Justícia quiere juntar a todos los presos de BCN en una nueva cárcel

No hay fecha. Ni siquiera han comenzado las obras. Por el momento, lo único que hay es la firme intención de la Conselleria de Justícia de agrupar en un único gran centro penitenciario de la Zona Franca a todos los presos que actualmente hay en las cárceles de Barcelona: la Modelo, el Centro Penitenciario de Mujeres y la sección abierta de Wad Ras, y el centro abierto de la Trinitat.


Fernández Bozal hizo este anuncio en su comparecencia en la comisión de justicia del Parlament para presentar los presupuestos de la conselleria para el 2012. Fuentes del departamento explicaron que «la prioridad es el traslado de los presos de la Modelo» a un centro de preventivos en la Zona Franca cuya construcción aún no se ha iniciado. De hecho, ese anuncio obliga a replantear el proyecto inicial, que solo contemplaba que en el nuevo edificio se alojaran internos de la Modelo.

CONDICIONES «INDIGNAS» / Semanas atrás, en plenas movilizaciones de los funcionarios de prisiones, el director de Serveis Penitenciaris, Ramon Parés, reconoció que las condiciones de los reclusos en la Modelo «son indignas».

Además, fuentes de la conselleria señalaron que la nueva ubicación será «mucho más práctica, pues está al lado de la Ciutat de la Justícia, lo que facilitará los traslados de presos para asistir a juicios y a ruedas de reconocimiento».

La consellera también aseguró que trabajan para abrir el centro penitenciario Puig de les Basses, en Figueres (Alt Empordà), «lo antes posible», pero tampoco concretó plazos. Todo ello depende, según Bozal, de las «disponibilidades presupuestarias». Estas no parecen muy halagüeñas pues en su comparecencia la consellera avanzó que el presupuesto de su departamento será para el 2012 de 866 millones de euros, 31 millones (un 3,4%) menos que en el año anterior.

Esa magra disponibilidad financiera puede aliviarse con los ingresos que llegarán de la mano de la futura aplicación de tasas judiciales. Fernández Bozal señaló que esas tasas se comenzarán a aplicar este año una vez que se consiga la aprobación parlamentaria. Justícia espera recaudar entre 15 y 20 millones de euros al año con esos pagos -de los 60 a lo 120 euros-, que se implantarían en las demandas civiles y en los contenciosos administrativos, y puso como ejemplo algunas demandas económicas y los recursos de apelación.

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO / La portavoz del Partido Popular pidió a la consellera en su comparecencia que diera marcha atrás a la decisión de cerrar la oficina de información y asesoramiento para las víctimas del terrorismo que se creó durante el tripartito, en abril del 2010.

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