Contra la reforma del reglamento penitenciario y la consolidación del régimen de aislamiento

Comunicado de la Coordinadora Estatal en Solidaridad con las Personas Presas


Esta reforma es un simple blanqueamiento de las verdaderas intenciones de la actual política penitenciaria: encierro y seguridad. Creemos que no es de recibo contentarnos con exhibir el artículo 25 de la constitución española en la entrada de las cárceles españolas, y sin embargo, seguir haciendo reformas que no facilitan que las personas presas tengan derecho a la reeducación y reinserción social.

Esta reforma actual cierra las puertas al mandamiento constitucional que en el art. 25.2 dice: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

Hoy 15 de Abril de 2011 entra en vigor una modificación del reglamento penitenciario en el que, con palabras bondadosas, el gobierno de turno incluye aquello que el Tribunal Supremo dictaminó que era contrario a nuestro ordenamiento constitucional. Esta reforma, y las concreciones que deben seguir, reiteran el aislamiento como tratamiento preferencial de las personas presas. Entendemos que esta reforma sigue manteniendo la puerta abierta al maltrato y la tortura psicológica. El mismo Comité contrala Torturade Naciones Unidas, reconoce que el régimen fíes en sí mismo, puede constituir maltrato.

Estamos en un estado de derecho en el que la Constitución, La ley Orgánica Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario, reconocen los derechos de las personas presas, su dignidad, prohibiendo expresamente las torturas y los malos tratos y establecen la obligación de las instituciones penitenciarias de respetar la ley en su ejercicio del poder, diseñando un sistema penitenciaria en que el tratamiento debe ser la prioridad fundamental. La situación es que nos encontramos en un régimen penitenciario donde la seguridad está por encima de todo tratamiento posible.

Las Madres Unidas, junto a otro montón de colectivos de todo el Estado Español, recurrieron esta instrucción del régimen FIES y consiguieron que el Tribunal Supremo, el 17 de Marzo de 2009, declarase nulo de pleno derecho las “normas de seguridad, control y prevención relativas a internos muy conflictivos y/o inadaptados”. El Tribunal Supremo dictaminó que dicho régimen vulnera la jerarquía de las normas con que los españoles regulamos nuestra vida.

Este régimen de vida, lógicamente, acaba destrozando lo que nuestra constitución española indica sobre las penas privativas de libertad: están orientadas a la reinserción social. Dicho régimen acaba generando serios problemas de salud mental así como dificultades agudas para poder volver a vivir en libertad.

Estamos hablando de personas presas que viven en una cárcel dentro de la cárcel. La vida de estas personas es que pueden estar más de 20 horas diarias solos en la celda, no pueden salir juntos al patio, teniendo que realizar los paseos en solitario, se realizan controles nocturnos hasta de tres veces una noche, también se les somete a cacheos continuos en la celda, así como a traslados arbitrarios de centros penitenciarios o de celdas.

Desde hace muchos años comprobamos cómo la vida de las personas presas que reivindicaban y luchaban se veía muy aislada, dentro de la cárcel, debido a un régimen que se inventó el entonces director general de prisiones llamado FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento). Este régimen restringe los derechos fundamentales de las personas presas.

Exigimos que la vida de las personas presas no se organice por instrucciones de carácter administrativo. Así mismo interpelamos a la actual dirección general de instituciones penitenciarias que adapte sus reglamentaciones a las recomendaciones de los Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

Creemos además que toda política que tenga que ver con las personas privadas de libertad debe gozar de la mayor participación y consenso de la sociedad en su conjunto.

Madrid, 15 de Abril de 2011

COORDINADORA ESTATAL EN SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS PRESAS

Madres Unidas Contrala Droga, Coordinadora de Barrios, C.P. San Carlos Borromeo, Asociación Traperos de Emaús – Madrid

Tokata

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