Trabajo admite que el plan de choque contra el paro abarata la contratación

El secretario de Estado de Seguridad Social cambia el discurso mantenido hasta ahora por el Ministerio
La exención de cuotas que el Gobierno aprobó el viernes para los contratos a tiempo parcial tiene un objetivo: abaratar la mano de obra para estimular la creación de empleo. Así lo ha admitido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado: "En términos casi comerciales, vamos a ver si ponemos barata la mercancía de contratación de nuevos trabajadores para conseguir que luego pasen a ser cotizantes de la Seguridad Social". Posteriormente, el Ministerio de Trabajo espera que los empleos que se creen pasen "a ser cotizantes a la Seguridad Social".

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un plan de choque para estimular la contratación a tiempo parcial de jóvenes y parados de larga duración mayores de 45 años. El plan se basa principalmente en la exención total de cuotas sociales durante un año para las empresas de menos de 250 trabajadores que contraten durante 2011 por al menos el 50% de la jornada (la rebaja queda en el 75% para las compañías con más empleados).

Esta medida supone, evidentemente, un abaratamiento temporal de la mano de obra. Pero es la primera vez que un responsable del Ejecutivo lo admite y más con esta crudeza. Esto, en definitiva, supone un cambio de actitud respecto de lo defendido hasta ahora desde el Ministerio de Trabajo, donde se negaba la posibilidad de rebajar las contribuciones a la Seguridad Social puesto que de lo que se trataba era de reformar el sistema para asegurar su futuro.

La rebaja de cuotas, siquiera temporal, supone asumir, en parte, el discurso tradicional de la patronal. El recorte de cotizaciones general es una de las reclamaciones históricas de CEOE, redoblado durante la crisis. Los sindicatos, por su parte, se han opuesto. La aprobación de UGT y CC OO a esta medida, enmarcada en el Acuerdo Social y Económico, fue posible porque solo estará en vigor durante un año.

En concreto, por poner "barata la mercancía de contratación de nuevos trabajadores", la Seguridad Social dejará de ingresar unos 235 millones de euros si se cumplen los objetivos de Trabajo (la creación de 100.000 puestos de trabajo a tiempo parcial). No obstante, Granado afirmó que en su departamento no se descarta recibir una compensación por parte de los Servicios Públicos de Empleo, ya que con el estímulo a la contratación esperan ahorrar gasto en el pago de prestaciones y subsidios a parados.

El País

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Trabajo ayudará con 262 euros por contrato parcial a las empresas

La Seguridad Social dejará de ingresar 235 millones por el plan de choque

Frenar el deterioro del mercado laboral y proteger a los parados sin ingresos como recoge el acuerdo de empresarios, sindicatos y Gobierno va a suponer un esfuerzo presupuestario considerable. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley para estimular la contratación a tiempo parcial de jóvenes hasta 30 años y parados mayores de 45 años y un programa de protección e inserción laboral para parados sin ingresos. El Ministerio de Trabajo ya ha echado cuentas. Con cada contrato que se firme, la Seguridad Social dejará de ingresar una media de 262 euros al mes (la ayuda consiste en que el empresario no paga las cuotas sociales durante un año). El nuevo subsidio a parados costará 400 millones.

El plan de choque para impulsar los contratos a tiempo parcial -infrautilizados en España en comparación con otros países europeos- permitirá que durante un año las empresas dejen de pagar el 100% de las cuotas sociales (si la compañía tiene más de 250 trabajadores, la rebaja será del 75%). Trabajo calcula que esto supondrá una merma de 23,5 millones cada 10.000 contratos en las arcas de la Seguridad Social.

Así, si al final del programa, que durará 12 meses, se cumplieran el objetivo gubernamental de lograr 100.000 nuevos contratos, el coste total sería de 235 millones. No obstante, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, recordó que si se crean empleos se reduciría el gasto en prestaciones y que, además, esta ayuda evita que se paguen otras bonificaciones para contratos a tiempo parcial. De ahí que, en una conversación posterior, Gómez se mostrara dispuesto a buscar fórmulas de compensación al instituto público.

El ministro enfatizó que para que las empresas puedan beneficiarse de esta ayuda tendrán que aumentar plantilla. Se trata de evitar la sustitución de trabajadores por los que ahora las compañías cotizan por otros por los que no lo harían. Además, los nuevos contratos tendrá que comprender entre el 50% y el 75% de la jornada a tiempo completo y tener una duración superior a los seis meses.

La otra medida estrella del decreto aprobado ayer, que el Gobierno espera sea convalidado con celeridad por el Parlamento, es un plan de protección a los parados sin prestación y que no tengan ingresos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (641,4 euros al mes). Consistirá en una paga mensual de 400 euros durante medio año para quienes cumplan las condiciones desde el 16 de febrero (un día después de que finalice el PRODI).

El Ejecutivo calcula que los potenciales beneficiarios de esta ayuda ascenderán a 192.000 parados, lo que supondrá un desembolso total de 400 millones. Para hacer frente a este gasto, el Gobierno ha dispuesto 200 millones procedentes de Trabajo y otros 200 que salen del resto de ministerios. "Los 400 euros serán de acompañamiento", recalcó Gómez, para a continuación recordar que esta paga estará vinculada al seguimiento de itinerarios de inserción laboral y formación por parte de los parados que la reciban.

"La cuantía de esta ayuda es escasa", se apresuró ayer a valorar CC OO "por ir dirigida a las personas desempleadas con mayores dificultades de inserción laboral y que carecen de rentas". Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, subrayó que la nueva ayuda es un "derecho subjetivo" y que servirá para reorientar y recualificar a los desempleados.

El País

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