Prosiguen los aislamientos de menores no condenados

El Comité contra la Tortura de la ONU ha exigido información al Gobierno español por las críticas al sistema de protección de menores vertidas por el Defensor del Pueblo en febrero de este año.

El 2 de diciembre se cumplió un año del suicidio del adolescente Hamid A. cuando se encontraba aislado en su habitación del centro Picón del Jarama. Ese día, un centenar de personas, convocadas por la Asamblea de Centros Cerrados, se concentraron en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) para denunciar las responsabilidades de Juan C. Rodríguez Crespillo (director del centro), María Victoria Ruiz Pérez (directora del Área de Coordinación de Centros) y Paloma Martín Martín (gerente del IMMF) en el caso. El suicido de Hamid fue el triste colofón de las denuncias que desde hace años realizan los afectados, sus familias y diversos grupos de apoyo en todo el Estado contra el actual modelo de protección de menores.

El sesgo punitivo de la atención a menores tutelados fue la base para que la oficina del Defensor del Pueblo decidiera investigar lo que sucedía en centros como el de La Jarosa, que cerró un día después de la visita de esta oficina, o el de Picón del Jarama. Su informe, presentado en febrero, ha servido, como declaró Juan Ignacio Ruiz Huerta de la oficina del Defensor del Pueblo durante el seminario Delito y prisión, “para que se moderen en algunos casos las prácticas de aislamiento” y ha empujado a la comunidad de Castilla-La Mancha a cerrar “dos de los peores centros”, el de Casa Joven (Azuqueca de Henares) y el de Villaconejos de Trabaque.

No obstante, la impresión de Ruiz Huerta “es que la mayoría de las respuestas han quedado en fuegos artificiales”.

Las mismas prácticas

En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU expresaba su preocupación por la falta de información sobre las medidas adoptadas para responder a las “serias preocupaciones expresadas por el Defensor del Pueblo”, en particular a la práctica de aislamiento, así como de la administración de fármacos “que se realizaría sin adecuadas garantías”, según dicho Comité. El Gobierno no ha respondido o “se ha ido por los cerros de Úbeda” en este tema, expuso Ruiz Huerta.

Mientras las cosas de palacio siguen su ritmo, a la espera de una reunión entre las consejerías autonómicas, que debería servir para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas que están en centros terapéuticos y de reforma, la realidad es que se siguen produciendo las prácticas que criticaba el citado informe. El Colectivo Social y Justicia de Asturias ha denunciado al Defensor del Pueblo la situación de algunos menores en el centro de Miraflores. Como el Picón del Jarama, éste es un centro al que van niños y adolescentes entre 12 y 18 años que no han sido condenados por ningún delito, pero a diferencia del centro madrileño, Miraflores está gestionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y no por una empresa intermediaria como Fundación O’Belén o Grupo Norte.

Las denuncias contra este centro vienen porque Miraflores funciona con dos regímenes, uno general y otro especial, en el que los niños pueden estar privados de libertad y en un módulo, separados de sus compañeros 24 horas y hasta siete días sin pisar la calle. En febrero, el Defensor del Pueblo subrayó, en referencia al decreto 48/2003, que el marco legislativo “particular” de Asturias es el que permite que la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado tramite de urgencia y sin autorización judicial el ingreso de los menores en las llamadas “unidades de régimen especial”. Desde el Colectivo Social y Justicia explican que hay otro centro de estas características, pero sólo hay pruebas en el de Miraflores, un centro que a menudo está vacío porque constantemente se producen fugas.

Diagonal



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