charlas y que les ha ayudado a denunciar su caso, que el uso de las palabras es fundamental para entender cómo funcionan los centros de menores. Cuando Juan Carlos habla de “contenciones” se refiere a que los educadores del centro “te estampan contra una pared, te tiran al suelo, te retuercen el brazo y te clavan la rodilla en la espalda”, para “tranquilizarles”. A las contenciones les seguía el aislamiento en la habitación. Allí podían estar hasta 48 horas seguidas sin salir más que para ir al baño, algunas noches atados a una cama con correas. Si se le pregunta si alguien del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), responsable de su tutela, conocía la situación, Álvaro cuenta que algunas veces visitaban el centro, siempre con previo aviso, y que entonces los empleados de Galapagar tapaban con una sábana la cama en la que los engrilletaban.
Aunque se trate de un centro de régimen abierto, el aislamiento acarrea que los menores no acudan al instituto. Algo ilegal que, sin embargo, es “método de castigo o recompensa” en estos centros, como denunció la oficina del Defensor del Pueblo en el informe sobre centros de menores que presentó en primavera de 2009 en el Senado. Los chavales se quejan de la vulneración sistemática de su derecho a la intimidad: “cualquier educador, el guardia de la finca, lo saben todo sobre tu vida. En las asambleas te hacen contar lo que has hecho el fin de semana y si se te escapa algo lo utilizan para dejarte sin permiso el fin de semana siguiente. Cuando hablas por teléfono te siguen para oír lo que dices y, si no les gusta, te dejan sin salir el fin de semana siguiente”, explica Álvaro, quien está a punto de cumplir 18 años.
Álvaro denuncia que en el centro repartían los psicofármacos “como si fueran regalices” y que era frecuente que los educadores “llamaran al dueño [Ignacio Jiménez San Segundo]” para que éste decidiera que a los chicos se les administrara Risperdal, un medicamento para el tratamiento de la esquizofrenia. “Un compañero pidió que le dieran cuatro o cinco y se los tomó todos juntos para intentar suicidarse”, cuenta el joven, quien explica que, a pesar de que la sedación de los internos es una práctica constante, “en los informes personales nunca se hace ninguna referencia a ella”.
El IMMF, responsable de la tutela de estos menores, ha negado que en sus centros se hayan vulnerado los derechos fundamentales de los internos. Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha criticado las prácticas de las empresas encargadas de la tutela de menores, considera que “hay contenido suficiente” para que se inicie una investigación sobre el centro de Galapagar.
Ilegalidades flagrantes
“Si estás aislada tienes que pedir permiso para ir al váter y se va de una en una. Si te meas te sancionan”, cuenta Keko, que pasó por los centros de Puerta Bonita y Madroño. “Había partes del reglamento que no supe que eran ilegales hasta que salí. Por ejemplo, no sabía que no tienen derecho a obligarte a desnudarte integralmente para los registros, no sabía que fuera ilegal que nos obligaran a hacer sentadillas desnudas”. Tampoco es legal que los registros en las celdas se produzcan sin que esté presente la menor, algo recurrente, según cuenta Keko, quien considera que la peor parte se la llevan las extranjeras, que no saben a qué atenerse porque no hay traducción del flexible régimen interno de los centros.
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Concert i presentació del cómic "Evitar no es tragar"
Dijous 27 de maig, a les 22:00h, a la Sala Matisse (carrer Campoamor 60, El Cedro).
En concert: ULL D' TRO + NANAI.
Presentació del cómic "Evitar no es tragar".
Organitza: Colla Xicalla, colectivo de denuncia y apoyo a menores. Leer más...
Miguel, muerto a los 17 años en el centro Illundain Haritz Berri: un año de impunidad
El próximo jueves 25 de marzo se cumple un año de la muerte de Miguel, conocido por sus amigos como Txapelo, en el centro Illundaín Hariz Berri. Miguel apareció muerto estando en aislamiento, castigo prohibido por la Naciones Unidas en la resolución 45/113 para su uso con menores. Además, estaba siendo sometido a medicación forzosa y según reconoce el propio atestado policial, carecía de diagnóstico.
Según indica también el atestado policial, Miguel había anunciado previamente su intención de quitarse la vida, ya que los "educadores" de Illundáin Haritz-Berri le habían castigado a pasar 7 días en aislamiento a causa de su comportamiento rebelde. A pesar de su anuncio, Miguel fue encerrado dejandole sin ningún objeto de entretenimiento pero sí con un cinturón de cuero que presuntamente empleó para quitarse la vida.
La muerte de Miguel no sólo sigue completamente impune, sino que el Gobierno de Navarra ha entregado recientemente 1,2 millones de euros a la entidad "sin ánimo de lucro" para seguir enriqueciendo a sus promotores. Puedes leer la noticia de esta jugosa subvención aquí.
Por último los responsables de Illundáin insultan la memoria de Miguel convocando para el aniversario de su muerte un seminario en la Universidad Pública de Navarra titulado Adolescentes en conflicto, una nueva oportunidad para todos. Puedes ver la convocatoria aquí.
Acabemos con la impunidad. Acabemos con el negocio del maltrato.
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Según indica también el atestado policial, Miguel había anunciado previamente su intención de quitarse la vida, ya que los "educadores" de Illundáin Haritz-Berri le habían castigado a pasar 7 días en aislamiento a causa de su comportamiento rebelde. A pesar de su anuncio, Miguel fue encerrado dejandole sin ningún objeto de entretenimiento pero sí con un cinturón de cuero que presuntamente empleó para quitarse la vida.
La muerte de Miguel no sólo sigue completamente impune, sino que el Gobierno de Navarra ha entregado recientemente 1,2 millones de euros a la entidad "sin ánimo de lucro" para seguir enriqueciendo a sus promotores. Puedes leer la noticia de esta jugosa subvención aquí.
Por último los responsables de Illundáin insultan la memoria de Miguel convocando para el aniversario de su muerte un seminario en la Universidad Pública de Navarra titulado Adolescentes en conflicto, una nueva oportunidad para todos. Puedes ver la convocatoria aquí.
Acabemos con la impunidad. Acabemos con el negocio del maltrato.
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Centros de acogida con régimen semicarcelario: el caso de "O´Belén"
Menores y familias sufren los abusos de la Administración
Pese a las denuncias de las familias, se siguen produciendo casos en que la Administración retira la tutela de un menor a sus padres sin razones o causas objetivas. Tras estas actuaciones se vislumbran los intereses económicos de unos centros de menores gestionados por entidades privadas. Entre ellos destaca, por su régimen semicarcelario, el centro Valle de Cayón, de la Fundación O’Belén.
“Mi único objetivo era curar a mi hijo y desconocía las características del lugar donde sería internado. Me informaron de que iba a ser ingresado en un centro psicoterapéutico adecuado para la atención de menores, pero era mentira”. Así se expresa MC, madre que ingresó voluntariamente a su hijo en el centro Valle de Cayón.
Según el informe elaborado en junio de 2009 por el Observatorio de Infancia –órgano técnico dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria y de la Fundación para la Salud y el Bienestar Social–, existen en Cantabria cerca de 200 menores en acogimiento residencial, guardados o tutelados por la Administración, dentro del sistema de protección.
En el informe citado se analizan los factores que se correlacionan con la desprotección de los menores. Es significativo el elevado número de padres separados y, sobre todo, la precariedad de su situación laboral y económica, pues muchos de ellos no tienen trabajo remunerado. Sin embargo, la Administración no ha puesto en marcha procedimientos y ayudas encaminados a tratar y paliar las causas más objetivas o materiales de las situaciones de desamparo de los menores. Como señalan muchos de los profesionales que trabajan en este campo, si el dinero que se gasta en los centros de menores se invirtiera en trabajar con las familias y en ayudarlas de forma eficaz, es probable que una gran cantidad de situaciones de desamparo familiar nunca llegarían a producirse. Pero es obvio que esto perjudicaría los intereses económicos de la red privada de centros de menores.
En la actualidad hay 22 centros de acogimiento residencial que, a excepción del Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) del Gobierno de Cantabria –con 25 plazas–, son gestionados por nueve entidades privadas. Cinco de ellas se reparten la mayor parte de las plazas adjudicadas por los Servicios Sociales: la Fundación Cruz de los Ángeles, la asociación Nueva Vida, la asociación CUIN, la Fundación O’Belén y la asociación Nuevo Futuro. Además, existen en Cantabria entre treinta y cuarenta plazas en centros especializados –también de titularidad o gestión privada– para menores infractores o que han cometido delitos. El presupuesto para todos estos centros, en 2010, alcanza los 4.991.886 euros, cantidad que contrasta con las precarias condiciones laborales de los trabajadores, ’mileuristas’ en su mayoría.
Las denuncias contra O’Belén y el cierre de varios de sus centros no impidieron a los Servicios Sociales inaugurar, en febrero de 2009, un centro de esta Fundación en Argomilla de Cayón. El centro Valle de Cayón está destinado a acoger a menores en desamparo –no es un reformatorio–, pero allí se encuentran también internos ingresados por tráfico de drogas, robos e incluso por agresiones con arma blanca. De hecho, el régimen disciplinario responde más al indicado por la ley para los casos de reforma y las sanciones a faltas muy graves.
Retención de un menor
El caso de MC, una madre que ingresó allí a su hijo voluntariamente en 2009, da buena idea del funcionamiento del centro. MC acudió a los Servicios Sociales para solicitar ayuda, ya que su hijo se negaba a salir de casa y a asistir al colegio, y su relación con ella era problemática. Siguiendo los consejos de los responsables del servicio, lo internó en el centro Valle de Cayón.
Nada más llegar, el chaval fue recluido durante quince días en el módulo de aislamiento, una habitación con rejas con una cama incrustada en el suelo y una mesilla por todo mobiliario, sin siquiera un espejo –que le fue concedido quince días después de solicitarlo–. Durante el aislamiento no se le permitieron llamadas ni visitas de la familia. Después, las conversaciones telefónicas diarias entre madre e hijo fueron sistemáticamente escuchadas por los responsables del centro. A la tercera semana se le permitieron las visitas: una hora, un día a la semana. A los dos meses, una salida semanal de dos horas en compañía de su madre. A los tres meses, se le permitió comer en el domicilio familiar un día a la semana y, poco más tarde, se le empezaron a autorizar salidas de dos días a la semana para pernoctar en su domicilio. Este régimen se aplicó a un menor que no había cometido delito alguno. “Si lo hubiera sabido entonces, nunca habría permitido su internamiento”, precisa la madre.
Más allá del régimen disciplinario o punitivo del centro, llama también la atención la falta de terapias efectivas para tratar los trastornos psicológicos de los internos. En el centro sólo existe una psicóloga, cuya ocupación consiste en escucharlos durante cuarenta minutos semanales. También disponen de una psiquiatra que no está en plantilla –a pesar de que en las memorias aparece como si lo estuviera– y que se limita a supervisar esporádicamente la medicación de los menores. Por otro lado, es común el tratamiento de los menores sin diagnóstico previo, requisito exigible en cualquier intervención psicológica o psiquiátrica.
El funcionamiento del SAIAF
El Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia (SAIAF), dirigido por Francisco Javier Dávila, es el organismo del Gobierno de Cantabria responsable de velar por el bienestar del menor y de su familia. Sin embargo, su actuación en casos como éste revela un mayor celo en favorecer y proteger los intereses de los centros que los de los menores internados en ellos.
MC cedió temporalmente la custodia de su hijo por indicación de este organismo. A continuación, el SAIAF solicitó al Juzgado autorización para el internamiento del menor sin informar a la madre de las implicaciones del auto. Al parecer, la solicitud de autorización judicial es el procedimiento habitual para el ingreso de los menores en centros ’terapéuticos’, como confirma el Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009. Pero ¿para qué la intervención judicial cuando la cesión de la custodia es voluntaria? La explicación se encuentra en la Ley de protección de la Infancia y la Adolescencia de Cantabria, que determina que “la guarda asumida mediante solicitud de los padres cesará a petición de los mismos”, cosa que no sucede cuando el internamiento se realiza por auto judicial. En tal caso, los padres ya no pueden recuperar la custodia de forma inmediata si así lo requieren, sino que tendrán que hacerlo por mediación del juez. Esto permite al SAIAF mantener la custodia de los menores incluso contra la voluntad de los padres. De hecho, cuando en noviembre de 2009 la madre quiso recuperar la guarda del menor, la Administración asumió la tutela por el procedimiento de urgencia –que no requiere justificación inmediata– y lo declaró en desamparo, prohibiéndole además visitas y salidas. Ni siquiera en Navidad se las permitieron, a pesar de los requerimientos de la madre, y sólo en enero le autorizaron a salir del centro, con la prohibición expresa de ponerse en contacto con su familia.
A finales del mes, el menor presentó denuncia contra los cuidadores por un incidente que tuvo lugar durante el registro de su habitación. Con la ayuda de su familia, el menor presentó una denuncia en el juzgado de guardia, lo que dio lugar a un auto judicial que dejaba en suspenso su obligación de retornar al centro. Ante la denuncia, el centro, en lugar de iniciar un procedimiento para investigar y aclarar lo sucedido, incoó un expediente contra el menor y lo sancionó. Por su parte, el SAIAF –en teoría la entidad que tutela y protege al chaval – tampoco inició investigación alguna y apoyó sin más la actuación del centro.
En todo este proceso, y desde el momento en que cedió la custodia, la madre se ha visto relegada a un papel secundario e irrelevante, aun cuando no se le ha declarado ninguna incapacidad y se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades mentales. MC está indignada con la actuación de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y advierte: “Que no se le ocurra a nadie acudir a ellos sin estar previamente asesorados sobre los pasos que van a dar, a no ser que quieran perder a sus hijos y destrozar sus familias y sus vidas”.
Un rosario de denuncias
Los centros de la Fundación O´Belén, han sido denunciados por aplicar métodos como la medicación forzosa, el uso abusivo del aislamiento, la violación del derecho a la intimidad, tratos vejatorios o la violencia física contra los internos. El informe de Amnistía Internacional de 2009 menciona casos de menores que han permanecido atados a una silla durante dos o tres días seguidos o, más frecuentemente, que han quedado sin apenas visión ni habla tras administrárseles pastillas. Todas estas denuncias provocaron la clausura de tres de sus centros, en Guadalajara, Cuenca y Madrid.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/cantabria/spip.php?article375
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Pese a las denuncias de las familias, se siguen produciendo casos en que la Administración retira la tutela de un menor a sus padres sin razones o causas objetivas. Tras estas actuaciones se vislumbran los intereses económicos de unos centros de menores gestionados por entidades privadas. Entre ellos destaca, por su régimen semicarcelario, el centro Valle de Cayón, de la Fundación O’Belén.
“Mi único objetivo era curar a mi hijo y desconocía las características del lugar donde sería internado. Me informaron de que iba a ser ingresado en un centro psicoterapéutico adecuado para la atención de menores, pero era mentira”. Así se expresa MC, madre que ingresó voluntariamente a su hijo en el centro Valle de Cayón.
Según el informe elaborado en junio de 2009 por el Observatorio de Infancia –órgano técnico dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria y de la Fundación para la Salud y el Bienestar Social–, existen en Cantabria cerca de 200 menores en acogimiento residencial, guardados o tutelados por la Administración, dentro del sistema de protección.
En el informe citado se analizan los factores que se correlacionan con la desprotección de los menores. Es significativo el elevado número de padres separados y, sobre todo, la precariedad de su situación laboral y económica, pues muchos de ellos no tienen trabajo remunerado. Sin embargo, la Administración no ha puesto en marcha procedimientos y ayudas encaminados a tratar y paliar las causas más objetivas o materiales de las situaciones de desamparo de los menores. Como señalan muchos de los profesionales que trabajan en este campo, si el dinero que se gasta en los centros de menores se invirtiera en trabajar con las familias y en ayudarlas de forma eficaz, es probable que una gran cantidad de situaciones de desamparo familiar nunca llegarían a producirse. Pero es obvio que esto perjudicaría los intereses económicos de la red privada de centros de menores.
En la actualidad hay 22 centros de acogimiento residencial que, a excepción del Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) del Gobierno de Cantabria –con 25 plazas–, son gestionados por nueve entidades privadas. Cinco de ellas se reparten la mayor parte de las plazas adjudicadas por los Servicios Sociales: la Fundación Cruz de los Ángeles, la asociación Nueva Vida, la asociación CUIN, la Fundación O’Belén y la asociación Nuevo Futuro. Además, existen en Cantabria entre treinta y cuarenta plazas en centros especializados –también de titularidad o gestión privada– para menores infractores o que han cometido delitos. El presupuesto para todos estos centros, en 2010, alcanza los 4.991.886 euros, cantidad que contrasta con las precarias condiciones laborales de los trabajadores, ’mileuristas’ en su mayoría.
Las denuncias contra O’Belén y el cierre de varios de sus centros no impidieron a los Servicios Sociales inaugurar, en febrero de 2009, un centro de esta Fundación en Argomilla de Cayón. El centro Valle de Cayón está destinado a acoger a menores en desamparo –no es un reformatorio–, pero allí se encuentran también internos ingresados por tráfico de drogas, robos e incluso por agresiones con arma blanca. De hecho, el régimen disciplinario responde más al indicado por la ley para los casos de reforma y las sanciones a faltas muy graves.
Retención de un menor
El caso de MC, una madre que ingresó allí a su hijo voluntariamente en 2009, da buena idea del funcionamiento del centro. MC acudió a los Servicios Sociales para solicitar ayuda, ya que su hijo se negaba a salir de casa y a asistir al colegio, y su relación con ella era problemática. Siguiendo los consejos de los responsables del servicio, lo internó en el centro Valle de Cayón.
Nada más llegar, el chaval fue recluido durante quince días en el módulo de aislamiento, una habitación con rejas con una cama incrustada en el suelo y una mesilla por todo mobiliario, sin siquiera un espejo –que le fue concedido quince días después de solicitarlo–. Durante el aislamiento no se le permitieron llamadas ni visitas de la familia. Después, las conversaciones telefónicas diarias entre madre e hijo fueron sistemáticamente escuchadas por los responsables del centro. A la tercera semana se le permitieron las visitas: una hora, un día a la semana. A los dos meses, una salida semanal de dos horas en compañía de su madre. A los tres meses, se le permitió comer en el domicilio familiar un día a la semana y, poco más tarde, se le empezaron a autorizar salidas de dos días a la semana para pernoctar en su domicilio. Este régimen se aplicó a un menor que no había cometido delito alguno. “Si lo hubiera sabido entonces, nunca habría permitido su internamiento”, precisa la madre.
Más allá del régimen disciplinario o punitivo del centro, llama también la atención la falta de terapias efectivas para tratar los trastornos psicológicos de los internos. En el centro sólo existe una psicóloga, cuya ocupación consiste en escucharlos durante cuarenta minutos semanales. También disponen de una psiquiatra que no está en plantilla –a pesar de que en las memorias aparece como si lo estuviera– y que se limita a supervisar esporádicamente la medicación de los menores. Por otro lado, es común el tratamiento de los menores sin diagnóstico previo, requisito exigible en cualquier intervención psicológica o psiquiátrica.
El funcionamiento del SAIAF
El Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia (SAIAF), dirigido por Francisco Javier Dávila, es el organismo del Gobierno de Cantabria responsable de velar por el bienestar del menor y de su familia. Sin embargo, su actuación en casos como éste revela un mayor celo en favorecer y proteger los intereses de los centros que los de los menores internados en ellos.
MC cedió temporalmente la custodia de su hijo por indicación de este organismo. A continuación, el SAIAF solicitó al Juzgado autorización para el internamiento del menor sin informar a la madre de las implicaciones del auto. Al parecer, la solicitud de autorización judicial es el procedimiento habitual para el ingreso de los menores en centros ’terapéuticos’, como confirma el Informe del Defensor del Pueblo de febrero de 2009. Pero ¿para qué la intervención judicial cuando la cesión de la custodia es voluntaria? La explicación se encuentra en la Ley de protección de la Infancia y la Adolescencia de Cantabria, que determina que “la guarda asumida mediante solicitud de los padres cesará a petición de los mismos”, cosa que no sucede cuando el internamiento se realiza por auto judicial. En tal caso, los padres ya no pueden recuperar la custodia de forma inmediata si así lo requieren, sino que tendrán que hacerlo por mediación del juez. Esto permite al SAIAF mantener la custodia de los menores incluso contra la voluntad de los padres. De hecho, cuando en noviembre de 2009 la madre quiso recuperar la guarda del menor, la Administración asumió la tutela por el procedimiento de urgencia –que no requiere justificación inmediata– y lo declaró en desamparo, prohibiéndole además visitas y salidas. Ni siquiera en Navidad se las permitieron, a pesar de los requerimientos de la madre, y sólo en enero le autorizaron a salir del centro, con la prohibición expresa de ponerse en contacto con su familia.
A finales del mes, el menor presentó denuncia contra los cuidadores por un incidente que tuvo lugar durante el registro de su habitación. Con la ayuda de su familia, el menor presentó una denuncia en el juzgado de guardia, lo que dio lugar a un auto judicial que dejaba en suspenso su obligación de retornar al centro. Ante la denuncia, el centro, en lugar de iniciar un procedimiento para investigar y aclarar lo sucedido, incoó un expediente contra el menor y lo sancionó. Por su parte, el SAIAF –en teoría la entidad que tutela y protege al chaval – tampoco inició investigación alguna y apoyó sin más la actuación del centro.
En todo este proceso, y desde el momento en que cedió la custodia, la madre se ha visto relegada a un papel secundario e irrelevante, aun cuando no se le ha declarado ninguna incapacidad y se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades mentales. MC está indignada con la actuación de los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria y advierte: “Que no se le ocurra a nadie acudir a ellos sin estar previamente asesorados sobre los pasos que van a dar, a no ser que quieran perder a sus hijos y destrozar sus familias y sus vidas”.
Un rosario de denuncias
Los centros de la Fundación O´Belén, han sido denunciados por aplicar métodos como la medicación forzosa, el uso abusivo del aislamiento, la violación del derecho a la intimidad, tratos vejatorios o la violencia física contra los internos. El informe de Amnistía Internacional de 2009 menciona casos de menores que han permanecido atados a una silla durante dos o tres días seguidos o, más frecuentemente, que han quedado sin apenas visión ni habla tras administrárseles pastillas. Todas estas denuncias provocaron la clausura de tres de sus centros, en Guadalajara, Cuenca y Madrid.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/cantabria/spip.php?article375
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Motín en el centro de menores de Elgeta (Euskadi)
Seis chavales han sido detenidos y 3 "educadores" han resultado heridos tras un motín en el centro de acogida para chavales inmigrantes de Elgeta.
Este centro sustituye al de Deba, cerrado tras múltiples denuncias de torturas y abusos. Pese a que se trata de menores inmigrantes que no cumplen ningún tipo de condena, se ven sometidos a un régimen carcelario por parte del gobierno vasco.
¡Solidaridad!
http://www.europapress.es/nacional/noticia-detenidos-seis-menores-heridos-tres-cuidadores-disturbios-centro-acogida-elgeta-guipuzcoa-20100312104708.htm
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Este centro sustituye al de Deba, cerrado tras múltiples denuncias de torturas y abusos. Pese a que se trata de menores inmigrantes que no cumplen ningún tipo de condena, se ven sometidos a un régimen carcelario por parte del gobierno vasco.
¡Solidaridad!
http://www.europapress.es/nacional/noticia-detenidos-seis-menores-heridos-tres-cuidadores-disturbios-centro-acogida-elgeta-guipuzcoa-20100312104708.htm
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Aparece un chaval ahorcado en el centro de menores Zambrana [Valladolid]
Durante la mañana de ayer supimos que un chaval de origen magrebí ha aparecido ahorcado en el reformatorio Zambrana, ubicado en Valladolid y gestionado por la empresa Grupo Norte. Según hemos podido saber, el chico está muy grave y se teme muy seriamente por su vida.
Noticia en El Mundo
Este centro de reclusión ha sido denunciado en numerosas ocasiones por producirse agresiones y malos tratos a los chavales. Puedes escuchar aquí una entrevista realizada a un chaval desde dentro del centro y leer aquí un artículo sobre el mismo.
+ info: centrosdemenores.com Leer más...
Noticia en El Mundo
Este centro de reclusión ha sido denunciado en numerosas ocasiones por producirse agresiones y malos tratos a los chavales. Puedes escuchar aquí una entrevista realizada a un chaval desde dentro del centro y leer aquí un artículo sobre el mismo.
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Un educador catalán denuncia torturas en el centro de menores Mas Garriga (Fundación Resilis)
Fiscalia investiga centro Mas Garriga, por presuntos malos tratos
En Gerona, la Fundacion Resilis, en el centro Mas Garriga; uso un reglamento en 2003 que avalaba la tortura. El director que lo creó D. R, ahora es coordinador de proyectos en la empresa. Fiscalia esta detras de las investigaciones.
La denuncia de la desprotección de menores en centros de protección y terapeuticos de disminuidos psiquicos y conductuales esta a la orden del dia. El Defensor del Pueblo, hizo un informe en el 2008 en el que denunciaba maltratos y tortura en centros de todo el pais.
Foto de Jorge Mestre. Infancia maltratada. En centros de menores y centros de discapacitados mentales; no en centros de justicia y carceles ( alli si hay son hechos aislados, no sistematicos).
La fiscalia general del estado, el dia siguiente desmintió al señor Múgica, diciendo "que los centros pueden gustar mas o menos pero que todos cumplen con la ley". Estos centros de proteccion o de disminuidos psiquicos se encuentran en un limbo legal; los menores no son problematicos (en los centros de menores son niños huerfanos o que vienen al pais a un futuro mejor). Y en el caso de los centros terapeuticos se abusa de la sobremedicacion y de las tecnicas de contencion. La solucion en todo caso, no esta en arreglar problemas educativos al margen de la ley.
Estos centros cobran entre 4000 y 15000 euros por menor y mes para que los eduquen y orienten; no para que los encierren en celdas de 2 m3 y se les contenga fisicamente por cualquier cosa. Una contención muy a menudo no lo es, es una agresion de un educador a un menor para instaurar un sistema de miedo que haga mas facil el trabajo. Y como no hay inspecciones.... ni de fiscalia ni de servicios sociales (al menos de oficio). Pues se crea un sistema como el que tenemos. Celdas medievales y gerentes y politicos que miran para otro lado.
El señor Mugica, El Defensor del Pueblo le gusta la arruga y no la cosmetica de los politicos; y es que la arruga es transparencia y la cosmetica es opacidad y ayuda a mantener el sistema de torturas y maltratos existente. El sindic de greuges, Rafael Ribó, hace un trabajo encomiable; luchando diariamente con la administracion; luchando por los intereses y por la ley del menor, derechos y obligaciones del menor. El Diari de Girona publica la noticia de las investigaciones de fiscalia en mas garriga. Un director expulsado y un educador; y un reglamento que educa con encierros en celdas de 3h hasta 48 horas.
Este mismo diciembre Amnistia Internacional presentaba un informe demoledor con observadores independentes apuntando al deficiente sistema de proteccion de menores de Cataluña, Andalucia y Castilla La Mancha: ha denunciado torturas, encierros en salas de contención (mazmorras) como medida educativa, cosa que esta prohibida por el codigo penal, sobremedicacion, trabajos forzosos.
Celda de aislamiento. Para ser correcto, en caso de sancion en la celda se quita la cama para que no se autolesione. La medida es considerada educativa. En Mas Garriga, el centro investigado por fiscalia, tienen 2 celdas de este tipo; y por ella han pasado mas de 100 -200 menores.? La prueba esta en el reglamento de regimen interno del 2003 que hizo el primer director del centro. Es esto educar? La incompetencia educativa, lleva a utilizar la violencia, eso es lo que dice la pedagogia y la psicologia educativa; y el codigo penal lo considera como tortura. El informe es la punta del iceberg de un sistema de proteccion controlado por Fundaciones sin interes de lucro, pero que poco a poco incrementan su patrimonio involuntario. Las inspecciones son nulas: de hecho fiscalia y infancia tiene que investigar y no lo hace..
En Cataluña el tema es especialmente grave, pese a los esfuerzos de Xavier Soley; director de DGAIA, que inicia investigaciones en un sector en el qual la incompetencia y el modelo de fundaciones, ha llevado a usar la violencia, la tortura y el maltrato.
Fundacion Resilis, tuvo un reglamento de regimen interno del 2003 al 2008 en el centro mas gfuFarriga; que avalaba la tortura Esta semana el Diari de Girona publicaba la investigacion en el centro mas garriga, que esta en fase de instruccion. Hay un director inhabilitado y un educador apartado de sus funciones. Y el testimonio de un menor, G. Q, que relataba encierros en celdas de mas de 48 horas, golpes, y que "se sentia anulado como persona en ese centro".
La fiscalia y infancia tiene que investigar; y en ese centro no se ha hecho ninguna investigacion de oficio. De hecho todo el maltrato y tortura procede de un reglamento que hizo el antiguo director, D. R; ahora coordinador de centros; en el 2003, y en el qual se validaba la tortura. Encierros en celdas de castigo por coger una servilleta de mas, por mirar mal a un educador, agresiones, etc...
Un reglamento que duró del 2003 al 2008; y por el qual fue cesado F.C, el director de entonces; según el director de DGAIA "por no por no adequarse a las normativas de accion social "(en ese caso esas normativas: eran el uso de la tortura, la paliza y el encierro como medida educativa.)
El tema esta en via judicial. Pero hay que luchar para que las instituciones, esos centros de proteccion (antiguos orfanatos) donde puede ir un niño nuestro si nosotros tenemos un accidente y no hay familia extensa; se dediquen a educar (no en vano cobran de 4000 a 15000 euros por menor) y que respeten la ley y el codigo penal. Y que las administraciones ayuden a desmaquillar estos centros, efectuen un control; en vez de maquillarlos, exijan y efectuen controles. Xavier Soley ha hecho un pequeño paso, pero Carme Capdevila; ya he hecho el maquillaje: inspeccionan los centros cada dia.... En 6 años de mas garriga, donde se tortura y maltrata; solo vino a hablar con el gerente en visitas avisadas y donde se ponian flores. Eso es inspeccionar? O dejarse seducir por un empresario del sector?. Y como es que la conselleria aprovo un reglamento de regimen interior (con vigencia de 6 años) que avala la tortura y va en contra del codigo penal? Eso es inspeccionar los centros cada dia, como dice Carme Capdevila. Como el tema es tan grave y han aprendido tan y tan poco (ahora quieren denunciar a Amnistia Internacional); cuando salga toda la informacion como un geiser; estos responsables tendran que pagar su delito de encubrimiento, y sus cargos politicos (que por otro lado es lo que mas les preocupa).
Fuente: Amnistia Internacional, Prodenis, Diari de Girona, La Vanguardia, El Periodico de Catalunya, El Mundo.
Fuente: http://es.globedia.com/fiscalia-investiga-centro-garriga-presuntos-tratos
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En Gerona, la Fundacion Resilis, en el centro Mas Garriga; uso un reglamento en 2003 que avalaba la tortura. El director que lo creó D. R, ahora es coordinador de proyectos en la empresa. Fiscalia esta detras de las investigaciones.
La denuncia de la desprotección de menores en centros de protección y terapeuticos de disminuidos psiquicos y conductuales esta a la orden del dia. El Defensor del Pueblo, hizo un informe en el 2008 en el que denunciaba maltratos y tortura en centros de todo el pais.
Foto de Jorge Mestre. Infancia maltratada. En centros de menores y centros de discapacitados mentales; no en centros de justicia y carceles ( alli si hay son hechos aislados, no sistematicos).
La fiscalia general del estado, el dia siguiente desmintió al señor Múgica, diciendo "que los centros pueden gustar mas o menos pero que todos cumplen con la ley". Estos centros de proteccion o de disminuidos psiquicos se encuentran en un limbo legal; los menores no son problematicos (en los centros de menores son niños huerfanos o que vienen al pais a un futuro mejor). Y en el caso de los centros terapeuticos se abusa de la sobremedicacion y de las tecnicas de contencion. La solucion en todo caso, no esta en arreglar problemas educativos al margen de la ley.
Estos centros cobran entre 4000 y 15000 euros por menor y mes para que los eduquen y orienten; no para que los encierren en celdas de 2 m3 y se les contenga fisicamente por cualquier cosa. Una contención muy a menudo no lo es, es una agresion de un educador a un menor para instaurar un sistema de miedo que haga mas facil el trabajo. Y como no hay inspecciones.... ni de fiscalia ni de servicios sociales (al menos de oficio). Pues se crea un sistema como el que tenemos. Celdas medievales y gerentes y politicos que miran para otro lado.
El señor Mugica, El Defensor del Pueblo le gusta la arruga y no la cosmetica de los politicos; y es que la arruga es transparencia y la cosmetica es opacidad y ayuda a mantener el sistema de torturas y maltratos existente. El sindic de greuges, Rafael Ribó, hace un trabajo encomiable; luchando diariamente con la administracion; luchando por los intereses y por la ley del menor, derechos y obligaciones del menor. El Diari de Girona publica la noticia de las investigaciones de fiscalia en mas garriga. Un director expulsado y un educador; y un reglamento que educa con encierros en celdas de 3h hasta 48 horas.
Este mismo diciembre Amnistia Internacional presentaba un informe demoledor con observadores independentes apuntando al deficiente sistema de proteccion de menores de Cataluña, Andalucia y Castilla La Mancha: ha denunciado torturas, encierros en salas de contención (mazmorras) como medida educativa, cosa que esta prohibida por el codigo penal, sobremedicacion, trabajos forzosos.
Celda de aislamiento. Para ser correcto, en caso de sancion en la celda se quita la cama para que no se autolesione. La medida es considerada educativa. En Mas Garriga, el centro investigado por fiscalia, tienen 2 celdas de este tipo; y por ella han pasado mas de 100 -200 menores.? La prueba esta en el reglamento de regimen interno del 2003 que hizo el primer director del centro. Es esto educar? La incompetencia educativa, lleva a utilizar la violencia, eso es lo que dice la pedagogia y la psicologia educativa; y el codigo penal lo considera como tortura. El informe es la punta del iceberg de un sistema de proteccion controlado por Fundaciones sin interes de lucro, pero que poco a poco incrementan su patrimonio involuntario. Las inspecciones son nulas: de hecho fiscalia y infancia tiene que investigar y no lo hace..
En Cataluña el tema es especialmente grave, pese a los esfuerzos de Xavier Soley; director de DGAIA, que inicia investigaciones en un sector en el qual la incompetencia y el modelo de fundaciones, ha llevado a usar la violencia, la tortura y el maltrato.
Fundacion Resilis, tuvo un reglamento de regimen interno del 2003 al 2008 en el centro mas gfuFarriga; que avalaba la tortura Esta semana el Diari de Girona publicaba la investigacion en el centro mas garriga, que esta en fase de instruccion. Hay un director inhabilitado y un educador apartado de sus funciones. Y el testimonio de un menor, G. Q, que relataba encierros en celdas de mas de 48 horas, golpes, y que "se sentia anulado como persona en ese centro".
La fiscalia y infancia tiene que investigar; y en ese centro no se ha hecho ninguna investigacion de oficio. De hecho todo el maltrato y tortura procede de un reglamento que hizo el antiguo director, D. R; ahora coordinador de centros; en el 2003, y en el qual se validaba la tortura. Encierros en celdas de castigo por coger una servilleta de mas, por mirar mal a un educador, agresiones, etc...
Un reglamento que duró del 2003 al 2008; y por el qual fue cesado F.C, el director de entonces; según el director de DGAIA "por no por no adequarse a las normativas de accion social "(en ese caso esas normativas: eran el uso de la tortura, la paliza y el encierro como medida educativa.)
El tema esta en via judicial. Pero hay que luchar para que las instituciones, esos centros de proteccion (antiguos orfanatos) donde puede ir un niño nuestro si nosotros tenemos un accidente y no hay familia extensa; se dediquen a educar (no en vano cobran de 4000 a 15000 euros por menor) y que respeten la ley y el codigo penal. Y que las administraciones ayuden a desmaquillar estos centros, efectuen un control; en vez de maquillarlos, exijan y efectuen controles. Xavier Soley ha hecho un pequeño paso, pero Carme Capdevila; ya he hecho el maquillaje: inspeccionan los centros cada dia.... En 6 años de mas garriga, donde se tortura y maltrata; solo vino a hablar con el gerente en visitas avisadas y donde se ponian flores. Eso es inspeccionar? O dejarse seducir por un empresario del sector?. Y como es que la conselleria aprovo un reglamento de regimen interior (con vigencia de 6 años) que avala la tortura y va en contra del codigo penal? Eso es inspeccionar los centros cada dia, como dice Carme Capdevila. Como el tema es tan grave y han aprendido tan y tan poco (ahora quieren denunciar a Amnistia Internacional); cuando salga toda la informacion como un geiser; estos responsables tendran que pagar su delito de encubrimiento, y sus cargos politicos (que por otro lado es lo que mas les preocupa).
Fuente: Amnistia Internacional, Prodenis, Diari de Girona, La Vanguardia, El Periodico de Catalunya, El Mundo.
Fuente: http://es.globedia.com/fiscalia-investiga-centro-garriga-presuntos-tratos
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Centros de menores drogan a chicos conflictivos
Cuestionados por los suicidios y las denuncias de abusos y maltratos, ahora están bajo sospecha por la utilización abusiva de fármacos.
La ONU da un aviso a España por la administración de psicofármacos en los centros de reforma
• Los calmantes y otros medicamentos se han convertido en las ‘camisas de fuerza’ de los centros de menores. Cuestionados por los suicidios y las denuncias de abusos y maltratos, ahora están bajo sospecha por la utilización abusiva de fármacos como método de castigo o de contención para los chicos más conflictivos.
11/01/10
La utilización de psicofármacos –ansiolíticos, tranquilizantes, antidepresivos…– en los centros de menores españoles como forma de castigo, medida de contención y hasta de coacción ha llegado a Naciones Unidas. El pasado mes de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a mostrar al Gobierno español su inquietud por los episodios de aislamiento que se producen en estos centros y por “una administración de fármacos que se realizaría sin adecuadas garantías”. Eso, sin contar con los suicidios o las denuncias por abusos y malos tratos, que han puesto a estas instituciones –sobre todo, las gestionadas por manos privadas– en el punto de mira de las organizaciones de derechos humanos.
“Me ponían hasta la bola de pastillas. Nunca me dijeron qué eran ni para qué servían; un educador me comentó que una de ellas era Trankimazin [un fuerte ansiolítico que tiene como efecto secundarios el adormecimiento]. Se me caía la baba. Me fueron dando cada vez más, incluidos protectores del estómago porque las pastillas eran muy fuertes y me provocaban diarrea. Cuando salí, en abril de 2008, me dieron un paquete con pastillas para que poco a poco me las fuera quitando. Las tiré a la basura y me dio mucho mono, insomnio y nervios”. Quien relata su experiencia es J., un chaval que estuvo interno en el Centro de Reforma de Pi i Gross, en Castellón.
Josep Alfons Arnau Sánchez, educador social, ha alertado en un documentado informe de los peligros de utilizar “profusamente” psicofármacos en los centros cerrados. “Se tiende a sustituir el tratamiento educativo-terapéutico por la contención química vía neurolépticos y medicación psiquiátrica”. Arnau sostiene que en algunos módulos de los centros catalanes, más del 60 por ciento de los chicos internados toman fármacos antipsicóticos (Risperdal, Zyprexa, Haloperidol, Sinogan…), “y casi el 90 por ciento consumen antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. El principal problema es que en su mayoría estos adolescentes no habían tomado antes este tipo de medicación”.
Una de las razones esgrimidas para la distribución de estos psicofármacos es el control de los episodios de violencia dentro de los centros. “Contener con neurolépticos y demás medicación psiquiátrica es, cuando menos, una mala práctica médica por parte de los psiquiatras que los prescriben. Y dejación profesional e incluso conducta temeraria de los educadores sociales que, sin ninguna formación, suministran las tomas”, añade este educador. La mayoría de estos fármacos no están indicados para la contención, sino para la esquizofrenia, los síndromes maniacos de ansiedad, la depresión, el insomnio…
Según el informe “Si vuelvo, ¡me mato!”, presentado por Amnistía Internacional el pasado diciembre, se está violando el derecho a la salud de estos niños, “a quienes se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica”. En muchos de los centros se abusa de los tranquilizantes –una medicación forzosa a la que no pueden negarse los menores– como forma de castigo o simplemente “para que no molesten”, explica otro ex trabajador. “Incluso hay educadores que disuelven los tranquilizantes en la comida, sin supervisión ni prescripción médica alguna y sin informar a los menores”, explican las mismas fuentes.
Los menores tienen derecho a conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido más de 12 años, pero no reciben información sobre los fármacos que se les obliga a ingerir. “La situación se agrava por la constante rotación de profesionales, la escasez de recursos apropiados para mejorar infraestructuras y la falta de centros terapéuticos”, asegura Francisco Lara, presidente de la Plataforma de Infancia.
Patricia, madre de un chaval internado, cuenta que su hijo entró en el centro de reforma de Los Alcores, en el municipio sevillano de Carmona, en el verano de 2008 y estuvo hasta febrero de 2009. “Le diagnosticaron psicosis esquizofrénica o crónica cuando tenía 16 años. Cuando entró, le dieron Zyprexa, Akineton, Trankimazin y Risperdal. Nunca me dejaron hablar con el médico del centro, ni nos indicaron qué medicación le daban, pero decían que estaba pautada por un médico. Pero allí no hay psiquiatra, la medicación se la daban los educadores. Cuando iba a verle, a veces se le caía la baba. Estaba drogado”.
El hijo de Patricia pasó en pocos meses de pesar 95 kilos a 140. “Le subió el colesterol, el ácido úrico… Estaba todo el día encerrado”.
Un educador empleado en un centro de Castilla-La Mancha envió una misiva a la asociación Prodeni en la que denunció que “la negligencia es constante, llegando al caso de suministrar fármacos psiquiátricos caducados hace tres años, o a suspender tratamientos porque nadie iba a comprar los medicamentos”.
J., el joven interno en el centro de Pi i Gross, también recuerda que engordó “un montón”. “Casi todos estábamos gordos –explica–. Cuando me negué a tomar las pastillas, me sancionaron: estuve en aislamiento, una vez hasta cuatro días. Los educadores no pegaban; pero los vigilantes, sí. Sacudían bien, sobre todo a los inmigrantes, que no sabían hablar español y no tenían familia”.
Un ex educador de Los Rosales, en una carta remitida al Defensor del Pueblo, contó que durante su permanencia en este centro madrileño vio como “la medicación se dejaba en grageas en las bandejas, en el sitio destinado para los cubiertos, para que el interno se la tomara. Era una administración incorrecta. Cuando entré, pensaba que tenían una intervención psicológica individualizada, pero no era así”.
La administración como método de contención ha convertido los fármacos psicoactivos en camisas de fuerza químicas.
En el centro de Picón del Jarama (Madrid), los chicos denunciaron haber sido obligados a ingerir sedantes y antipsicóticos sin ser diagnosticados por un médico, que pasan meses sin ver al psiquiatra que prescribe las pastillas, o que las dosis son irregulares dependiendo de las “existencias del centro”, lo que produce síndrome de abstinencia y otros efectos.
El educador Josep Alfons Arnau cree que se está convirtiendo a los educadores en “meros controladores normativos y en expendedores de pastillas de contención química”. Y reconoce haber sido testigo de cómo se confundían pastillas de Risperdal con cápsulas de Valeriana. “No estamos facultados para suministrar medicación psiquiátrica y deberíamos negarnos a ello por ética profesional”, concluye.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, ha explicado que “cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física o sobre celdas de aislamiento no tiene supervisión judicial ni fiscal, con lo cual estas medidas dependen al final del criterio de cualquier miembro del personal”.
Gonzalo, psicólogo experto en el trabajo con menores que ayudó a poner en marcha las instalaciones de Cango, en Tacoronte (Tenerife) y gestionadas por la fundación O’Belén –una de las entidades más cuestionadas–, coincide en que se abusa de la medicación: “Les suelen diagnosticar muy rápido trastornos disociales, enfermedades que son un cajón de sastre en el que se mete todo. No todos estos niños tienen problemas mentales, pero se les medica para que estén tranquilos”. Otra psicóloga especialista en clínica infantil que trabajó en un centro abierto de reforma explica que “entre el consumo de sustancias legales con receta y el consumo de sustancias ilegales que los menores consiguen se conforma un cóctel de reacciones paranoides que provocan agresividad y un cortocircuito neuronal”.
Durante su comparecencia ante la Comisión Congreso-Senado en 2009, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, declaró que en la mayor parte de los centros investigados no se está trabajando en la salud de los menores y censuró la falta de psiquiatras infantiles. Múgica advirtió a los parlamentarios que la solución no es atiborrar a los chicos con pastillas: “Para garantizar la seguridad en momentos de descontrol, existen las ‘salas de reflexión’ o ‘salas de baja estimulación’”. Y añadió que la soledad puede llegar a ser tan honda durante el aislamiento que los niños “reclaman a veces una medicación que les ayude a soportar la angustia del emparedamiento”.
Desde los centros se precisa que la medicación sólo se dispensa con permiso del menor, pero en algunos, como en el de Can Rubió, se recurre a la apostilla “con excepciones”. En Picó del Jarama (Madrid), los menores aseguran que les obligan.
¿Qué sucede con la salud de los menores tras una ingesta continuada de psicofármacos? Una de las características más comunes de los ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y neurolépticos reside en su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica –protección natural del cerebro frente a sustancias extrañas– y su capacidad de adicción, sobre todo en el caso de benzodiazepinas como el Trankimazin.
En los últimos siete años, 14 niños y adolescentes han muerto en centros de la Administración y subcontratas. Pocos fueron los que saltaron a la luz pública. En abril de 2009, Saray, una niña de 14 años, falleció después de tirarse de un vehículo en marcha cuando regresaba al centro de menores Casa Joven, de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Y lejos queda el caso de Dunia, de 17 años, quien se suicidó después de tres intentos previos. En junio de 2004, apareció ahorcada, atada con una sábana a las rejas de una ventana del centro de menores catalán Els Til·lers.
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La ONU da un aviso a España por la administración de psicofármacos en los centros de reforma
• Los calmantes y otros medicamentos se han convertido en las ‘camisas de fuerza’ de los centros de menores. Cuestionados por los suicidios y las denuncias de abusos y maltratos, ahora están bajo sospecha por la utilización abusiva de fármacos como método de castigo o de contención para los chicos más conflictivos.
11/01/10
La utilización de psicofármacos –ansiolíticos, tranquilizantes, antidepresivos…– en los centros de menores españoles como forma de castigo, medida de contención y hasta de coacción ha llegado a Naciones Unidas. El pasado mes de noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a mostrar al Gobierno español su inquietud por los episodios de aislamiento que se producen en estos centros y por “una administración de fármacos que se realizaría sin adecuadas garantías”. Eso, sin contar con los suicidios o las denuncias por abusos y malos tratos, que han puesto a estas instituciones –sobre todo, las gestionadas por manos privadas– en el punto de mira de las organizaciones de derechos humanos.
“Me ponían hasta la bola de pastillas. Nunca me dijeron qué eran ni para qué servían; un educador me comentó que una de ellas era Trankimazin [un fuerte ansiolítico que tiene como efecto secundarios el adormecimiento]. Se me caía la baba. Me fueron dando cada vez más, incluidos protectores del estómago porque las pastillas eran muy fuertes y me provocaban diarrea. Cuando salí, en abril de 2008, me dieron un paquete con pastillas para que poco a poco me las fuera quitando. Las tiré a la basura y me dio mucho mono, insomnio y nervios”. Quien relata su experiencia es J., un chaval que estuvo interno en el Centro de Reforma de Pi i Gross, en Castellón.
Josep Alfons Arnau Sánchez, educador social, ha alertado en un documentado informe de los peligros de utilizar “profusamente” psicofármacos en los centros cerrados. “Se tiende a sustituir el tratamiento educativo-terapéutico por la contención química vía neurolépticos y medicación psiquiátrica”. Arnau sostiene que en algunos módulos de los centros catalanes, más del 60 por ciento de los chicos internados toman fármacos antipsicóticos (Risperdal, Zyprexa, Haloperidol, Sinogan…), “y casi el 90 por ciento consumen antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. El principal problema es que en su mayoría estos adolescentes no habían tomado antes este tipo de medicación”.
Una de las razones esgrimidas para la distribución de estos psicofármacos es el control de los episodios de violencia dentro de los centros. “Contener con neurolépticos y demás medicación psiquiátrica es, cuando menos, una mala práctica médica por parte de los psiquiatras que los prescriben. Y dejación profesional e incluso conducta temeraria de los educadores sociales que, sin ninguna formación, suministran las tomas”, añade este educador. La mayoría de estos fármacos no están indicados para la contención, sino para la esquizofrenia, los síndromes maniacos de ansiedad, la depresión, el insomnio…
Según el informe “Si vuelvo, ¡me mato!”, presentado por Amnistía Internacional el pasado diciembre, se está violando el derecho a la salud de estos niños, “a quienes se suministran psicofármacos con una finalidad sancionadora y no terapéutica”. En muchos de los centros se abusa de los tranquilizantes –una medicación forzosa a la que no pueden negarse los menores– como forma de castigo o simplemente “para que no molesten”, explica otro ex trabajador. “Incluso hay educadores que disuelven los tranquilizantes en la comida, sin supervisión ni prescripción médica alguna y sin informar a los menores”, explican las mismas fuentes.
Los menores tienen derecho a conocer su diagnóstico y tratamiento si han cumplido más de 12 años, pero no reciben información sobre los fármacos que se les obliga a ingerir. “La situación se agrava por la constante rotación de profesionales, la escasez de recursos apropiados para mejorar infraestructuras y la falta de centros terapéuticos”, asegura Francisco Lara, presidente de la Plataforma de Infancia.
Patricia, madre de un chaval internado, cuenta que su hijo entró en el centro de reforma de Los Alcores, en el municipio sevillano de Carmona, en el verano de 2008 y estuvo hasta febrero de 2009. “Le diagnosticaron psicosis esquizofrénica o crónica cuando tenía 16 años. Cuando entró, le dieron Zyprexa, Akineton, Trankimazin y Risperdal. Nunca me dejaron hablar con el médico del centro, ni nos indicaron qué medicación le daban, pero decían que estaba pautada por un médico. Pero allí no hay psiquiatra, la medicación se la daban los educadores. Cuando iba a verle, a veces se le caía la baba. Estaba drogado”.
El hijo de Patricia pasó en pocos meses de pesar 95 kilos a 140. “Le subió el colesterol, el ácido úrico… Estaba todo el día encerrado”.
Un educador empleado en un centro de Castilla-La Mancha envió una misiva a la asociación Prodeni en la que denunció que “la negligencia es constante, llegando al caso de suministrar fármacos psiquiátricos caducados hace tres años, o a suspender tratamientos porque nadie iba a comprar los medicamentos”.
J., el joven interno en el centro de Pi i Gross, también recuerda que engordó “un montón”. “Casi todos estábamos gordos –explica–. Cuando me negué a tomar las pastillas, me sancionaron: estuve en aislamiento, una vez hasta cuatro días. Los educadores no pegaban; pero los vigilantes, sí. Sacudían bien, sobre todo a los inmigrantes, que no sabían hablar español y no tenían familia”.
Un ex educador de Los Rosales, en una carta remitida al Defensor del Pueblo, contó que durante su permanencia en este centro madrileño vio como “la medicación se dejaba en grageas en las bandejas, en el sitio destinado para los cubiertos, para que el interno se la tomara. Era una administración incorrecta. Cuando entré, pensaba que tenían una intervención psicológica individualizada, pero no era así”.
La administración como método de contención ha convertido los fármacos psicoactivos en camisas de fuerza químicas.
En el centro de Picón del Jarama (Madrid), los chicos denunciaron haber sido obligados a ingerir sedantes y antipsicóticos sin ser diagnosticados por un médico, que pasan meses sin ver al psiquiatra que prescribe las pastillas, o que las dosis son irregulares dependiendo de las “existencias del centro”, lo que produce síndrome de abstinencia y otros efectos.
El educador Josep Alfons Arnau cree que se está convirtiendo a los educadores en “meros controladores normativos y en expendedores de pastillas de contención química”. Y reconoce haber sido testigo de cómo se confundían pastillas de Risperdal con cápsulas de Valeriana. “No estamos facultados para suministrar medicación psiquiátrica y deberíamos negarnos a ello por ética profesional”, concluye.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, ha explicado que “cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física o sobre celdas de aislamiento no tiene supervisión judicial ni fiscal, con lo cual estas medidas dependen al final del criterio de cualquier miembro del personal”.
Gonzalo, psicólogo experto en el trabajo con menores que ayudó a poner en marcha las instalaciones de Cango, en Tacoronte (Tenerife) y gestionadas por la fundación O’Belén –una de las entidades más cuestionadas–, coincide en que se abusa de la medicación: “Les suelen diagnosticar muy rápido trastornos disociales, enfermedades que son un cajón de sastre en el que se mete todo. No todos estos niños tienen problemas mentales, pero se les medica para que estén tranquilos”. Otra psicóloga especialista en clínica infantil que trabajó en un centro abierto de reforma explica que “entre el consumo de sustancias legales con receta y el consumo de sustancias ilegales que los menores consiguen se conforma un cóctel de reacciones paranoides que provocan agresividad y un cortocircuito neuronal”.
Durante su comparecencia ante la Comisión Congreso-Senado en 2009, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, declaró que en la mayor parte de los centros investigados no se está trabajando en la salud de los menores y censuró la falta de psiquiatras infantiles. Múgica advirtió a los parlamentarios que la solución no es atiborrar a los chicos con pastillas: “Para garantizar la seguridad en momentos de descontrol, existen las ‘salas de reflexión’ o ‘salas de baja estimulación’”. Y añadió que la soledad puede llegar a ser tan honda durante el aislamiento que los niños “reclaman a veces una medicación que les ayude a soportar la angustia del emparedamiento”.
Desde los centros se precisa que la medicación sólo se dispensa con permiso del menor, pero en algunos, como en el de Can Rubió, se recurre a la apostilla “con excepciones”. En Picó del Jarama (Madrid), los menores aseguran que les obligan.
¿Qué sucede con la salud de los menores tras una ingesta continuada de psicofármacos? Una de las características más comunes de los ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y neurolépticos reside en su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica –protección natural del cerebro frente a sustancias extrañas– y su capacidad de adicción, sobre todo en el caso de benzodiazepinas como el Trankimazin.
En los últimos siete años, 14 niños y adolescentes han muerto en centros de la Administración y subcontratas. Pocos fueron los que saltaron a la luz pública. En abril de 2009, Saray, una niña de 14 años, falleció después de tirarse de un vehículo en marcha cuando regresaba al centro de menores Casa Joven, de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Y lejos queda el caso de Dunia, de 17 años, quien se suicidó después de tres intentos previos. En junio de 2004, apareció ahorcada, atada con una sábana a las rejas de una ventana del centro de menores catalán Els Til·lers.
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Formación Política para la Acción Social con Menores
4ª Edición: Febrero - Mayo de 2010.
Burgos, Madrid, Murcia, Logroño, Valencia y Cáceres.
Un año más, y van cuatro, varios grupos de la coordinación contra las cárceles de menores vamos a realizar la propuesta formativa de CURSO DE FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL CON MENORES, desde una perspectiva crítica y antirrepresiva, dónde debatiremos juntas sobre el marco actual para el trabajo y el acompañamiento de chavales y chavalas, desde el intento de ubicar en procesos transformadores la práctica educativa.
Se repite el esquema de los años anteriores, con 7 sesiones teóricas en paralelo en las ciudades de Burgos, Logroño, Murcia, Valencia y Cáceres (esta última novedad de este año) y dos monográficos conjuntos en madrid, en los que contaremos con la colaboración de la Coordinadora de Barrios y la Escuela sobre Marginación.
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Web de la campaña
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Burgos, Madrid, Murcia, Logroño, Valencia y Cáceres.
Un año más, y van cuatro, varios grupos de la coordinación contra las cárceles de menores vamos a realizar la propuesta formativa de CURSO DE FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL CON MENORES, desde una perspectiva crítica y antirrepresiva, dónde debatiremos juntas sobre el marco actual para el trabajo y el acompañamiento de chavales y chavalas, desde el intento de ubicar en procesos transformadores la práctica educativa.Se repite el esquema de los años anteriores, con 7 sesiones teóricas en paralelo en las ciudades de Burgos, Logroño, Murcia, Valencia y Cáceres (esta última novedad de este año) y dos monográficos conjuntos en madrid, en los que contaremos con la colaboración de la Coordinadora de Barrios y la Escuela sobre Marginación.
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Prosiguen los aislamientos de menores no condenados
El Comité contra la Tortura de la ONU ha exigido información al Gobierno español por las críticas al sistema de protección de menores vertidas por el Defensor del Pueblo en febrero de este año.
El 2 de diciembre se cumplió un año del suicidio del adolescente Hamid A. cuando se encontraba aislado en su habitación del centro Picón del Jarama. Ese día, un centenar de personas, convocadas por la Asamblea de Centros Cerrados, se concentraron en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) para denunciar las responsabilidades de Juan C. Rodríguez Crespillo (director del centro), María Victoria Ruiz Pérez (directora del Área de Coordinación de Centros) y Paloma Martín Martín (gerente del IMMF) en el caso. El suicido de Hamid fue el triste colofón de las denuncias que desde hace años realizan los afectados, sus familias y diversos grupos de apoyo en todo el Estado contra el actual modelo de protección de menores.
El sesgo punitivo de la atención a menores tutelados fue la base para que la oficina del Defensor del Pueblo decidiera investigar lo que sucedía en centros como el de La Jarosa, que cerró un día después de la visita de esta oficina, o el de Picón del Jarama. Su informe, presentado en febrero, ha servido, como declaró Juan Ignacio Ruiz Huerta de la oficina del Defensor del Pueblo durante el seminario Delito y prisión, “para que se moderen en algunos casos las prácticas de aislamiento” y ha empujado a la comunidad de Castilla-La Mancha a cerrar “dos de los peores centros”, el de Casa Joven (Azuqueca de Henares) y el de Villaconejos de Trabaque.
No obstante, la impresión de Ruiz Huerta “es que la mayoría de las respuestas han quedado en fuegos artificiales”.
Las mismas prácticas
En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU expresaba su preocupación por la falta de información sobre las medidas adoptadas para responder a las “serias preocupaciones expresadas por el Defensor del Pueblo”, en particular a la práctica de aislamiento, así como de la administración de fármacos “que se realizaría sin adecuadas garantías”, según dicho Comité. El Gobierno no ha respondido o “se ha ido por los cerros de Úbeda” en este tema, expuso Ruiz Huerta.
Mientras las cosas de palacio siguen su ritmo, a la espera de una reunión entre las consejerías autonómicas, que debería servir para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas que están en centros terapéuticos y de reforma, la realidad es que se siguen produciendo las prácticas que criticaba el citado informe. El Colectivo Social y Justicia de Asturias ha denunciado al Defensor del Pueblo la situación de algunos menores en el centro de Miraflores. Como el Picón del Jarama, éste es un centro al que van niños y adolescentes entre 12 y 18 años que no han sido condenados por ningún delito, pero a diferencia del centro madrileño, Miraflores está gestionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y no por una empresa intermediaria como Fundación O’Belén o Grupo Norte.
Las denuncias contra este centro vienen porque Miraflores funciona con dos regímenes, uno general y otro especial, en el que los niños pueden estar privados de libertad y en un módulo, separados de sus compañeros 24 horas y hasta siete días sin pisar la calle. En febrero, el Defensor del Pueblo subrayó, en referencia al decreto 48/2003, que el marco legislativo “particular” de Asturias es el que permite que la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado tramite de urgencia y sin autorización judicial el ingreso de los menores en las llamadas “unidades de régimen especial”. Desde el Colectivo Social y Justicia explican que hay otro centro de estas características, pero sólo hay pruebas en el de Miraflores, un centro que a menudo está vacío porque constantemente se producen fugas.
Diagonal
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El 2 de diciembre se cumplió un año del suicidio del adolescente Hamid A. cuando se encontraba aislado en su habitación del centro Picón del Jarama. Ese día, un centenar de personas, convocadas por la Asamblea de Centros Cerrados, se concentraron en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) para denunciar las responsabilidades de Juan C. Rodríguez Crespillo (director del centro), María Victoria Ruiz Pérez (directora del Área de Coordinación de Centros) y Paloma Martín Martín (gerente del IMMF) en el caso. El suicido de Hamid fue el triste colofón de las denuncias que desde hace años realizan los afectados, sus familias y diversos grupos de apoyo en todo el Estado contra el actual modelo de protección de menores.
El sesgo punitivo de la atención a menores tutelados fue la base para que la oficina del Defensor del Pueblo decidiera investigar lo que sucedía en centros como el de La Jarosa, que cerró un día después de la visita de esta oficina, o el de Picón del Jarama. Su informe, presentado en febrero, ha servido, como declaró Juan Ignacio Ruiz Huerta de la oficina del Defensor del Pueblo durante el seminario Delito y prisión, “para que se moderen en algunos casos las prácticas de aislamiento” y ha empujado a la comunidad de Castilla-La Mancha a cerrar “dos de los peores centros”, el de Casa Joven (Azuqueca de Henares) y el de Villaconejos de Trabaque.
No obstante, la impresión de Ruiz Huerta “es que la mayoría de las respuestas han quedado en fuegos artificiales”.
Las mismas prácticas
En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU expresaba su preocupación por la falta de información sobre las medidas adoptadas para responder a las “serias preocupaciones expresadas por el Defensor del Pueblo”, en particular a la práctica de aislamiento, así como de la administración de fármacos “que se realizaría sin adecuadas garantías”, según dicho Comité. El Gobierno no ha respondido o “se ha ido por los cerros de Úbeda” en este tema, expuso Ruiz Huerta.
Mientras las cosas de palacio siguen su ritmo, a la espera de una reunión entre las consejerías autonómicas, que debería servir para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas que están en centros terapéuticos y de reforma, la realidad es que se siguen produciendo las prácticas que criticaba el citado informe. El Colectivo Social y Justicia de Asturias ha denunciado al Defensor del Pueblo la situación de algunos menores en el centro de Miraflores. Como el Picón del Jarama, éste es un centro al que van niños y adolescentes entre 12 y 18 años que no han sido condenados por ningún delito, pero a diferencia del centro madrileño, Miraflores está gestionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y no por una empresa intermediaria como Fundación O’Belén o Grupo Norte.
Las denuncias contra este centro vienen porque Miraflores funciona con dos regímenes, uno general y otro especial, en el que los niños pueden estar privados de libertad y en un módulo, separados de sus compañeros 24 horas y hasta siete días sin pisar la calle. En febrero, el Defensor del Pueblo subrayó, en referencia al decreto 48/2003, que el marco legislativo “particular” de Asturias es el que permite que la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado tramite de urgencia y sin autorización judicial el ingreso de los menores en las llamadas “unidades de régimen especial”. Desde el Colectivo Social y Justicia explican que hay otro centro de estas características, pero sólo hay pruebas en el de Miraflores, un centro que a menudo está vacío porque constantemente se producen fugas.
Diagonal
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Castigos, aislamiento y medicación forzada: recetas recurrentes en el tratamiento de menores protegidos por la Administración
Descarga el informe de Amnistía Internacional sobre las denigrantes condiciones en los centros de menores.
“En el centro pasé días atada a una silla, con mordaza; sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama donde además me pinchaban y pasaba al menos 3 días con los ojos vueltos”
Testimonio de Sara Casas a AI,
sobre su estancia en el centro de protección terapéutico Dulce Nombre de María en Málaga
“Me han metido 4 veces en una celda de aislamiento que ellos llaman “cuarto de reflexión”, esta celda tiene las paredes desnudas y consta de una cama de goma espuma, un somier de hierro, un retrete y una ventana pequeña. No hay ningún elemento de estudio u ocio o decoración alguna. En la celda hay unos fosforescentes de luz que el personal enciende o apaga a su antojo. Te meten en pijama sin zapatillas y sin calcetines.”
Fragmento de una de denuncia de un menor ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia contra el centro de protección terapéutico Picón del Jarama en Madrid
Madrid.- Menores que ingresan en centros de protección terapéuticos, bajo la protección y el cuidado de la Administración española, pueden ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos o tratamiento cruel y degradante, pueden ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin la debida diligencia y en contra de su voluntad. Estos abusos contra los derechos humanos de estos menores quedan en la mayoría de los casos invisibilizados e impunes, ya que no se realizan investigaciones imparciales e independientes. Los menores, además, son invisibles para la Administración. Estas son algunas de las conclusiones del informe, Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos que Amnistía Internacional ha presentado hoy, 15 de diciembre.
“Menores que ingresan en estos centros están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables. Primero, porque nadie sabe cuántos son, y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen. Segundo, porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes de organizaciones que defienden los derechos humanos, e incluso de instituciones como el Defensor del Pueblo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional ha realizado una investigación sobre la situación de los menores en centros de protección terapéuticos en tres comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña y Madrid. Entre las tres comunidades concentran el 55% de los centros que existen en España, según datos del Informe del Defensor del Pueblo, 2009. Amnistía Internacional ha documentado cómo en España en algunos centros de protección terapéuticos se vulneran normas fundamentales como el interés superior del menor, su derecho a ser escuchado y no discriminado de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por este país el 30 de noviembre de 1990, así como otras normas internacionales, entre ellas las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, e incluso, la Convención Contra la Tortura y otras formas de Castigo y Penas Crueles, inhumanas o degradantes.
Antes del ingreso en los centros
Amnistía Internacional ha identificado dos vías principales para el ingreso de los menores en centros de protección terapéuticos.
* Primero, derivados desde otros centros del sistema de protección de menores donde ingresaron por desamparo familiar, son derivados por alegados trastornos de conducta o situación de dificultad social. Se trata de una decisión administrativa que habitualmente no incluye un diagnóstico previo y tampoco cuenta con una orden judicial. Aunque esta decisión debe ser motivada y notificada a los padres, al Ministerio Fiscal y al menor, muy raras veces los menores y sus familias llegan a saber por qué ingresan en estos centros terapéuticos, cuáles son sus derechos, o las vías existentes de acceso a la justicia para impugnar decisiones que afectan a su vida.
* Segundo, a solicitud de los padres cuando el ingreso en este tipo de centros es, según les indican desde el sistema de salud público y los servicios de protección, el único modo de que sus hijos reciban un tratamiento para sus problemas de conducta. En este caso, en general, el ingreso va precedido de un diagnóstico. Sin embargo, la inexistencia de un procedimiento formal y público que determine los criterios para el ingreso, el diagnóstico y las necesidades específicas de tratamiento, coloca a los menores y a sus familias en muchas ocasiones en una situación de indefensión contraria a todas las normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha constatado que:
* La ausencia de políticas públicas que aborden la situación de estos menores con problemas de conducta o en dificultad social, convierte el internamiento en la única opción posible. Pese a que la Convención de los Derechos del Niño señala que el internamiento debería ser el último recurso para el tratamiento de estos menores.
* Ante esta situación, los padres piden ayuda a la Administración para solucionar los problemas de conducta de sus hijos, lo que paradójicamente se traduce en tener que solicitar la declaración de “desprotección” e, incluso, denunciarles por malos tratos para que puedan ingresar en el sistema de protección. Esto dificulta a las familias la obtención de información sobre los problemas de salud del menor.
* Aunque para privar de libertad a cualquier persona se requiere de autorización judicial previa, tal y como se recoge en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la mayoría de los casos relacionados con menores se elude dicha autorización para el internamiento no voluntario de estos menores. Según datos del Informe del Defensor del Pueblo, el 53 por ciento de estos ingresos se produce sin autorización judicial.
Una vez en el centro de protección terapéutico
Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación ante las denuncias que ha recibido sobre los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren menores en algunos de estos centros: violaciones de la intimidad, humillaciones, regímenes disciplinarios contrarios a las normas y tratados internacionales, castigos corporales, aislamiento forzado, contenciones físicas abusivas e, incluso, contenciones farmacológicas, todo ello prohibido en los tratados internacionales, firmados y ratificados por España.
Estos abusos se cometen con total impunidad, ya que no existen vías rápidas y sencillas que permitan a los menores denunciar, acceder a un abogado, y sobre todo, que se abran investigaciones pertinentes, rápidas e imparciales.
Violaciones del derecho a la salud
* Prácticamente ninguno de los menores entrevistados por Amnistía Internacional sabía qué se le estaba administrando y por qué. Se viola así, la Ley del Paciente (Ley 41/2002), en la que se señala que los menores de más de 12 años deben tener la información necesaria sobre sus diagnósticos, tratamientos y los efectos que éstos puedan tener, para dar su consentimiento a recibir dicho tratamiento.
* La sobremedicación es una práctica generalizada en estos centros y es utilizada para contener y castigar a los menores.
“Además este exceso de medicación se utiliza no como parte de un tratamiento médico o de un diagnóstico, sino que es utilizado para contener, calmar y castigar a los menores, y en muchas ocasiones las medicinas se administran por personal no cualificado”, señaló Esteban Beltrán.
Contenciones físicas y aislamientos
* Las contenciones físicas, farmacológicas o las medidas de aislamiento se realizan sin supervisión judicial, ni fiscal. La Convención de los Derechos del Niño prohíbe expresamente el aislamiento físico como castigo, en celdas que recuerdan a prisiones a menores de edad.
* Tanto Amnistía Internacional, como en su día el Defensor del Pueblo, denuncian cómo en los centros de protección terapéuticos, los menores pueden estar atados, amordazados y sedados en una silla o atados a una cama con herrajes aislados más de 48 horas, o como pueden ser aislados en unas celdas o habitaciones de aislamiento, en algunos casos hasta semanas.
“Mientras que en una prisión, e incluso en los centros de reforma para menores infractores, cualquier medida de aislamiento debe ser autorizada por un juez de vigilancia penitenciaria, en los centros terapéuticos de menores cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física, o sobre celdas de aislamiento, no tiene apenas supervisión judicial, ni fiscal y menos, autorización judicial. Con lo cual depende del criterio que tenga cualquier educador, cualquier personal de estos centros, y ni siquiera ese criterio es común en todo el Estado”, explicó Esteban Beltrán.
Resultados de las políticas públicas de intervención con menores
No existen evaluaciones sobre los resultados de las políticas públicas de intervención con menores, ni estatales, ni en ninguna de las comunidades autónomas objeto de este estudio. Por lo tanto, se desconoce el efecto de las medidas y regímenes aplicados por estos centros en los menores. Pero, Amnistía Internacional ha podido observar que el periplo de los menores con trastornos de conducta o en dificultades sociales por centros terapéuticos no culmina con resultados positivos ni para ellos, ni para sus familias. Organizaciones, familiares, e incluso fiscales y abogados han expresado su preocupación a Amnistía Internacional por el alto número de menores que pasan de protección a reforma y después a la cárcel.
Paradójicamente, Amnistía Internacional ha encontrado casos en los que los menores entran en un círculo de exclusión: sus padres no pudieron hacerse cargo de ellos por diferentes motivos, ellos salen de los centros al cumplir la mayoría de edad, y especialmente las mujeres que han estado tuteladas por la administración, cuando tienen hijos, estos les son retirados por no considerarlas aptas para educarlos. De esta manera se perpetua el ciclo de exclusión, generación tras generación.
Medidas para acabar con la impunidad
“Si yo por ejemplo, atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si yo además le diera medicación sin decirle para qué, si además la mantuviera varios días aislada en una habitación, si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija. Si eso ocurriera, el fiscal o la autoridad judicial correctamente me quitaría a mi hija. Si eso lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI en este informe, no pasa absolutamente nada y nadie paga por ello y el menor sigue allí”, manifestó Esteban Beltrán.
Por ello, Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción a través de www.actuaconamnistia.org, en la que pide al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero:
* Que impulse una investigación urgente sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos que se cometen contra menores en centros de protección terapéuticos, denunciadas tanto por el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz y Amnistía Internacional, entre otros.
* Que elabore, junto con los Gobiernos de la Comunidades autónomas, protocolos para contar, controlar y supervisar todos los centros de protección terapéuticos, según establecen los estándares internacionales y en cumplimiento de sus obligaciones sobre protección de menores.
* Que aborde la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, para que la supervisión judicial deje de estar en el papel y pase a la práctica durante todo el tiempo que un menor está siendo intervenido por la Administración.
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/castigos-aislamiento-y-medicacion-forzada-recetas-recurrentes-en-el-tratamiento-de-menores-protegi/
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“En el centro pasé días atada a una silla, con mordaza; sin ella se me caía la baba. Tenía el cuello doblado y la cabeza caída. También estuve en la celda de aislamiento atada a la cama donde además me pinchaban y pasaba al menos 3 días con los ojos vueltos”
Testimonio de Sara Casas a AI,
sobre su estancia en el centro de protección terapéutico Dulce Nombre de María en Málaga
“Me han metido 4 veces en una celda de aislamiento que ellos llaman “cuarto de reflexión”, esta celda tiene las paredes desnudas y consta de una cama de goma espuma, un somier de hierro, un retrete y una ventana pequeña. No hay ningún elemento de estudio u ocio o decoración alguna. En la celda hay unos fosforescentes de luz que el personal enciende o apaga a su antojo. Te meten en pijama sin zapatillas y sin calcetines.”
Fragmento de una de denuncia de un menor ante el Instituto Madrileño del Menor y la Familia contra el centro de protección terapéutico Picón del Jarama en Madrid
Madrid.- Menores que ingresan en centros de protección terapéuticos, bajo la protección y el cuidado de la Administración española, pueden ser víctimas de abusos sexuales, malos tratos o tratamiento cruel y degradante, pueden ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados, medicados sin la debida diligencia y en contra de su voluntad. Estos abusos contra los derechos humanos de estos menores quedan en la mayoría de los casos invisibilizados e impunes, ya que no se realizan investigaciones imparciales e independientes. Los menores, además, son invisibles para la Administración. Estas son algunas de las conclusiones del informe, Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos que Amnistía Internacional ha presentado hoy, 15 de diciembre.
“Menores que ingresan en estos centros están totalmente indefensos y son extremadamente vulnerables. Primero, porque nadie sabe cuántos son, y nadie sabe cuántos centros de protección terapéuticos existen. Segundo, porque tanto la Administración como las entidades privadas que gestionan estos centros dificultan que se lleven a cabo investigaciones independientes de organizaciones que defienden los derechos humanos, e incluso de instituciones como el Defensor del Pueblo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Amnistía Internacional ha realizado una investigación sobre la situación de los menores en centros de protección terapéuticos en tres comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña y Madrid. Entre las tres comunidades concentran el 55% de los centros que existen en España, según datos del Informe del Defensor del Pueblo, 2009. Amnistía Internacional ha documentado cómo en España en algunos centros de protección terapéuticos se vulneran normas fundamentales como el interés superior del menor, su derecho a ser escuchado y no discriminado de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por este país el 30 de noviembre de 1990, así como otras normas internacionales, entre ellas las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, e incluso, la Convención Contra la Tortura y otras formas de Castigo y Penas Crueles, inhumanas o degradantes.
Antes del ingreso en los centros
Amnistía Internacional ha identificado dos vías principales para el ingreso de los menores en centros de protección terapéuticos.
* Primero, derivados desde otros centros del sistema de protección de menores donde ingresaron por desamparo familiar, son derivados por alegados trastornos de conducta o situación de dificultad social. Se trata de una decisión administrativa que habitualmente no incluye un diagnóstico previo y tampoco cuenta con una orden judicial. Aunque esta decisión debe ser motivada y notificada a los padres, al Ministerio Fiscal y al menor, muy raras veces los menores y sus familias llegan a saber por qué ingresan en estos centros terapéuticos, cuáles son sus derechos, o las vías existentes de acceso a la justicia para impugnar decisiones que afectan a su vida.
* Segundo, a solicitud de los padres cuando el ingreso en este tipo de centros es, según les indican desde el sistema de salud público y los servicios de protección, el único modo de que sus hijos reciban un tratamiento para sus problemas de conducta. En este caso, en general, el ingreso va precedido de un diagnóstico. Sin embargo, la inexistencia de un procedimiento formal y público que determine los criterios para el ingreso, el diagnóstico y las necesidades específicas de tratamiento, coloca a los menores y a sus familias en muchas ocasiones en una situación de indefensión contraria a todas las normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha constatado que:
* La ausencia de políticas públicas que aborden la situación de estos menores con problemas de conducta o en dificultad social, convierte el internamiento en la única opción posible. Pese a que la Convención de los Derechos del Niño señala que el internamiento debería ser el último recurso para el tratamiento de estos menores.
* Ante esta situación, los padres piden ayuda a la Administración para solucionar los problemas de conducta de sus hijos, lo que paradójicamente se traduce en tener que solicitar la declaración de “desprotección” e, incluso, denunciarles por malos tratos para que puedan ingresar en el sistema de protección. Esto dificulta a las familias la obtención de información sobre los problemas de salud del menor.
* Aunque para privar de libertad a cualquier persona se requiere de autorización judicial previa, tal y como se recoge en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la mayoría de los casos relacionados con menores se elude dicha autorización para el internamiento no voluntario de estos menores. Según datos del Informe del Defensor del Pueblo, el 53 por ciento de estos ingresos se produce sin autorización judicial.
Una vez en el centro de protección terapéutico
Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación ante las denuncias que ha recibido sobre los abusos y violaciones de derechos humanos que sufren menores en algunos de estos centros: violaciones de la intimidad, humillaciones, regímenes disciplinarios contrarios a las normas y tratados internacionales, castigos corporales, aislamiento forzado, contenciones físicas abusivas e, incluso, contenciones farmacológicas, todo ello prohibido en los tratados internacionales, firmados y ratificados por España.
Estos abusos se cometen con total impunidad, ya que no existen vías rápidas y sencillas que permitan a los menores denunciar, acceder a un abogado, y sobre todo, que se abran investigaciones pertinentes, rápidas e imparciales.
Violaciones del derecho a la salud
* Prácticamente ninguno de los menores entrevistados por Amnistía Internacional sabía qué se le estaba administrando y por qué. Se viola así, la Ley del Paciente (Ley 41/2002), en la que se señala que los menores de más de 12 años deben tener la información necesaria sobre sus diagnósticos, tratamientos y los efectos que éstos puedan tener, para dar su consentimiento a recibir dicho tratamiento.
* La sobremedicación es una práctica generalizada en estos centros y es utilizada para contener y castigar a los menores.
“Además este exceso de medicación se utiliza no como parte de un tratamiento médico o de un diagnóstico, sino que es utilizado para contener, calmar y castigar a los menores, y en muchas ocasiones las medicinas se administran por personal no cualificado”, señaló Esteban Beltrán.
Contenciones físicas y aislamientos
* Las contenciones físicas, farmacológicas o las medidas de aislamiento se realizan sin supervisión judicial, ni fiscal. La Convención de los Derechos del Niño prohíbe expresamente el aislamiento físico como castigo, en celdas que recuerdan a prisiones a menores de edad.
* Tanto Amnistía Internacional, como en su día el Defensor del Pueblo, denuncian cómo en los centros de protección terapéuticos, los menores pueden estar atados, amordazados y sedados en una silla o atados a una cama con herrajes aislados más de 48 horas, o como pueden ser aislados en unas celdas o habitaciones de aislamiento, en algunos casos hasta semanas.
“Mientras que en una prisión, e incluso en los centros de reforma para menores infractores, cualquier medida de aislamiento debe ser autorizada por un juez de vigilancia penitenciaria, en los centros terapéuticos de menores cualquier medida sobre medicación forzada, sobre sometimiento a contención física, o sobre celdas de aislamiento, no tiene apenas supervisión judicial, ni fiscal y menos, autorización judicial. Con lo cual depende del criterio que tenga cualquier educador, cualquier personal de estos centros, y ni siquiera ese criterio es común en todo el Estado”, explicó Esteban Beltrán.
Resultados de las políticas públicas de intervención con menores
No existen evaluaciones sobre los resultados de las políticas públicas de intervención con menores, ni estatales, ni en ninguna de las comunidades autónomas objeto de este estudio. Por lo tanto, se desconoce el efecto de las medidas y regímenes aplicados por estos centros en los menores. Pero, Amnistía Internacional ha podido observar que el periplo de los menores con trastornos de conducta o en dificultades sociales por centros terapéuticos no culmina con resultados positivos ni para ellos, ni para sus familias. Organizaciones, familiares, e incluso fiscales y abogados han expresado su preocupación a Amnistía Internacional por el alto número de menores que pasan de protección a reforma y después a la cárcel.
Paradójicamente, Amnistía Internacional ha encontrado casos en los que los menores entran en un círculo de exclusión: sus padres no pudieron hacerse cargo de ellos por diferentes motivos, ellos salen de los centros al cumplir la mayoría de edad, y especialmente las mujeres que han estado tuteladas por la administración, cuando tienen hijos, estos les son retirados por no considerarlas aptas para educarlos. De esta manera se perpetua el ciclo de exclusión, generación tras generación.
Medidas para acabar con la impunidad
“Si yo por ejemplo, atara a mi hija en una silla con cinta de embalar, si yo además le diera medicación sin decirle para qué, si además la mantuviera varios días aislada en una habitación, si además me negara a informar a nadie de lo que le ocurre a mi hija. Si eso ocurriera, el fiscal o la autoridad judicial correctamente me quitaría a mi hija. Si eso lo hace el Estado en los centros terapéuticos, como ha documentado AI en este informe, no pasa absolutamente nada y nadie paga por ello y el menor sigue allí”, manifestó Esteban Beltrán.
Por ello, Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción a través de www.actuaconamnistia.org, en la que pide al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero:
* Que impulse una investigación urgente sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos que se cometen contra menores en centros de protección terapéuticos, denunciadas tanto por el Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo Andaluz y Amnistía Internacional, entre otros.
* Que elabore, junto con los Gobiernos de la Comunidades autónomas, protocolos para contar, controlar y supervisar todos los centros de protección terapéuticos, según establecen los estándares internacionales y en cumplimiento de sus obligaciones sobre protección de menores.
* Que aborde la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, para que la supervisión judicial deje de estar en el papel y pase a la práctica durante todo el tiempo que un menor está siendo intervenido por la Administración.
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/castigos-aislamiento-y-medicacion-forzada-recetas-recurrentes-en-el-tratamiento-de-menores-protegi/
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[Madrid] Un centenar de personas se concentran ante el IMMF para recordar que la muerte de Hamid sigue impune
Un centenar de manifestantes se han concentrado esta mañana en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hamid A., uno de los adolescentes y niños tutelados que han muerto bajo custodia del entramado O´Belén. Hace 12 meses que el cuerpo de Hamid (13 años) apareció sin vida en una celda del centro de menores Picón de Jarama
Un centenar de manifestantes se han concentrado esta mañana en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hamid A., uno de los adolescentes y niños tutelados que han muerto bajo custodia del entramado O´Belén. Hace 12 meses que el cuerpo de Hamid (13 años) apareció sin vida en una celda del centro de menores Picón de Jarama; sin embargo ninguno de los sujetos vinculados directa o indirectamente con su presunto suicidio ha sufrido consecuencia alguna. Tanto Juan Carlos Rodriguez Crespillo (director del centro) como María Victoria Ruiz Pérez (Directora del Área de Coordinación de Centros) y Paloma Martín Martín (gerente del IMMF) siguen disfrutando incluso de los beneficios que les reportan sus puestos. Tan sólo Sebastián Jiménez Villa, educador denunciado por su presunta participación en una brutal agresión a un compañero de Hamid, ha sido despedido.
La concentración ha transcurrido entre gritos exigiendo el fin de la reclusión de menores, así como la clausra inmediata de Picón de Jarama. Pese a las condiciones climatológicas y tratarse de un día laboral, decenas de personas se han acercado a las puertas del Instituto Madrileño del Menor y la Familia a recordar que mientras continúen el maltrato y la impunidad, continuará la lucha.
HASTA QUE TOD@S SEAMOS LIBRES. QUE NO SE OLVIDEN LAS MUERTES DE HAMID (13 años), SARAY (14 años) Y DAVID (12 años), FALLECIDOS BAJO CUSTODIA DEL ENTRAMADO O´BELÉN.
Otro Madrid
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Un centenar de manifestantes se han concentrado esta mañana en conmemoración del primer aniversario de la muerte de Hamid A., uno de los adolescentes y niños tutelados que han muerto bajo custodia del entramado O´Belén. Hace 12 meses que el cuerpo de Hamid (13 años) apareció sin vida en una celda del centro de menores Picón de Jarama; sin embargo ninguno de los sujetos vinculados directa o indirectamente con su presunto suicidio ha sufrido consecuencia alguna. Tanto Juan Carlos Rodriguez Crespillo (director del centro) como María Victoria Ruiz Pérez (Directora del Área de Coordinación de Centros) y Paloma Martín Martín (gerente del IMMF) siguen disfrutando incluso de los beneficios que les reportan sus puestos. Tan sólo Sebastián Jiménez Villa, educador denunciado por su presunta participación en una brutal agresión a un compañero de Hamid, ha sido despedido.
La concentración ha transcurrido entre gritos exigiendo el fin de la reclusión de menores, así como la clausra inmediata de Picón de Jarama. Pese a las condiciones climatológicas y tratarse de un día laboral, decenas de personas se han acercado a las puertas del Instituto Madrileño del Menor y la Familia a recordar que mientras continúen el maltrato y la impunidad, continuará la lucha.
HASTA QUE TOD@S SEAMOS LIBRES. QUE NO SE OLVIDEN LAS MUERTES DE HAMID (13 años), SARAY (14 años) Y DAVID (12 años), FALLECIDOS BAJO CUSTODIA DEL ENTRAMADO O´BELÉN.
Otro Madrid
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