La Policía Local utilizó en las cargas del Cabanyal porras ilegalizadas en España

Tanto la Guardia Civil, como la Policía Nacional y la Ertzaintza tienen prohibida su utilización. Además, Amnistía Internacional investiga su uso porque “puede llegar a agujerear la cabeza”. Pese a ello, el cuerpo municipal utilizó estas armas en sus cargas contra los vecinos del Cabanyal que se manifestaban contra los derribos.

UN POLICÍA LOCAL EMPUÑA UNA DE LAS PORRAS ILEGALES. FOTOS: EVA MÁÑEZ. Emborronado de cara: Infopunt

LUCAS MARCO. 28 abril 2010. Diari l'Informatiu.com

“En la Policía Local el uso de porras extensibles está autorizado, la propia jefatura las reparte aunque hay gente que se la compra por su cuenta”, confirmaron a este diario fuentes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunitat. La Dirección General de la Policía Nacional y la Guardia Civil prohibe su uso entre sus agentes, al igual que la policía autonómica vasca que en 2005 decidió prohibir su uso al detectar que alrededor de 2000 agentes habían adquirido una por su cuenta.

Sin embargo, durante las cargas policiales contra las protestas pacíficas de los vecinos del Cabanyal, al menos tres agentes, dos de ellos protegidos con cascos en la cabeza, usaron estos utensilios, según muestran las numerosas fotografías de los hechos. En varias ocasiones la Policía Local cargó en coordinación con las unidades de intervención policial (antidisturbios) de la Policía Nacional contra vecinos que protestaban pacíficamente contra los derribos. También empujaron y zarandearon a concejales y diputados del PSPV, EUPV e Iniciativa. Tanto Mònica Oltra, como Marga Sanz denunciaron a la policía, al igual que haría más tarde Salvem el Cabanyal.

“El problema es su utilización, porque la porra no se suele utilizar para golpear, sino para apartar”, indica el Sindicato Profesional de Policías Locales. Sin embargo en la Policía Nacional y la Guardia Civil su uso está prohibido. Un portavoz del Sindicato Unificado de Policía de Valencia señaló a este diario que las porras extensibles “llevan una punta de acero que si das en la cabeza, haces un agujero”. “Es fácil de llevar, es pequeñita, pero no es un instrumento de defensa”, comentó el portavoz del SUP.

Amnistía Internacional, que ya documentó el uso de las pistolas táser por parte de algunos cuerpos policiales españoles, indaga ahora sobre el uso de las porras extensibles en la Policía Local de varios Ayuntamientos, entre ellos el de Valencia, según indicó un responsable de prensa de la ONG de defensa de los derechos humanos. También señaló que su organización había enviado una carta al secretario de Estado de Seguridad pidiendo explicaciones por la violencia policial en el Cabanyal, ya que “las imágenes han sido brutales”.

Para el Sindicato Profesional de Policías Locales, el decreto 181/1998 del Gobierno valenciano “deja la puerta abierta” al uso de las porras extensibles, aunque reconocen que “existe confusión y no hay un apoyo claro a este tipo de herramientas”. El artículo 23 de la Ley 6/1999 de Policías Locales y de Coordinación de Policías Locales en la Comunitat Valenciana señala que “el Consell de la Generalitat procederá a homologar el material necesario estableciendo las prescripciones técnicas”, algo que el entonces gobierno autonómico de Eduardo Zaplana hizo en el decreto 181/1998 sobre homogeneización de medios técnicos, acreditación y registro de policías locales en la Comunitat Valenciana que se aplica en la actualidad.

El anexo tercero del decreto, que detalla minuciosamente los medios técnicos de defensa que deberán usar los policías locales, no incluye las porras extensibles. Este anexo especifica que la porra deberá ser de “madera de buena calidad”, aunque también señala que “igualmente podrá ser de otro material rígido e indeformable”. Este diario intentó ayer, sin éxito, aclarar la regulación de las porras extensibles a través del departamento de prensa de la Concejalía de Policía Local del Ayuntamiento de Valencia.

La violenta intervención de los agentes antidisturbios de la Policía Nacional no estuvo exenta de polémica. Por un lado, el Ministerio del Interior se vio obligado a anunciar una investigación sobre un agente que portaba una insignia franquista, captada por un fotógrafo de El País. En estos momentos hay varias denuncias cruzadas entre manifestantes y policías. Es más, la propia Policía Local ha denunciado a la diputada de Compromís, Mònica Oltra, y a otros cargos públicos por alterar el orden público.

Y es que entre los movimientos sociales y vecinales de la ciudad no se recordaba una violencia policial tan intensa desde hacía años. Un joven manifestante relató a este diario cómo recibió un pelotazo en el pecho por parte de un antidisturbio situado a unos veinte metros de distancia. Las pelotas de goma deben ser disparadas a más de 30 metros de distancia, en un espacio abierto y siempre de la cintura para abajo, para evitar casos como el de Rosa Zarra, una ciudadana que falleció en 1995 a consecuencia de un pelotazo de la Ertzaintza durante una manifestación de Herri Batasuna.

Además, según ha podido saber l'Informatiu, las porras usadas por la Policía Local de Valencia son de la marca ASP, una firma norteamericana que distribuye estos utensilios en el Estado español a través de la empresa barcelonesa Andreu Soler i Associats. La citada mercantil vende este producto por unos precios que oscilan entre los 75 y los 137 euros.