El PSOE regatea con el castigo a la manta

El partido del Gobierno presenta en el Congreso una enmienda que quiere tasar las ‘mantas’ por el valor de los originales en el mercado y fija en 400 euros el límite entre el crimen y la simple falta. Si prospera dicha enmienda, tan sólo harían falta unas 25 copias y un juez dispuesto a aplicar textualmente la ley para llevar a un mantero a la cárcel.

Un mantero puede llevar encima 200 películas, pero si prospera la enmienda que quiere introducir el PSOE en el Código Penal, tan sólo harían falta unas 25 copias y un juez dispuesto a aplicar textualmente la ley para llevarlo a la cárcel. 25 copias originales valen en el mercado unos 400 euros, la cantidad fijada por los social-liberales para separar la simple falta administrativa del delito. O lo que es igual, la cantidad que separa la libertad de la cárcel, la posibilidad de regularizar la situación en España de la condena a vivir en la clandestinidad.

El Grupo Parlamentario socialista ha variado así la propuesta del Gobierno presentada en noviembre, calificada por los grupos que apoyan la despenalización de la venta callejera como insuficiente y poco concreta. La reforma contestaba a la presión social abriendo algunas vías para sustituir la pena de cárcel por multas y trabajos para la comunidad, pero dejaba al criterio del juez establecer cuán escasa o alta era la cantidad intervenida al mantero. La nueva redacción, presentada a comienzos de marzo en el debate de enmiendas para la reforma del Código Penal, toma como referencia la tasación de 400 euros propuesta por la Plataforma de juristas por la despenalización de la venta callejera. Pero hay truco. Los 400 euros de los grupos prodespenalización se referían al beneficio obtenido por el mantero, una cantidad muy alta que permitiría en la práctica evitar las penas de cárcel.

Para el grupo parlamentario socialista, la tasación se basa en el valor de los originales en el mercado. “Se trata de una simple reforma de ficción que no cambiaría en nada la situación de los manteros”, sentencia Teresa Ramos, abogada del Ferrocarril Clandestino, una red que impulsa junto con la Asociación de Sin Papeles de Madrid el asesoramiento y la organización de los vendedores.

La campaña por la despenalización, desarrollada en una decena de ciudades del Estado español, se ha reunido estos meses con representantes de todos los grupos parlamentarios, con la excepción del PP. IU, ICV y ERC hicieron suya la propuesta elaborada por la Plataforma de Juristas y presentaron una enmienda por la despenalización. En medio de una reforma del Código Penal secuestrada por los titulares de prensa y el populismo punitivo, la posibilidad de que pesen más los compromisos del PSOE con CiU y con el propio PP que con los grupos situados a su izquierda es alta. El artículo del Código Penal por el que casi cien vendedores se encuentran ahora en la cárcel y cientos de ellos presentan antecedentes penales podría permanecer con variaciones insustanciales como la presentada por el PSOE.

Diagonal