El Gobierno francés deporta romaníes y la UE mira para otro lado

Ni las críticas de la Comisión Europea, ni las de la ONU, ni la de distintos grupos que trabajan con inmigrantes o las de los grupos de la oposición han impedido que el Gobierno de Nicolas Sarkozy siguiera adelante con sus planes y, tal y como anunció, deportase ayer a 93 gitanos rumanos a Bucarest. Esta medida puede incluso resultar ineficaz, puesto que muchos de los deportados ya piensan en regresar legalmente al Estado francés.



El Estado francés expulsó ayer a Bucarest a 93 gitanos rumanos, los primeros desde que el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, anunciase la puesta en marcha de medidas específicamente dirigidas a esta población, lo que ha sido criticado por ser considerado discriminatorio.

Un vuelo partió del aeropuerto Saint-Exupéry de Lyon con 79 gitanos a bordo, mientras que otros catorce embarcaron en París, según informó el Ministerio rumano del Interior. Otro vuelo está previsto para hoy "con un centenar de personas" y un tercer avión servirá para llevar a cabo nuevas deportaciones el 25 de agosto.

A su llegada a Bucarest, "estos ciudadanos fueron recibidos por las autoridades responsables del ámbito de la reinserción", indicó Bucarest, a quien las organizaciones en defensa de los gitanos reclaman medidas a favor de esta minoría.

"Cada una de las personas alejadas ha sido objeto de un examen individual sobre las condiciones de su estancia en Francia", aseguró el Gobierno francés, respondiendo a las tibias críticas de la Comisión Europea, que recordó a París que "debe respetar las leyes sobre libertad de circulación y residencia en la Unión Europea (UE).

Hasta finales de mes, París deportará a 700 gitanos tras el desmantelamiento de unos 50 campos desde que comenzó a endurecerse la política migratoria a finales de julio.

Tras un suceso aislado -un tiroteo con policías protagonizado por gitanos franceses-, el Gobierno de Sarkozy anunció el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales en el Estado francés en un plazo de tres meses y que deportaría a Rumanía y Bulgaria a los gitanos que "hayan cometido delitos contra los bienes o fraudes".

Los gitanos que abandonaron ayer el Estado francés aceptaron "la ayuda al retorno voluntario", consistente en 300 euros y cien euros más por menor de edad a su cargo.

"Llegan los `franceses'", tituló el diario rumano "Evenimentul Zilei", destacando que la de ayer es una más de las deportaciones que lleva a cabo el Estado francés. "Pero como no hay un programa de reinserción coherente, mucho volverán a marcharse", destacaba la publicación.

Se trata de la vigesimoquinta repatriación de este tipo que ha llevado a cabo el Estado francés este año. Pese a todo, París es plenamente consciente que aquellos a los que envió ayer a Bucarest pueden regresar al Estado francés hoy mismo, puesto que no necesitan ni visado ni ninguna clase de permiso.

Rumanía y Bulgaria ingresaron en la UE en 2007, por lo que sus ciudadanos pueden quedarse en el Estado francés durante tres meses sin tener que justificar ninguna actividad.

A partir de este periodo, tienen que tener un empleo, estudiar o justificar que disponen de los recursos necesarios para mantenerse.

Para evitar que vuelvan aquellos que han recibido la "ayuda voluntaria al retorno", está previsto que el Estado francés ponga en marcha, a partir de setiembre, un fichero biométrico. A quienes no acepten la "ayuda voluntaria al retorno", se les notificará que "tienen que abandonar obligatoriamente el territorio francés" en un plazo máximo de un mes.

Los gitanos rumanos (roms) pueden ser unos 15.000 en el Estado francés. La mayoría viven en campamentos de chabolas en las grandes ciudades y algunos de ellos han sido acusa- dos por las autoridades francesas de dedicarse a diversos tráficos y de explotar a menores en la mendicidad.

Esta cuestión ha provocado tensiones entre París y Bucarest. El ministro rumano de Exteriores, Teodor Baconschi, declaró que estaba preocupado por "los riesgos de caer en el populismo" o las "reacciones xenófobas" que las medidas adoptadas por París puedan provocar.

Los gitanos son entre 530.000 y 2,5 millones en Rumanía. Aunque Bucarest ha llevado a cabo progresos en la educación, los gitanos aún sufren discriminación en el mercado de trabajo y en el acceso a la vivienda.

"Claro que pienso en volver a Francia. La vida es mejor allí que en Rumanía, aunque te conviertas en ilegal", declaró a France Presse Ionut Balasz, de 26 años, tras bajarse del avión en Bucarest.

Balasz vivía en Grenoble desde hace cuatro meses, junto a sus hermanos. Era su primera estancia en el Estado francés. Su compañera se quedó en Petrosani, una ciudad minera de 42.000 habitantes al oeste de Rumanía de la que son originarios. "En Grenoble trabajaba de lo que podía aquí y allí", dice.

Gara

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