El TSJ reafirma la orden que frenó los derribos en el Cabanyal

El tribunal desestima el recurso presentado por Generalitat y Ayuntamiento contra la sentencia que avalaba la orden de Cultura de paralizar los derribos

Extraido del Levante


EFE, VALENCIA El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia contra la sentencia que avalaba la Orden del Ministerio de Cultura que paraliza el plan urbanístico del Cabanyal-Canyamelar por considerar que comete expolio.

Así lo han indicado fuentes de la Plataforma Salvem el Cabanyal-Canyamelar en un comunicado, en el que consideran que esta nueva sentencia, que "reafirma" la Orden y contra la que no cabe recurso, supone "otro fracaso judicial del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat".

La resolución de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, hecha pública por la plataforma, desestima el recurso de reposición presentado por ambas Administraciones valencianas, después de que la misma Sala resolviera a favor de la Plataforma el incidente de ejecución de sentencia promovido por Ayuntamiento y Generalitat.

"El Ayuntamiento y la Generalitat han agotado esta vía que tanto tiempo y dinero han hecho perder para la definitiva rehabilitación del Cabanyal-Canyamelar", han señalado las fuentes.

La Plataforma Salvem el Cabanyal exige al Ayuntamiento que "cumpla con la legalidad vigente" e inicie "de una vez por todas los cambios necesarios" en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal "con el fin de eliminar todo lo que supone expolio" y "destrucción del patrimonio del Conjunto Histórico Protegido".

"Animamos a los partidos políticos con representación municipal a que exijan, con la contundencia que merece la tozudez del gobierno municipal, la rápida revisión y adaptación del PEPRI según las directrices de la Orden Ministerial de 2010", agregan fuentes de la Plataforma.

En su opinión, la actitud del gobierno municipal "nada más contribuye a malgastar los recursos públicos y a utilizar de forma partidista los servicios jurídicos que han de velar por el interés general".

En su comunicado critican que esos servicios se utilicen para "preparar informes de encargo -promover su interpretación de la imposibilidad de dar licencias de obra y actividad- y recursos judiciales que no tienen fundamentos jurídicos suficientes, tal y como demuestran las sucesivas sentencias que han dictado los tribunales en los últimos años".