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Biblioteca Oberta.
Dimarts 8 - 18:00
Biblioteca Oberta.
Divendres 11
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21:30:
Deliciós sopar vegà
23:30:
"Guitarreo y micro abierto". Música, birres... i bon ambient!
Dimarts 15 - 18:00
Biblioteca Oberta.
Dimarts 22 - 18:00
Biblioteca Oberta.
Dimecres 23 - 20:00
25 aniversari - Documental: Invisibles
Dijous 24
18:00:
25 aniversari - Xerrada Ulises sigue su viaje por Rafa Rius
23:00:
Jam poètica
Divendres 25 - 20:00
25 aniversari - Inauguració de l'exposició Con el pincel puesto de Fermín Alegre.
Dissabte 26 - 14:00
Dinarot de germanor i encontre informal de grups
Dimarts 29 - 18:00
Biblioteca Oberta.
Ateneo Libertario Al Margen
Palma, 3 bajo (Barrio del Carmen, Valencia)
www.ateneoalmargen.org
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Un ultra relata en un libro cómo Zaplana desactivó la extrema derecha en Valencia
El presidente de España 2000 denuncia al autor de la obra, que se reafirma en sus tesis
LEVANTE-EMV VALENCIA
El conocido ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas ha publicado un polémico libro en el que relata supuestas reuniones entre asesores del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y líderes de la extrema derecha en la Comunitat Valenciana para que "los falangistas" no se presentaran a las elecciones de 1999. El presidente de España 2000, José Luis Roberto, ha denunciado al autor de la obra por injurias y calumnias. Ynestrillas ha ratificado sus afirmaciones en su blog personal y asegura que acudirá al acto de conciliación que se celebra el próximo 18 de mayo.
Ynestrillas publica en su obra "La reconquista del Estado" una entrevista con Juanma Crespo, ex presidente de Falange Española-Frente Nacional Sindicalista. A preguntas del autor, Crespo cuenta supuestas reuniones a la que acuden él y José Luis Roberto, como representantes de la extrema derecha, y Antonio Gil Terrón, asesor de Presidencia de la Generalitat, y Juan Carlos Gimeno, diputado del PP, en representación de Eduardo Zaplana.
Los encuentros, según explica en el libro, se realizaron en una conocida cervecería de la plaza Manises, frente a Presidencia de la Generalitat. "Vendíamos la idea de que éramos un partido político en expansión y que en un futuro próximo podríamos conseguir alguna concejalía en Valencia y quizá hasta 20.000 votos en las elecciones autonómicas que podrían poner en apuros al PP en caso de una victoria ajustada", comenta Juanma Crespo en su entrevista. Cabe recordar que eran años en que la mayoría en la Generalitat se la repartían los populares y Unión Valenciana.
Ante esta teórica muestra de poder, Crespo asegura que "la propuesta de los portavoces del PP, quienes decían hablar en nombre del propio Eduardo Zaplana, eran las siguientes: bajo ningún concepto teníamos que presentarnos a las elecciones municipales y autonómicas y, de ese modo, recibiríamos ayudas económicas, a determinar la forma y el importe".
Crespo asegura que eso fue lo que le hizo discutir con José Luis Roberto, en aquella época, según el libro, abogado de Falange Española-FNS y que al parecer sí que pretendía seguir con la estrategia marcada por el PP. Eso sí, a las elecciones de 1999, para las que supuestamente se había cocido el pacto, sólo se presentó un partido de la extrema derecha que obtuvo poco más de 2.000 votos. Roberto y Crespo no hicieron campaña.
Años después, Roberto fundó lo que es ahora España 2000, el partido de la extrema derecha referente en la Comunitat Valenciana, con concejales en Onda y Silla. Su empresa llegó a contratar con la Generalitat en la legislatura 1999-2003, con Zaplana todavía de presidente, unos seis millones de euros en una decena de adjudicaciones por servicios de vigilancia.
El 15 de enero de 1999, la empresa de seguridad consigue un contrato de la Generalitat. El 9 de febrero de 1999 consta la adjudicación por un importe de 150.350 euros de la vigilancia en las dependencias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El 23 de octubre de 2000, el contrato tenía un importe de 88.502,39 euros por la vigilancia del Museo de Valltorta. Así siguieron media docena de contratos más con diferentes instituciones públicas.
Pero las adjudicaciones con esta empresa de seguridad han seguido creciendo hasta llegar a un caso tan paradigmático, y ya sin Zaplana, de un contrato con la Conselleria de Sanidad en 2007 por valor de 2.904.622 euros.
Reparto de droga y camiones de Canal 9
"La reconquista del Estado", de Ricardo Sáenz de Ynestrillas, asegura destapar otros escándalos en territorio valenciano. Uno llama la atención, ya que vincula a empresarios y políticos y, más insólito aún, a TVV en el tráfico de drogas. Según el entrevistado por Sáenz de Ynestrillas, Juanma Crespo, "dicho empresario hacía traer mensualmente cientos de kilos de cocaína desde Madrid a Valencia para su distribución. La droga viajaba a bordo de camiones de Canal 9, la televisión valenciana". Estas graves acusaciones no se pueden desligar del gran conflicto existente en la extrema derecha, concretamente entre los partidos España 2000 y Democracia Nacional.
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LEVANTE-EMV VALENCIA
El conocido ultra Ricardo Sáenz de Ynestrillas ha publicado un polémico libro en el que relata supuestas reuniones entre asesores del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y líderes de la extrema derecha en la Comunitat Valenciana para que "los falangistas" no se presentaran a las elecciones de 1999. El presidente de España 2000, José Luis Roberto, ha denunciado al autor de la obra por injurias y calumnias. Ynestrillas ha ratificado sus afirmaciones en su blog personal y asegura que acudirá al acto de conciliación que se celebra el próximo 18 de mayo.
Ynestrillas publica en su obra "La reconquista del Estado" una entrevista con Juanma Crespo, ex presidente de Falange Española-Frente Nacional Sindicalista. A preguntas del autor, Crespo cuenta supuestas reuniones a la que acuden él y José Luis Roberto, como representantes de la extrema derecha, y Antonio Gil Terrón, asesor de Presidencia de la Generalitat, y Juan Carlos Gimeno, diputado del PP, en representación de Eduardo Zaplana.
Los encuentros, según explica en el libro, se realizaron en una conocida cervecería de la plaza Manises, frente a Presidencia de la Generalitat. "Vendíamos la idea de que éramos un partido político en expansión y que en un futuro próximo podríamos conseguir alguna concejalía en Valencia y quizá hasta 20.000 votos en las elecciones autonómicas que podrían poner en apuros al PP en caso de una victoria ajustada", comenta Juanma Crespo en su entrevista. Cabe recordar que eran años en que la mayoría en la Generalitat se la repartían los populares y Unión Valenciana.
Ante esta teórica muestra de poder, Crespo asegura que "la propuesta de los portavoces del PP, quienes decían hablar en nombre del propio Eduardo Zaplana, eran las siguientes: bajo ningún concepto teníamos que presentarnos a las elecciones municipales y autonómicas y, de ese modo, recibiríamos ayudas económicas, a determinar la forma y el importe".
Crespo asegura que eso fue lo que le hizo discutir con José Luis Roberto, en aquella época, según el libro, abogado de Falange Española-FNS y que al parecer sí que pretendía seguir con la estrategia marcada por el PP. Eso sí, a las elecciones de 1999, para las que supuestamente se había cocido el pacto, sólo se presentó un partido de la extrema derecha que obtuvo poco más de 2.000 votos. Roberto y Crespo no hicieron campaña.
Años después, Roberto fundó lo que es ahora España 2000, el partido de la extrema derecha referente en la Comunitat Valenciana, con concejales en Onda y Silla. Su empresa llegó a contratar con la Generalitat en la legislatura 1999-2003, con Zaplana todavía de presidente, unos seis millones de euros en una decena de adjudicaciones por servicios de vigilancia.
El 15 de enero de 1999, la empresa de seguridad consigue un contrato de la Generalitat. El 9 de febrero de 1999 consta la adjudicación por un importe de 150.350 euros de la vigilancia en las dependencias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El 23 de octubre de 2000, el contrato tenía un importe de 88.502,39 euros por la vigilancia del Museo de Valltorta. Así siguieron media docena de contratos más con diferentes instituciones públicas.
Pero las adjudicaciones con esta empresa de seguridad han seguido creciendo hasta llegar a un caso tan paradigmático, y ya sin Zaplana, de un contrato con la Conselleria de Sanidad en 2007 por valor de 2.904.622 euros.
Reparto de droga y camiones de Canal 9
"La reconquista del Estado", de Ricardo Sáenz de Ynestrillas, asegura destapar otros escándalos en territorio valenciano. Uno llama la atención, ya que vincula a empresarios y políticos y, más insólito aún, a TVV en el tráfico de drogas. Según el entrevistado por Sáenz de Ynestrillas, Juanma Crespo, "dicho empresario hacía traer mensualmente cientos de kilos de cocaína desde Madrid a Valencia para su distribución. La droga viajaba a bordo de camiones de Canal 9, la televisión valenciana". Estas graves acusaciones no se pueden desligar del gran conflicto existente en la extrema derecha, concretamente entre los partidos España 2000 y Democracia Nacional.
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Los detenidos confirman la denuncia de torturas
Grande-Marlaska acordó ayer enviar a prisión a Zapirain, López y Etxebarria, a quienes acusa de «integración en organización terrorista», como a Pastor, encarcelado la víspera. Todos los detenidos denunciaron haber sido objeto de duras sesiones de torturas físicas y síquicas, que los ha llevado a autolesionarse, en el caso de Pastor, y a ratificar ante el juez la declaración policial, en el caso de Zapirain. Ambos fueron amenazados con sus compañeras sentimentales.Iñigo Zapirain, Lorena López y Beatriz Etxebarria ingresaron ayer en prisión tras agotar el periodo de incomunicación, en el que denunciaron haber sido víctimas de «duras sesiones de tortura síquicas y físicas» a manos de agentes de la Guardia Civil.
Estas denuncias de tortura se suman a la de Daniel Pastor, apresado junto a los tres primeros pero que ingresó en la cárcel antes del tiempo previsto tras dos traslados al hospital. Ayer confirmó a su abogado de confianza que las hospitalizaciones se debieron a las heridas que se causó él mismo, dándose puñetazos y cabezazos contra la pared, al verse forzado a autoinculparse ante las amenazas de que, de lo contrario, su compañera sentimental, -Lorena López- sería encarcelada. Pastor, como difundirían después las agencias españolas, sí admitió ante el juez que se autolesionó, aunque precisó que lo hizo «preso de una tensión insoportable que buscaba que suscribiera una declaración policial forzada», hecho que no tuvo ningún eco en los medios.
Por su parte, Iñigo Zapirain denunció que se le aplicó «la bolsa» incluso en el furgón policial que lo trasladaba ayer desde el cuartel de Tres Cantos a la Audiencia Nacional española para que le tomaran declaración. Refirió, además, que en el trayecto sufrió duras presiones para que ratificara la declaración realizada en los calabozos. Concretamente, según apuntó, le amenazaron con «violar y torturar» a su compañera, Beatriz Etxebarria -que pasaría a disposición judicial después de Zapirain- si no corroboraba lo suscrito durante la incomunicación.
Las presiones realizadas, según comunicó a su abogado, forzaron al joven a admitir ante el juez los atentados asumidos en la declaración policial, como difundieron luego los medios de comunicación españoles.
El letrado de confianza de los jóvenes, Alfontso Zenon, relató a GARA las torturas denunciadas por los cuatro arrestados.
Indicó que en los calabozos del tribunal encontró a Zapirain muy angustiado y preocupado por el estado de su compañera, que refirió haber sufrido un trato sicológico muy duro y vejaciones de carácter sexual.
Acusada de compartir vivienda
A pesar del estremecedor relato de los arrestados, que en la mayoría de los casos pudo conocer de primera mano el propio Grande Marlaska, los tres ciudadanos vascos ingresaron ayer, junto a Pastor, en la prisión madrileña de Soto del Real.
El auto que dicta el ingreso en prisión de estos bilbainos los acusa de «integración en organización terrorista», «tenencia de armas y explosivos» y «falsificación de documentos».
Lorena López, por su parte, negó ante Grande-Marlaska que tuviera nada que ver con ninguna de las acusaciones, e incluso, según las agencias españolas, el resto de arrestados no la han señalado en ningún momento. Pese a todo, el juez especial considera que «necesariamente tenía que pertenecer a él por que facilita infraestructura con carácter permanente» a Pastor. Lo que significa que se la acusa de compartir una vivienda con su compañero sentimental.
El auto judicial sitúa, por tanto, a los cuatro jóvenes vizcainos como componentes del llamado «comando Otazua» de la organización armada ETA, que toma su nombre del militante Arkaitz Otazua, fallecido en el tiroteo con la Ertzaintza del puerto de Herrera en 2003.
Asimismo, Marlaska los señala como los responsables de catorce atentados de ETA que no estaban adjudicados policialmente hasta hoy. Entre las acciones armadas que se les imputan están las que provocaron la muerte del inspector de la Policía española Eduardo Puelles, en Arrigorriaga, y la del brigada del Ejército Luis Conde, en Santoña.
La mayoría de estas acusaciones eran bien conocidas por la opinión pública, debido a las insistentes filtraciones que se han repetido durante el tiempo que han permanecido incomunicados los cuatro bilbainos.
Sin que los detenidos hubieran pasado aún ante el juez, el Ministerio del Interior se congratulo por la importancia de los arrestos y dio por buenas las filtraciones, incidiendo en la importancia de ir esclareciendo los atentados pendientes. Saludó, además, que «prácticamente todos los atentados desde 2004 están esclarecidos, los más importantes, excepto Palmanova», localidad de Mallorca donde murieron dos guardias civiles el 30 de julio de 2009.
La operación policial se llevó a cabo en la madrugada del martes, con un saldo de cuatro detenciones y registros en Bilbo y Galdakao, donde se hallaron alrededor de 200 kilos de sustancias explosivas.
SÍ SE AUTOLESIONÓ
Daniel Pastor, que fue encarcelado el viernes, confirmó ayer a su abogado que sí se autolesionó al verse forzado a autoinculparse ante las amenazas que le realizaron respecto a su compañera sentimental.
Ares arremete contra Aralar y EA por pedir el cese de los arrestos
La declaración «No más detenciones ni torturas» ha creado gran revuelo, y el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, no ha tardado en pedir una «rectificación pública» a Aralar y a EA, además de acusarlos de «insultar a las víctimas» y de «legitimar y dar alas a los terroristas». El manifiesto fue tachado de «indecente» en un comunicado suscrito por Ares y de «infame» la actitud de las formaciones que lo suscriben.
El titular de Interior preguntó a EA y Aralar «si han decidido romper con su historia como partidos políticos que se habían situado siempre en frente del terrorismo», y respecto a las alusiones sobre la tortura, Rodolfo Ares les sugirió «que acudan a los tribunales».
Pese a considerar que Ares carece de «legitimidad» para reclamar explicaciones a Aralar, su coordinador general, Patxi Zabaleta, detalló que el texto estaba elaborado «una semana antes» de la operación policial, e indicó que su finalidad es pedir que en materia de actuaciones policiales se cumplan las recomendaciones de Amnistía Internacional. «Mucho mejor haría el consejero de Interior en hacer cumplir esas recomendaciones, que no en elevar la voz por razones políticas en una situación así», apostilló.
El secretario general de EA, Pello Urizar, por su parte, reprochó a Ares querer «condicionar» el proceso político abierto. Consideró, además, que está «muy molesto porque la nueva coyuntura que se está generando le deja en una situación muy mala, ya que está contradiciendo todas sus previsiones». GARA
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Tanquem Cofrents! Marxa el diumenge 13 de març
Per a demanar el tancament de la central nuclear el diumenge 13 de març es reprenen les marxes dels anys 80.
Autobús gratuït des de València. Eixida 9:30 hores. Places Limitades. Dinar en Aiora.
Per apuntar-se a l’autobús i al dinar envia un correu a tanquemcofrents@gmail.com fins el dimecres 9 de març. Si no vens en autobús també pots apuntar-te al dinar indicant-lo. Leer más...
El alcalde de Vallada, del PP, imputado por un delito de coacciones
Fernando Giner, diputado autonómico por el PP, alcalde de Vallada y expresidente de la Diputación de Valencia, ha sido imputado por un presunto delito de coacciones. El juzgado de Instrucción número 3 de Xàtiva se ha inhibido a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al tratarse de un aforado.
Según consta en la denuncia, Fernando Giner, acompañado de tres concejales del Ayuntamiento de Vallada y de un carpintero metálico, ordenó el cambio de las cerraduras de la Asociación de Jubilados, incluido el local del bar, de su municipio el 27 de mayo del año pasado. El expresidente de la Diputación valenciana, además, se llevó toda la documentación que encontró en las oficinas de los jubilados: el archivo de actas, las fichas de todos los socios, un libro de actas, carpetas con diversos documentos, el cuño con el que se certificaban los pagos de los socios, tijeras, cartulinas impresas para realizar los carnés de los pensionistas, el libro de cuentas de 2009, el archivador de registro de entrada y salida de correspondencia y, según consta en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, "otros posibles documentos que no se pueden precisar".
Un día después del cambio de cerraduras, y como consecuencia de la denuncia, un policía local devolvió una pequeña parte de la documentación incautada.
Denuncia en el juzgado
Meses más tarde, en octubre del año pasado, la Asociación Democrática y de Progreso de Jubilados y Pensionistas de Vallada presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Xàtiva en la que se decía que "el hecho de apoderarse de papeles, ficheros personales, escritos, actas, que en unos casos se devolvieron dos días después y en otros se ha denunciado su ausencia, desconociendo si han quedado en poder de las personas que la tomaron o se ha cedido a terceros, puede ser constitutivo de un delito del artículo 198 del Código Penal".
El 28 de febrero de este año, la magistrada Antonia García dictaba un auto en el que decía que "de las diligencias practicadas se infiere que la conducta denunciada pudiera ser constitutiva de un presunto delito de coaciones imputado a Fernando Giner Giner".
¿Qué pretendía el diputado del PP y ex dirigente de UV cuando forzó las instalaciones de la asociación de jubilados? Colocar a una persona de su confianza al frente de la misma. La cacicada le ha costado una imputación.
El País
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Según consta en la denuncia, Fernando Giner, acompañado de tres concejales del Ayuntamiento de Vallada y de un carpintero metálico, ordenó el cambio de las cerraduras de la Asociación de Jubilados, incluido el local del bar, de su municipio el 27 de mayo del año pasado. El expresidente de la Diputación valenciana, además, se llevó toda la documentación que encontró en las oficinas de los jubilados: el archivo de actas, las fichas de todos los socios, un libro de actas, carpetas con diversos documentos, el cuño con el que se certificaban los pagos de los socios, tijeras, cartulinas impresas para realizar los carnés de los pensionistas, el libro de cuentas de 2009, el archivador de registro de entrada y salida de correspondencia y, según consta en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, "otros posibles documentos que no se pueden precisar".
Un día después del cambio de cerraduras, y como consecuencia de la denuncia, un policía local devolvió una pequeña parte de la documentación incautada.
Denuncia en el juzgado
Meses más tarde, en octubre del año pasado, la Asociación Democrática y de Progreso de Jubilados y Pensionistas de Vallada presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 3 de Xàtiva en la que se decía que "el hecho de apoderarse de papeles, ficheros personales, escritos, actas, que en unos casos se devolvieron dos días después y en otros se ha denunciado su ausencia, desconociendo si han quedado en poder de las personas que la tomaron o se ha cedido a terceros, puede ser constitutivo de un delito del artículo 198 del Código Penal".
El 28 de febrero de este año, la magistrada Antonia García dictaba un auto en el que decía que "de las diligencias practicadas se infiere que la conducta denunciada pudiera ser constitutiva de un presunto delito de coaciones imputado a Fernando Giner Giner".
¿Qué pretendía el diputado del PP y ex dirigente de UV cuando forzó las instalaciones de la asociación de jubilados? Colocar a una persona de su confianza al frente de la misma. La cacicada le ha costado una imputación.
El País
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35 años del 3 de marzo, el crimen fascista de Gasteiz que el estado no puede ocultar
Han pasado 35 años de la criminal actuación protagonizada por la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz cuando fueron asesinados 5 trabajadores.
Han pasado 35 años de la criminal actuación protagonizada por la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Aquel día cinco trabajadores fueron asesinados y más de un centenar resultaron heridos, algunos de extrema gravedad, como consecuencia de las balas disparadas contra una masa indefensa que se disponía a celebrar una pacífica asamblea valorativa de la jornada de huelga general en la iglesia de San Francisco del barrio gasteiztarra de Zaramaga y que huía medio asfixiada por los gases lacrimógenos lanzados en su interior por las fuerzas que se decían de Orden Público y Seguridad del Estado.
Nadie puede dudar a la hora de definir la masacre cometida el 3 de marzo en Gasteiz como crimen de lesa humanidad. Tanto en la forma de perpetrarla como por su manifiesta intencionalidad, todo ello unido a que esta actuación no fue una acción aislada, sino que estaba encuadrada en un contexto de represión sistemática y generalizada cuyo objetivo final era dar continuidad al régimen dictatorial existente, no ofrece dudas sobre su catalogación, esto es, crimen de lesa humanidad. Menos aún cuando el propio Manuel Fraga, a la sazón uno de los máximos responsables e inductores de la matanza, expresó el carácter ejemplarizante de la actuación policial y de las trágicas consecuencias que pudieran derivarse de la alteración del orden impuesto y establecido.
La ONU, su Comisión de Derechos Humanos, recoge la obligación de los estados de adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad, entendiendo por impunidad la inexistencia (de hecho o de derecho) de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.
A pesar de lo expuesto y haber transcurridos 35 años, el Estado español, haciendo caso omiso de estas resoluciones, continúa amparando la impunidad de los hechos del 3 de marzo, así como de otros muchos acontecimientos trágicos. Todos nuestros intentos en el enjuiciamiento de los responsables han sido baldíos y se han visto frenados por la aplicación de una ley de «punto final», la mal llamada de Amnistía de 1977, y por la prescripción de los hechos por el tiempo transcurrido, conceptos ambos contrarios a la legislación internacional en materia de derechos humanos aplicables a los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Así, en este sentido y recogiendo nuevamente resoluciones de la Comisión de Derechos Humaos de la ONU, podemos leer con respecto de las actuaciones violentas de los aparatos y funcionarios del Estado: «Es menester derogar o abolir la legislación y las reglamentaciones e instituciones administrativas que contribuyan a las violaciones de los derechos humanos o que las legitimen. En particular, es menester derogar o abolir las leyes o los tribunales de emergencia de todo tipo que infringen los derechos y las libertades fundamentales garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Deben promulgarse las medidas legislativas necesarias para asegurar la protección de los derechos humanos y salvaguardar las instituciones y los procesos democráticos. Como base de tales reformas, durante períodos de restauración o transición a la democracia y/o a la paz, los estados deberán emprender un examen amplio de su legislación y sus reglamentaciones administrativas.»
Y en referencia a las medidas o leyes de amnistía y sus beneficiarios, se cita: «Incluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de clemencia se aplicarán dentro de los siguientes límites:
1. Los autores de delitos graves conforme al Derecho internacional no podrán beneficiarse de esas medidas mientras el estado no cumpla las obligaciones enumeradas en el principio 19 o los autores hayan sido sometidos a juicio ante un tribunal competente, sea internacional o internacionalizado o nacional, fuera del estado de que se trata.
2. La amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación previsto en los principios 31 a 34, y no menoscabarán en el derecho a saber.
3. Como la amnistía puede interpretarse como un reconocimiento de culpa, no podrá imponerse a las personas enjuiciadas o condenadas por hechos acaecidos durante el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Cuando esas personas no hayan hecho más que ejercer ese derecho legítimo, garantizado por los artículos 18 a 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una ley deberá considerar nula y sin valor respecto de ellas toda decisión judicial o de otro tipo que les concierna; se pondrá fin a su reclusión sin condiciones ni plazos.
4. Toda persona condenada por infracciones que no sean las previstas en el apartado 3 del presente principio y que entren en el ámbito de aplicación de la amnistía podrá rechazar la amnistía y solicitar que se revise su proceso si no ha tenido un juicio imparcial y con las debidas garantías, previstas en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o si ha sido condenada sobre la base de una declaración que, según se haya establecido, ha sido hecha como resultado de interrogatorios.»
En cuanto a la prescripción de estos delitos, se recoge: «La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el Derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.»
Atendiendo a toda esta legislación, podemos apreciar cómo el Estado español ha actuado completamente contra el Derecho internacional y ha vulnerado los derechos de multitud de personas afectadas, y entre ellas las que lo fueron el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.
Se nos ha negado el derecho a un juicio en base a la prescripción, como hemos visto contrario a la legislación internacional. Se nos ha argumentado también que los hechos han sido amnistiados, lo que también contraviene la legislación, y en este aspecto por partida doble, ya que ni se puede amnistiar a los responsables políticos y materiales de la masacre, como tampoco, como así lo fueron, a los obreros encarcelados acusados de sedición, una acusación falsa e interesada que únicamente pretendía justificar la actuación criminal.
Vamos consiguiendo, no sin grandes esfuerzos, avanzar en el camino de la verdad. En este apartado exigimos la creaciones de comisiones de la verdad, y como ejemplo a seguir pueden fijarse en el informe Saville elaborado por encargo del Gobierno británico y que, tras sus demoledoras conclusiones, el propio primer ministro David Cameron no ha dudado en pedir perdón por la atrocidad cometida en Derry en el Bloody Sunday.
Vamos consiguiendo también tímidos pasos en la reparación, pero ante todo consideramos imprescindible y fundamental romper con la impunidad anclada en el tiempo del Estado español. ¡Exigimos justicia efectiva ya!
Martxoak 3 Elkartea, junto con los demás grupos memorialistas que conformamos Lau Haizetara Gogoan, de la mano y amparo de la legislación internacional, se ha marcado unos claros e irrenunciables objetivos, cuales son el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, incluidas las garantías de no repetición.
* ANDONI TXASKO DÍAZ, EVA BARROSO CHAPARRO Y JOSÉ LUIS MTZ. OCIO MIEMBROS DE MARTXOAK 3 ELKARTEA Leer más...
Han pasado 35 años de la criminal actuación protagonizada por la Policía Armada el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Aquel día cinco trabajadores fueron asesinados y más de un centenar resultaron heridos, algunos de extrema gravedad, como consecuencia de las balas disparadas contra una masa indefensa que se disponía a celebrar una pacífica asamblea valorativa de la jornada de huelga general en la iglesia de San Francisco del barrio gasteiztarra de Zaramaga y que huía medio asfixiada por los gases lacrimógenos lanzados en su interior por las fuerzas que se decían de Orden Público y Seguridad del Estado.
Nadie puede dudar a la hora de definir la masacre cometida el 3 de marzo en Gasteiz como crimen de lesa humanidad. Tanto en la forma de perpetrarla como por su manifiesta intencionalidad, todo ello unido a que esta actuación no fue una acción aislada, sino que estaba encuadrada en un contexto de represión sistemática y generalizada cuyo objetivo final era dar continuidad al régimen dictatorial existente, no ofrece dudas sobre su catalogación, esto es, crimen de lesa humanidad. Menos aún cuando el propio Manuel Fraga, a la sazón uno de los máximos responsables e inductores de la matanza, expresó el carácter ejemplarizante de la actuación policial y de las trágicas consecuencias que pudieran derivarse de la alteración del orden impuesto y establecido.
La ONU, su Comisión de Derechos Humanos, recoge la obligación de los estados de adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad, entendiendo por impunidad la inexistencia (de hecho o de derecho) de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.
A pesar de lo expuesto y haber transcurridos 35 años, el Estado español, haciendo caso omiso de estas resoluciones, continúa amparando la impunidad de los hechos del 3 de marzo, así como de otros muchos acontecimientos trágicos. Todos nuestros intentos en el enjuiciamiento de los responsables han sido baldíos y se han visto frenados por la aplicación de una ley de «punto final», la mal llamada de Amnistía de 1977, y por la prescripción de los hechos por el tiempo transcurrido, conceptos ambos contrarios a la legislación internacional en materia de derechos humanos aplicables a los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Así, en este sentido y recogiendo nuevamente resoluciones de la Comisión de Derechos Humaos de la ONU, podemos leer con respecto de las actuaciones violentas de los aparatos y funcionarios del Estado: «Es menester derogar o abolir la legislación y las reglamentaciones e instituciones administrativas que contribuyan a las violaciones de los derechos humanos o que las legitimen. En particular, es menester derogar o abolir las leyes o los tribunales de emergencia de todo tipo que infringen los derechos y las libertades fundamentales garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Deben promulgarse las medidas legislativas necesarias para asegurar la protección de los derechos humanos y salvaguardar las instituciones y los procesos democráticos. Como base de tales reformas, durante períodos de restauración o transición a la democracia y/o a la paz, los estados deberán emprender un examen amplio de su legislación y sus reglamentaciones administrativas.»
Y en referencia a las medidas o leyes de amnistía y sus beneficiarios, se cita: «Incluso cuando tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de clemencia se aplicarán dentro de los siguientes límites:
1. Los autores de delitos graves conforme al Derecho internacional no podrán beneficiarse de esas medidas mientras el estado no cumpla las obligaciones enumeradas en el principio 19 o los autores hayan sido sometidos a juicio ante un tribunal competente, sea internacional o internacionalizado o nacional, fuera del estado de que se trata.
2. La amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación previsto en los principios 31 a 34, y no menoscabarán en el derecho a saber.
3. Como la amnistía puede interpretarse como un reconocimiento de culpa, no podrá imponerse a las personas enjuiciadas o condenadas por hechos acaecidos durante el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Cuando esas personas no hayan hecho más que ejercer ese derecho legítimo, garantizado por los artículos 18 a 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 18, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una ley deberá considerar nula y sin valor respecto de ellas toda decisión judicial o de otro tipo que les concierna; se pondrá fin a su reclusión sin condiciones ni plazos.
4. Toda persona condenada por infracciones que no sean las previstas en el apartado 3 del presente principio y que entren en el ámbito de aplicación de la amnistía podrá rechazar la amnistía y solicitar que se revise su proceso si no ha tenido un juicio imparcial y con las debidas garantías, previstas en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o si ha sido condenada sobre la base de una declaración que, según se haya establecido, ha sido hecha como resultado de interrogatorios.»
En cuanto a la prescripción de estos delitos, se recoge: «La prescripción de una infracción penal, tanto en lo que respecta a las diligencias como a las penas, no podrá correr durante el período en que no existan recursos eficaces contra esa infracción. La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el Derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.»
Atendiendo a toda esta legislación, podemos apreciar cómo el Estado español ha actuado completamente contra el Derecho internacional y ha vulnerado los derechos de multitud de personas afectadas, y entre ellas las que lo fueron el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.
Se nos ha negado el derecho a un juicio en base a la prescripción, como hemos visto contrario a la legislación internacional. Se nos ha argumentado también que los hechos han sido amnistiados, lo que también contraviene la legislación, y en este aspecto por partida doble, ya que ni se puede amnistiar a los responsables políticos y materiales de la masacre, como tampoco, como así lo fueron, a los obreros encarcelados acusados de sedición, una acusación falsa e interesada que únicamente pretendía justificar la actuación criminal.
Vamos consiguiendo, no sin grandes esfuerzos, avanzar en el camino de la verdad. En este apartado exigimos la creaciones de comisiones de la verdad, y como ejemplo a seguir pueden fijarse en el informe Saville elaborado por encargo del Gobierno británico y que, tras sus demoledoras conclusiones, el propio primer ministro David Cameron no ha dudado en pedir perdón por la atrocidad cometida en Derry en el Bloody Sunday.
Vamos consiguiendo también tímidos pasos en la reparación, pero ante todo consideramos imprescindible y fundamental romper con la impunidad anclada en el tiempo del Estado español. ¡Exigimos justicia efectiva ya!
Martxoak 3 Elkartea, junto con los demás grupos memorialistas que conformamos Lau Haizetara Gogoan, de la mano y amparo de la legislación internacional, se ha marcado unos claros e irrenunciables objetivos, cuales son el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, incluidas las garantías de no repetición.
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[VLC] Jornades sobre terrorisme d'estat, repressió i control social. Jornada d'autogestió
Hui Dijous tindrem a l'Espai Social Estudiantil al col·lectiu desalambrando de la Plataforma CIES No a les 19:00h
I Jornada d'autogestió el diumenge 6 de març des de les 17:00 passe de vídeo, exposició de fotos, concert, etc. Tot a l' Ateneu Popular C/ Pere Bonfill 12, Botànic (València)
[+] Us adjuntem l'audio de la xerrada del passat dimarts de Jorge del Cura (Coordinadora para la Prevención de la Tortura) per si no puguereu acudir. Ací el teniu.
Leer más...
I Jornada d'autogestió el diumenge 6 de març des de les 17:00 passe de vídeo, exposició de fotos, concert, etc. Tot a l' Ateneu Popular C/ Pere Bonfill 12, Botànic (València)
[+] Us adjuntem l'audio de la xerrada del passat dimarts de Jorge del Cura (Coordinadora para la Prevención de la Tortura) per si no puguereu acudir. Ací el teniu.
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[Novedad editorial] Ediciones Entremuros PERSPECTIVAS ANTIDESARROLLISTAS (M. Amorós)
Este proyecto surge de la gente que llevaba la distribuidora anticomercial RABIA CONTRA EL SISTEMA de Segorbe. Se puede decir que es una nueva etapa con unas nuevas prioridades. Ahora vamos a ceñir nuestro trabajo en la edición y coedición de libros. También tenemos una pequeña librería que se encuentra en el Ateneo Libertario "Octubre del 36" de Segorbe.(c/desamparados nº1).
En poco tiempo sacaremos un pequeño catalogo con las ediciones disponibles y donde explicaremos un poquito más nuestro proyecto.
Por ahora como nueva coedición tenemos el libro PERSPECTIVAS ANTIDESARROLLISTAS de Miguel Amorós.
El precio del libro es a 7 euros. Para distris se hará el 30% de descuento.
La crítica antidesarrollista no llega como una novedad empaquetada y a
disposición de quien quiera usarla. Resume y abarca todos los elementos
críticos anteriores, pero no es un fenómeno intelectual, una teoría
especulativa fruto de mentes privilegiadas dispuestas a largas jornadas de
estudio y meditación. Es una reflexión de una experiencia de lucha y de
una práctica cotidiana. Está presente un poco en todas partes, de una
forma u otra, como intuición o como hábito, como mentalidad o como
convicción. Nace de la práctica y vuelve siempre a ella. No se queda en
libros, artículos, círculos, de enterados o torres de marfil; es fruto
tanto del debate, como de la pelea. En una palabra: es hija de la acción,
este es su medio y no puede sobrevivir fuera de él.
Miquel Amorós "elementos de antidesarrollismo" Leer más...
En poco tiempo sacaremos un pequeño catalogo con las ediciones disponibles y donde explicaremos un poquito más nuestro proyecto.
Por ahora como nueva coedición tenemos el libro PERSPECTIVAS ANTIDESARROLLISTAS de Miguel Amorós.
El precio del libro es a 7 euros. Para distris se hará el 30% de descuento.
La crítica antidesarrollista no llega como una novedad empaquetada y a
disposición de quien quiera usarla. Resume y abarca todos los elementos
críticos anteriores, pero no es un fenómeno intelectual, una teoría
especulativa fruto de mentes privilegiadas dispuestas a largas jornadas de
estudio y meditación. Es una reflexión de una experiencia de lucha y de
una práctica cotidiana. Está presente un poco en todas partes, de una
forma u otra, como intuición o como hábito, como mentalidad o como
convicción. Nace de la práctica y vuelve siempre a ella. No se queda en
libros, artículos, círculos, de enterados o torres de marfil; es fruto
tanto del debate, como de la pelea. En una palabra: es hija de la acción,
este es su medio y no puede sobrevivir fuera de él.
Miquel Amorós "elementos de antidesarrollismo" Leer más...
Mañaneo crust: Falsos positivos en concierto

MAÑANEO KRUST PRESENTA: sabado 5 de marzo
a partir de las 12:00 concierto FALSOS POSITIVOS
a las 11:00 desayuno vegano con zumos naturales, cafe, te, infus...
y despues del concierto...tapitas para comer
C.S.O.EL NIDO c/carreres puchalt 7, Benimaclet Leer más...
Carta abierta de Joaquin Garcés al Ministro de Justicia
Esta carta abierta dirigida al Ministro de Justicia, que describe hechos probados que son realmente incómodos para el estado, pero de indudable interés para las personas sometidas a su soberanía - tanto si aceptan ésta de buen grado como si no - fue enviada para su publicación a los tres grandes diarios de tirada nacional: ABC, El Pais y El Mundo. Ninguno de estos tres paladines de la información ha querido publicarla, pese a la incuestionable veracidad de lo dicho y lo ponderado de su tono, algo que aún arroja más sombras respecto a algunas actuaciones del estado y que viene a posicionar a estos medios, una vez más y para el interés de aquellas personas que conservan su sentido crítico, donde realmente están: siempre al servicio del poder establecido tanto para propagar su verdad oficial, como para silenciar aquellos hechos ciertos que son susceptibles de poner en tela de juicio el discurso público. Es por ello y para romper éste muro de silencio, que os animo a todas las personas a reenviar esta carta a donde os parezca oportuno, traducirla,etc.
Muchas gracias a todas.
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
Me dirijo a usted mediante esta carta abierta para poner en su conocimiento unos hechos que por su extrema gravedad, entiendo que son de sobrada importancia como para que usted les dedique una parte de su tiempo y atención. No en vano lo que ponen en cuestión es nada menos que la viabilidad del fundamento teórico y práctico del estado de derecho.
Lo que vengo a referir es un suceso que se supone que jamás podría ocurrir. Que antes de llegar a una cosa así, se activarían los controles y sistemas de garantías del estado para detectarlo y darle solución. Sin embargo esto no sucedió y como consecuencia de ello, hube de pasar cinco años de mi vida en las cárceles españolas en una situación que, pasados diez años, ha sido calificada por
órganos judiciales como de prisión indebida.
Las rotundas afirmaciones que hago tienen hoy carácter de evidencia. Son consideradas hechos ciertos tanto en informes de Instituciones Penitenciarias que obran en mi poder y en el de mi defensa procesal, como en las correspondientes resoluciones judiciales que dictó la Audiencia Nacional entre los años 2008 y 2009. Se llegó a ellas tras un largo periplo judicial que fue calificado
de “extravagante” por el Iltmº Sr. magistrado juez D. Javier Gómez Bermudez, quién en última instancia se pronunció al respecto afirmando, más allá de cualquier duda, que entre el 19 de julio de 1997 y el 12 de marzo de 2003 estuve preso indebidamente. Cinco años de mi vida, por tanto. Pero al día de hoy, pese al reconocimiento expreso e incuestionable de que durante tan largo periodo de
tiempo estuve privado de libertad contraviniendo lo dispuesto por jueces y tribunales, seguimos sin tener una respuesta clara, por parte de las instituciones del del estado, con la que se intenten paliar las consecuencias de éste suceso tan irreversible como irreparable.
Lo que hace especialmente escandaloso el caso del que estamos hablando, es que no se trata de uno de esos lamentables episodios en los que una persona permanece en prisión, por un uso excesivamente riguroso de la prisión provisional o no, para resultar después absuelta en el acto del juicio. Esto es algo a lo que por desgracia estamos bastante acostumbrados y habrá quién diga que es inevitable, por más que otras personas no estemos de acuerdo con ello. Pero no fue esto lo que
sucedió en mi caso. Permanecí en prisión indebidamente durante cinco años porque encontrándome extinguiendo varias condenas firmes, no fue anotada en mi expediente penitenciario, tal y como la Audiencia Provincial de Zaragoza ordenaba a la cárcel de Jaén II que se hiciera, la resolución judicial que reducía mi condena en doce años. Fallaron por tanto los mecanismos internos de funcionamiento del estado al no realizarse desde la DGIP la que es su función principal, es decir:
dar cumplimiento efectivo a los mandatos de jueces y tribunales. Y fallaron de tal forma que lo que se vino a demostrar, es que el incomprensible error de un funcionario público en el desempeño de sus funciones puede dar al traste con todas las garantías jurídicas y procesales del estado de derecho.
Hubieron de transcurrir nada menos que 16 años para que el Auto que reducía mi condena desde el año 1992 se hiciera efectivo. Y cuando esto se hizo, ya no se pudo evitar que yo no fuese puesto en libertad en la fecha que correspondía, y que durante cinco años más permaneciera encarcelado. Pero si hoy la única posibilidad que nos ofrece el marco jurídico es la de solicitar una indemnización a la Administración por los daños causados, sin embargo nos encontramos, entre
otras, con la tremenda dificultad de cómo cuantificar cuanto valen cinco años de la vida de una persona que se ha visto presa sin razones que lo justifiquen.
Durante aquellos cinco años, además, se me hizo responsable de las consecuencias que el malestar de una situación que luego se ha demostrado injusta me causaba. Lo que viene a incrementar la dificultad para evaluar los daños cuando comprendemos que estas consecuencias se entremezclan con causas que se difuminan en el secretismo de la administración penitenciaria, y que son múltiples e interactúan entre sí. Por ejemplo, fue la misma situación creada la que dio paso a las numerosas sanciones de aislamiento en celdas de castigo que acumulé durante aquel periodo de tiempo, algo respecto a lo que hoy nos es imposible establecer una relación de causa efecto que sea admitida en términos de derecho, sin que desde luego esto diluya las consecuencias, en los hechos y sobre mi persona, de una situación extrema como el aislamiento que no resulta nada inocua. Aquella justificada hostilidad de mi persona hacia la institución que exasperó aquella
crispada relación - ahora ya no hay duda de que lo era - supuso que no se me permitiese el acceso al trabajo, a la cultura, a las actividades ocupacionales y deportivas,etc. Dio lugar a las huelgas de hambre con las que protesté contra un estado de cosas que íntimamente percibía como un ensañamiento, con todas las repercusiones negativas que estas conllevan. Y un largo etcétera de
inconvenientes que pueden ser asumidos como inherentes a la situación de preso, pero que dejan de serlo para cualquier criterio cuando la persona que los padece no debería estar en la cárcel.
Más fácil es objetivar otras cosas, que también sucedieron durante aquel periodo de tiempo, como que en el año 1998 contrajese una enfermedad incurable como la hepatitis-C. Aunque otra cuestión es que la prueba que hemos tenido que solicitar para demostrarlo depende ahora de los oficios de una institución penitenciaria hacia la que, como usted comprenderá, albergo fundadas reticencias que no vienen a remitir cuando para facilitarnos otro documento que también precisábamos - la hoja de cumplimiento que se entrega a toda persona presa al ser puesta en libertad
- tardaron 18 meses en hacerlo y fueron precisos para ello dos requerimientos judiciales. Además de lo dicho, del incumplimiento de la resolución judicial mencionada y del más que severo trato que se me dio, refuerza mi desconfianza ahora el que me sucedieran cosas tan inusuales como que la administración penitenciaria no diese cumplimiento deliberadamente a otras resoluciones judiciales
que también me beneficiaban. Algo que siempre sucedió tras un largo itinerario de recursos judiciales, que siguieron a las constantes desestimaciones de todo lo que solicité a las juntas de régimen de las cárceles en las que estuve.
Deliberadamente, reitero. También a modo de ejemplo y para que no queden dudas de que fue intencionado, le diré a usted que así lo vino a demostrar el Iltmº Sr. magistrado juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza Blasco Obede, en febrero de 2002, cuando dictó una resolución en la que afirmaba que se había producido un “osado incumplimiento, por parte de la administración penitenciaria, del Auto judicial en el que un año antes se me había progresado a tercer grado de tratamiento penitenciario”. Pero si entonces, al ser descubierto tan insólito
incumplimiento de mandato judicial, a lo único que se pudo llegar fue a que se rectificaran algunas de las actuaciones de Instituciones Penitenciarias - y no a que se determinasen responsabilidadessospecho que hoy no podemos esperar que desde estas se actúe de manera muy distinta cuando se les requiera para que acrediten cuando y cómo contraje la hepatitis-C. Al menos así me lo hace pensar que a partir de entonces no se produjera un cambio en la forma de actuación de la DGIP respecto a mi persona, pues como se ha demostrado, éste incumplimiento de mandato judicial
coincidía en el tiempo con otro incumplimiento anterior, que se siguió manteniendo durante años y así hasta que fue descubierto por mi defensa.
Aún teniendo muy presentes estos obstáculos y la dificultad existente de cómo establecer cuanto valen cinco años de la vida de una persona, hemos presentado en modo y forma la pertinente reclamación ante el Ministerio de Justicia -debidamente documentada con las pruebas pertinentes- al objeto de que se me indemnice por el tiempo en que estuve indebidamente en prisión. Y quién la ha presentado, paradojas de la vida, es una persona que llevando ahora casi dos años en libertad, ha
rehecho su vida social y no ha cometido ningún delito desde entonces. Desde luego sin que la institución penitenciaria pueda decir al respecto que la reinserción social se deba a las terapias de aislamiento, algo muy al uso pero tan cuestionable como cuestionado. O cosa aún más absurda, que la no infracción de la ley se derive del hecho de haberla incumplido la misma DGIP en mi perjuicio y con demostrada reiteración.
Las preguntas que ahora mismo nos quedan en el aire, Sr. Ministro, y que yo le formulo a usted, es qué va a hacer el estado, cómo y cuando, para paliar unos daños tan tremendos como los causados a mi persona por el funcionamiento anómalo de la Administración. Si a la luz de lo sucedido se va tener la consideración de tutelar la reclamación presentada con particular atención, una deferencia que habría de ser de rigor para con alguien a quién el “funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos” le ha causado unos perjuicios tan terribles como los que me ha ocasionado a mí. O si por el contrario, nos vamos a ver arrastrados a uno de esos lentos y desesperantes procedimientos en los que la persona siente la insignificancia de su humanidad frente a algunas actuaciones del estado que, aún suponiéndose que jamás podrían llegar a ocurrir, en ocasiones como la aquí dicha nos muestra la experiencia que sí pueden pasar. Y esta capacidad es lo más grave cuando se hace una valoración de lo sucedido. Porque de una u otra manera, Sr. Ministro, no estamos hablando sólo de que yo pueda encauzar el curso de mi vida hacia donde debería de estar en el caso de no mediar en él una anomalía como la sucedida. Estamos hablando, también, de la misma credibilidad que el discurso del estado democrático puede ofrecer y de la imagen que éste estado da a las personas si ante la evidencia de unos hechos como los descritos, no es capaz de
reaccionar con agilidad y eficacia de una manera que además de conforme a derecho sea digna de ser considerada humana.
Muy atentamente: Joaquín Garcés Villacampa
Leer más...
Muchas gracias a todas.
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
Me dirijo a usted mediante esta carta abierta para poner en su conocimiento unos hechos que por su extrema gravedad, entiendo que son de sobrada importancia como para que usted les dedique una parte de su tiempo y atención. No en vano lo que ponen en cuestión es nada menos que la viabilidad del fundamento teórico y práctico del estado de derecho.
Lo que vengo a referir es un suceso que se supone que jamás podría ocurrir. Que antes de llegar a una cosa así, se activarían los controles y sistemas de garantías del estado para detectarlo y darle solución. Sin embargo esto no sucedió y como consecuencia de ello, hube de pasar cinco años de mi vida en las cárceles españolas en una situación que, pasados diez años, ha sido calificada por
órganos judiciales como de prisión indebida.
Las rotundas afirmaciones que hago tienen hoy carácter de evidencia. Son consideradas hechos ciertos tanto en informes de Instituciones Penitenciarias que obran en mi poder y en el de mi defensa procesal, como en las correspondientes resoluciones judiciales que dictó la Audiencia Nacional entre los años 2008 y 2009. Se llegó a ellas tras un largo periplo judicial que fue calificado
de “extravagante” por el Iltmº Sr. magistrado juez D. Javier Gómez Bermudez, quién en última instancia se pronunció al respecto afirmando, más allá de cualquier duda, que entre el 19 de julio de 1997 y el 12 de marzo de 2003 estuve preso indebidamente. Cinco años de mi vida, por tanto. Pero al día de hoy, pese al reconocimiento expreso e incuestionable de que durante tan largo periodo de
tiempo estuve privado de libertad contraviniendo lo dispuesto por jueces y tribunales, seguimos sin tener una respuesta clara, por parte de las instituciones del del estado, con la que se intenten paliar las consecuencias de éste suceso tan irreversible como irreparable.
Lo que hace especialmente escandaloso el caso del que estamos hablando, es que no se trata de uno de esos lamentables episodios en los que una persona permanece en prisión, por un uso excesivamente riguroso de la prisión provisional o no, para resultar después absuelta en el acto del juicio. Esto es algo a lo que por desgracia estamos bastante acostumbrados y habrá quién diga que es inevitable, por más que otras personas no estemos de acuerdo con ello. Pero no fue esto lo que
sucedió en mi caso. Permanecí en prisión indebidamente durante cinco años porque encontrándome extinguiendo varias condenas firmes, no fue anotada en mi expediente penitenciario, tal y como la Audiencia Provincial de Zaragoza ordenaba a la cárcel de Jaén II que se hiciera, la resolución judicial que reducía mi condena en doce años. Fallaron por tanto los mecanismos internos de funcionamiento del estado al no realizarse desde la DGIP la que es su función principal, es decir:
dar cumplimiento efectivo a los mandatos de jueces y tribunales. Y fallaron de tal forma que lo que se vino a demostrar, es que el incomprensible error de un funcionario público en el desempeño de sus funciones puede dar al traste con todas las garantías jurídicas y procesales del estado de derecho.
Hubieron de transcurrir nada menos que 16 años para que el Auto que reducía mi condena desde el año 1992 se hiciera efectivo. Y cuando esto se hizo, ya no se pudo evitar que yo no fuese puesto en libertad en la fecha que correspondía, y que durante cinco años más permaneciera encarcelado. Pero si hoy la única posibilidad que nos ofrece el marco jurídico es la de solicitar una indemnización a la Administración por los daños causados, sin embargo nos encontramos, entre
otras, con la tremenda dificultad de cómo cuantificar cuanto valen cinco años de la vida de una persona que se ha visto presa sin razones que lo justifiquen.
Durante aquellos cinco años, además, se me hizo responsable de las consecuencias que el malestar de una situación que luego se ha demostrado injusta me causaba. Lo que viene a incrementar la dificultad para evaluar los daños cuando comprendemos que estas consecuencias se entremezclan con causas que se difuminan en el secretismo de la administración penitenciaria, y que son múltiples e interactúan entre sí. Por ejemplo, fue la misma situación creada la que dio paso a las numerosas sanciones de aislamiento en celdas de castigo que acumulé durante aquel periodo de tiempo, algo respecto a lo que hoy nos es imposible establecer una relación de causa efecto que sea admitida en términos de derecho, sin que desde luego esto diluya las consecuencias, en los hechos y sobre mi persona, de una situación extrema como el aislamiento que no resulta nada inocua. Aquella justificada hostilidad de mi persona hacia la institución que exasperó aquella
crispada relación - ahora ya no hay duda de que lo era - supuso que no se me permitiese el acceso al trabajo, a la cultura, a las actividades ocupacionales y deportivas,etc. Dio lugar a las huelgas de hambre con las que protesté contra un estado de cosas que íntimamente percibía como un ensañamiento, con todas las repercusiones negativas que estas conllevan. Y un largo etcétera de
inconvenientes que pueden ser asumidos como inherentes a la situación de preso, pero que dejan de serlo para cualquier criterio cuando la persona que los padece no debería estar en la cárcel.
Más fácil es objetivar otras cosas, que también sucedieron durante aquel periodo de tiempo, como que en el año 1998 contrajese una enfermedad incurable como la hepatitis-C. Aunque otra cuestión es que la prueba que hemos tenido que solicitar para demostrarlo depende ahora de los oficios de una institución penitenciaria hacia la que, como usted comprenderá, albergo fundadas reticencias que no vienen a remitir cuando para facilitarnos otro documento que también precisábamos - la hoja de cumplimiento que se entrega a toda persona presa al ser puesta en libertad
- tardaron 18 meses en hacerlo y fueron precisos para ello dos requerimientos judiciales. Además de lo dicho, del incumplimiento de la resolución judicial mencionada y del más que severo trato que se me dio, refuerza mi desconfianza ahora el que me sucedieran cosas tan inusuales como que la administración penitenciaria no diese cumplimiento deliberadamente a otras resoluciones judiciales
que también me beneficiaban. Algo que siempre sucedió tras un largo itinerario de recursos judiciales, que siguieron a las constantes desestimaciones de todo lo que solicité a las juntas de régimen de las cárceles en las que estuve.
Deliberadamente, reitero. También a modo de ejemplo y para que no queden dudas de que fue intencionado, le diré a usted que así lo vino a demostrar el Iltmº Sr. magistrado juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza Blasco Obede, en febrero de 2002, cuando dictó una resolución en la que afirmaba que se había producido un “osado incumplimiento, por parte de la administración penitenciaria, del Auto judicial en el que un año antes se me había progresado a tercer grado de tratamiento penitenciario”. Pero si entonces, al ser descubierto tan insólito
incumplimiento de mandato judicial, a lo único que se pudo llegar fue a que se rectificaran algunas de las actuaciones de Instituciones Penitenciarias - y no a que se determinasen responsabilidadessospecho que hoy no podemos esperar que desde estas se actúe de manera muy distinta cuando se les requiera para que acrediten cuando y cómo contraje la hepatitis-C. Al menos así me lo hace pensar que a partir de entonces no se produjera un cambio en la forma de actuación de la DGIP respecto a mi persona, pues como se ha demostrado, éste incumplimiento de mandato judicial
coincidía en el tiempo con otro incumplimiento anterior, que se siguió manteniendo durante años y así hasta que fue descubierto por mi defensa.
Aún teniendo muy presentes estos obstáculos y la dificultad existente de cómo establecer cuanto valen cinco años de la vida de una persona, hemos presentado en modo y forma la pertinente reclamación ante el Ministerio de Justicia -debidamente documentada con las pruebas pertinentes- al objeto de que se me indemnice por el tiempo en que estuve indebidamente en prisión. Y quién la ha presentado, paradojas de la vida, es una persona que llevando ahora casi dos años en libertad, ha
rehecho su vida social y no ha cometido ningún delito desde entonces. Desde luego sin que la institución penitenciaria pueda decir al respecto que la reinserción social se deba a las terapias de aislamiento, algo muy al uso pero tan cuestionable como cuestionado. O cosa aún más absurda, que la no infracción de la ley se derive del hecho de haberla incumplido la misma DGIP en mi perjuicio y con demostrada reiteración.
Las preguntas que ahora mismo nos quedan en el aire, Sr. Ministro, y que yo le formulo a usted, es qué va a hacer el estado, cómo y cuando, para paliar unos daños tan tremendos como los causados a mi persona por el funcionamiento anómalo de la Administración. Si a la luz de lo sucedido se va tener la consideración de tutelar la reclamación presentada con particular atención, una deferencia que habría de ser de rigor para con alguien a quién el “funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos” le ha causado unos perjuicios tan terribles como los que me ha ocasionado a mí. O si por el contrario, nos vamos a ver arrastrados a uno de esos lentos y desesperantes procedimientos en los que la persona siente la insignificancia de su humanidad frente a algunas actuaciones del estado que, aún suponiéndose que jamás podrían llegar a ocurrir, en ocasiones como la aquí dicha nos muestra la experiencia que sí pueden pasar. Y esta capacidad es lo más grave cuando se hace una valoración de lo sucedido. Porque de una u otra manera, Sr. Ministro, no estamos hablando sólo de que yo pueda encauzar el curso de mi vida hacia donde debería de estar en el caso de no mediar en él una anomalía como la sucedida. Estamos hablando, también, de la misma credibilidad que el discurso del estado democrático puede ofrecer y de la imagen que éste estado da a las personas si ante la evidencia de unos hechos como los descritos, no es capaz de
reaccionar con agilidad y eficacia de una manera que además de conforme a derecho sea digna de ser considerada humana.
Muy atentamente: Joaquín Garcés Villacampa
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Brigadas Vecinales de Observación de DD.HH sancionadas por el Gobierno
La policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito.
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos denunciamos y manifestamos:
El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole eventualmente discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o registros para, en su caso, poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales.
La policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito o falta tipificados en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana” pese a que no hubo ninguna reacción del público. Denunciamos públicamente este inaceptable intento de coacción, que trata de castigar e impedir la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que habitualmente se realizan controles de identidad a inmigrantes. La arbitrariedad en la decisión de la Delegación de Gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la policía en estas actuaciones tienen como consecuencia material el desprecio y la vulneración de las libertades fundamentales y deberes de los ciudadanos: el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos, de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los Derechos Humanos en las actuaciones policiales. Exigimos la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios contra defensores de los derechos humanos. Les instamos a hacerse eco de este comunicado, emplazándoles a una información más exhautisva en:
http://brigadasvecinales-ddhh.blogspot.com/ Leer más...
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos denunciamos y manifestamos:
El día 21 de Diciembre del 2010 en la plaza de Lavapiés y el día 22 de Febrero del 2011 en las inmediaciones del metro Oporto, las Brigadas de Observación de Derechos Humanos realizaban la tarea de observación y documentación de las actuaciones policiales relativas a prácticas habituales de identificación y cacheo de inmigrantes en la vía pública, de índole eventualmente discriminatoria o xenófoba, y de los eventuales malos tratos físicos o psicológicos a las personas inmigrantes requeridas de identificación y sometidas a cacheos o registros para, en su caso, poner en conocimiento de los organismos competentes y de la ciudadanía universal tales prácticas policiales.
La policía identificó a quienes participaban en las brigadas, y les ha abierto un expediente sancionador pese a que no incurrieron en ningún delito o falta tipificados en el ordenamiento jurídico, atribuyéndoles la “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana” pese a que no hubo ninguna reacción del público. Denunciamos públicamente este inaceptable intento de coacción, que trata de castigar e impedir la presencia de los ciudadanos en el espacio público en el que habitualmente se realizan controles de identidad a inmigrantes. La arbitrariedad en la decisión de la Delegación de Gobierno, así como el autoritarismo con el que se ha conducido la policía en estas actuaciones tienen como consecuencia material el desprecio y la vulneración de las libertades fundamentales y deberes de los ciudadanos: el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de cualquier ciudadano, y concretamente en estos hechos, de quienes, haciendo uso del mismo, actúan según el deber de asegurar el respeto de los Derechos Humanos en las actuaciones policiales. Exigimos la retirada del expediente y que no se repitan actos intimidatorios contra defensores de los derechos humanos. Les instamos a hacerse eco de este comunicado, emplazándoles a una información más exhautisva en:
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Nuevo récord histórico: 4,3 millones de parados
Noticia aparecida en El Levante.
EFE / MADRID El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en febrero y sumó 68.260 nuevos parados respecto al mes anterior, lo que situó el número total de desempleados en 4.299.263, el 1,6 % más.
Esta cifra es la más alta desde 1996, fecha desde la que se tienen datos disponibles.
En un año el paro ha aumentado en 168.638 personas, el 4,08 % más, que es el subida más baja desde noviembre de 2007, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El paro aumentó en febrero en todos los sectores, encabezados por el de los servicios, donde se incrementó en 39.569 personas (1,6 %), seguido por el colectivo sin empleo anterior, con 13.968 (3,81 %); la industria, 3.559 (0,71 %); construcción, 2.550 (0,34 %), y la agricultura, con 8.614 (6,67 %).
Para la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, se trata de "un dato negativo", si bien indica que el incremento del paro en febrero de este año es menor que el de los dos años anteriores.
En febrero de 2010 el paro subió en 82.132 personas y en el mismo mes de 2009 en 154.058.
Entre los hombres el desempleo aumentó en febrero en 29.373 personas (el 1,4 %) respecto a enero, hasta los 2.134.612, y entre las mujeres en 38.887 (1,8 %) y sumó 2.164.651 desempleadas.
En un año, el paro masculino subió en 33.948 (el 1,6 %) y el femenino en 134.690 (6,6 %).
La subida del paro afectó también a los jóvenes menores de 25 años, con 22.555 parados más (el 5 %) respecto al mes anterior y entre los mayores de esa edad creció en 45.705 (el 1,2 %).
En febrero, el paro subió en dieciséis comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, con 14.086 parados más, y Cataluña, con 12.988, y sólo bajó en Baleares, con 1.064 desempleados menos.
En cuanto a la contratación, en febrero se firmaron 1.011.418, lo que supone 16.804 menos que en el mismo mes de 2010 (el 1,63 % inferior) y de ellos 94.363 fueron indefinidos, una reducción de 6.848 (un 6,77 %).
La contratación acumulada de los dos primeros meses ascendió a 2.127.437, que supone 48.982 contratos más (el 2,36 %) que en el mismo periodo de 2010 y los contratos indefinidos entre enero y febrero fueron 197.096, un incremento de 1.290 (0,66 %).
De los indefinidos suscritos en febrero, 61.625 fueron a tiempo completo, 5.005 menos (el 7,51 %) que en el mismo mes del año pasado, y 32.738 a tiempo parcial, que se redujeron en 1.843 (5,33%).
En términos acumulados, los indefinidos a tiempo completo sumaron 131.846, el 0,61 % más que en el mismo periodo de 2010, y los parciales 65.250, un 0,77 % más.
Del resto de los contratos de febrero, 6.991 fueron de carácter formativo y 910.064 otro tipo de temporales. Leer más...
EFE / MADRID El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en febrero y sumó 68.260 nuevos parados respecto al mes anterior, lo que situó el número total de desempleados en 4.299.263, el 1,6 % más.
Esta cifra es la más alta desde 1996, fecha desde la que se tienen datos disponibles.
En un año el paro ha aumentado en 168.638 personas, el 4,08 % más, que es el subida más baja desde noviembre de 2007, según el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
El paro aumentó en febrero en todos los sectores, encabezados por el de los servicios, donde se incrementó en 39.569 personas (1,6 %), seguido por el colectivo sin empleo anterior, con 13.968 (3,81 %); la industria, 3.559 (0,71 %); construcción, 2.550 (0,34 %), y la agricultura, con 8.614 (6,67 %).
Para la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, se trata de "un dato negativo", si bien indica que el incremento del paro en febrero de este año es menor que el de los dos años anteriores.
En febrero de 2010 el paro subió en 82.132 personas y en el mismo mes de 2009 en 154.058.
Entre los hombres el desempleo aumentó en febrero en 29.373 personas (el 1,4 %) respecto a enero, hasta los 2.134.612, y entre las mujeres en 38.887 (1,8 %) y sumó 2.164.651 desempleadas.
En un año, el paro masculino subió en 33.948 (el 1,6 %) y el femenino en 134.690 (6,6 %).
La subida del paro afectó también a los jóvenes menores de 25 años, con 22.555 parados más (el 5 %) respecto al mes anterior y entre los mayores de esa edad creció en 45.705 (el 1,2 %).
En febrero, el paro subió en dieciséis comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, con 14.086 parados más, y Cataluña, con 12.988, y sólo bajó en Baleares, con 1.064 desempleados menos.
En cuanto a la contratación, en febrero se firmaron 1.011.418, lo que supone 16.804 menos que en el mismo mes de 2010 (el 1,63 % inferior) y de ellos 94.363 fueron indefinidos, una reducción de 6.848 (un 6,77 %).
La contratación acumulada de los dos primeros meses ascendió a 2.127.437, que supone 48.982 contratos más (el 2,36 %) que en el mismo periodo de 2010 y los contratos indefinidos entre enero y febrero fueron 197.096, un incremento de 1.290 (0,66 %).
De los indefinidos suscritos en febrero, 61.625 fueron a tiempo completo, 5.005 menos (el 7,51 %) que en el mismo mes del año pasado, y 32.738 a tiempo parcial, que se redujeron en 1.843 (5,33%).
En términos acumulados, los indefinidos a tiempo completo sumaron 131.846, el 0,61 % más que en el mismo periodo de 2010, y los parciales 65.250, un 0,77 % más.
Del resto de los contratos de febrero, 6.991 fueron de carácter formativo y 910.064 otro tipo de temporales. Leer más...
La hoja de marzo de la Biblioteca Anarquista Al Margen
Aqui teneis La Hoja de la Biblioteca del mes de marzo. Para quien aún no la conozca la hoja es un instrumento más de los ideados por la Biblioteca Anarquista Al Margen con el fin de hacer difusión de una lectura consciente. Esperamos sea de vuestro agrado.[...] Podeis leerla aquí en el Infopunt o pasaros por la Biblioteca y recogerla gratuitamente.
Abrimos todos los martes a partir de las 18h en el Ateneo Libertario Al Margen (Calle Palma 3 Barrio del Carmen) y ponemos a vuestra disposición más de 1000 libros de temática antiautoritaria, suscripción a una veintena de revistas y periódicos de pensamiento crítico asi como un centenar de documentales.
Además podéis tomaros unos zumicos, infusiones... mientras disfrutáis de una agradable lectura e incluso conectaros gratis a internet.
Biblioteca Anarquista Al Margen: pasen y lean.
(los números anteriores de la Hoja están colgados en http://sites.google.com/site/infopuntvlc/pdf Leer más...
Abrimos todos los martes a partir de las 18h en el Ateneo Libertario Al Margen (Calle Palma 3 Barrio del Carmen) y ponemos a vuestra disposición más de 1000 libros de temática antiautoritaria, suscripción a una veintena de revistas y periódicos de pensamiento crítico asi como un centenar de documentales.
Además podéis tomaros unos zumicos, infusiones... mientras disfrutáis de una agradable lectura e incluso conectaros gratis a internet.
Biblioteca Anarquista Al Margen: pasen y lean.
(los números anteriores de la Hoja están colgados en http://sites.google.com/site/infopuntvlc/pdf Leer más...
[Valencia] Marzo Libertario-Jornadas Culturales
Jornades durant tot el mes de Març al local de la CNT-Valencia
Marzo Libertario-Jornadas Culturales
C.N.T. Valencia
C/ Progreso nº126,(cabanyal) Valencia
Martes 1: -Inauguración y presentación de la exposición de esculturas “Vaginas” Autora: Kiara.
La autora de la exposición: Kiara, nos ara una extensa explicación de sus obras.
La exposición se podrá visitar durante todo el mes de Marzo.
Horarios: Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo de 18.00 a 21.00h.
Sábado 5: -”Mujeres Libres ayer y hoy” Charla-coloquio a cargo de Maria (c.n.t. sagunto)
Charla-coloquio combinada con performances a cargo de las mujeres de C.N.T.
Promete ser una actividad además de original muy divertida con la cual C.N.T. Valencia,
quiere sumarse a la celebración del día 8 de marzo, día de la mujer.
Viernes 11: -”Iglesia y crueldad animal” Charla-coloquio a cargo de Arturo Pérez (Actyma)
La charla girara entorno a la vinculación directa de la Iglesia Católica en el maltrato animal.
ACTYMA ha elaborado un informe sobre el espectáculo reglamentado (toreo a pie), que
comenzó a principios del S.VIII y fue sustituyendo poco a poco a las ejecuciones de la inquisición
(por ser un espectáculo semejante, atroz, y sangriento) y que continua hasta nuestros días, casi
sin modificaciones.
Sábado 12: -”Abolición de la esclavitud animal” Charla-coloquio a cargo de Luís Pérez (Defensa Animal org.)
Defensa animal.org, trata de reeducar a la sociedad para que sea consciente de que todos los
animales que tenemos sistema nervioso (humanos, perros, cerdos, atunes, gallinas, ratones, etc.)
disponemos de la capacidad de sentir (dolor, placer, miedo, etc.) por lo que tenemos intereses que
deberían ser respetados El objetivo de DefensAnimal.org es erradicar el especismo (discriminación en
función de la especie), que es tan injusto como el sexismo o el racismo, aunque las víctimas sean
animales de otras especies distintas de la humana.
Jueves 17:-” La rebeldía festiva, historia de las fiestas Iberas” Demetrio Brisset. Presentación del libro a cargo de su autor
Su autor, Demetrio E. Brisset, antropólogo y periodista en los años setenta, dedicó 30 años a
estudiar y fotografiar las fiestas tradicionales que a lo largo del ciclo anual en España se celebran. La
documentación histórica recogida de múltiples fuentes (en gran parte inéditas, procedentes de archivos),
aporta sorprendentes y divertidos datos sobre muy curiosas y creativas celebraciones, enriqueciendo
nuestra imagen de la cultura popular. Pero también nos ilustra sobre la feroz persecución de las
diversiones profanas, hasta el punto que se puede considerar la historia de las fiestas como la de sus
prohibiciones. Aunque las autoridades impusieran estrictos límites a la libertad festiva, no consiguieron
eliminar la fantasía, el erotismo y el afán colectivo por la igualdad, que resistieron camuflados en
diversos rituales.
Viernes 25:-” La lucha del pueblo Mapuche” Charla coloquio a cargo de un militante de la causa Mapuche.
Nos hablaran de la historia, y la actualidad de la lucha del pueblo Mapuche.
Sábado 26:- “ Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica” Pepe Rodríguez. Presentación a cargo de su autor.
Un análisis de las graves contradicciones de la Biblia y de cómo se ha manipulado ésta en beneficio de la
Iglesia. Nuestra sociedad actual, aunque presenta una modesta práctica religiosa real, permanece fuertemente influida por
una poderosa cosmovisión cristiana que, lo queramos o no, mediatiza nuestra forma de pensar y, desde los centros de
influencia controlados por la Iglesia, pretende imponernos a creyentes y no creyentes una determinada forma de sentir y
de vivir. Por esta razón, dado que la Iglesia católica y sus dogmas son algo que nos afecta y concierne a todos
sin excepción, resulta obligada y necesaria toda reflexión que amplíe nuestros conocimientos sobre una institución y
unas creencias que han modelado los últimos dos mil años de historia humana.
*Todas las actividades comenzaran a las 18.00 h.
*Todos los días habrá una deliciosa cena vegana.
Salud y Anarquía.
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Marzo Libertario-Jornadas Culturales
C.N.T. Valencia
C/ Progreso nº126,(cabanyal) Valencia
Martes 1: -Inauguración y presentación de la exposición de esculturas “Vaginas” Autora: Kiara.
La autora de la exposición: Kiara, nos ara una extensa explicación de sus obras.
La exposición se podrá visitar durante todo el mes de Marzo.
Horarios: Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo de 18.00 a 21.00h.
Sábado 5: -”Mujeres Libres ayer y hoy” Charla-coloquio a cargo de Maria (c.n.t. sagunto)
Charla-coloquio combinada con performances a cargo de las mujeres de C.N.T.
Promete ser una actividad además de original muy divertida con la cual C.N.T. Valencia,
quiere sumarse a la celebración del día 8 de marzo, día de la mujer.
Viernes 11: -”Iglesia y crueldad animal” Charla-coloquio a cargo de Arturo Pérez (Actyma)
La charla girara entorno a la vinculación directa de la Iglesia Católica en el maltrato animal.
ACTYMA ha elaborado un informe sobre el espectáculo reglamentado (toreo a pie), que
comenzó a principios del S.VIII y fue sustituyendo poco a poco a las ejecuciones de la inquisición
(por ser un espectáculo semejante, atroz, y sangriento) y que continua hasta nuestros días, casi
sin modificaciones.
Sábado 12: -”Abolición de la esclavitud animal” Charla-coloquio a cargo de Luís Pérez (Defensa Animal org.)
Defensa animal.org, trata de reeducar a la sociedad para que sea consciente de que todos los
animales que tenemos sistema nervioso (humanos, perros, cerdos, atunes, gallinas, ratones, etc.)
disponemos de la capacidad de sentir (dolor, placer, miedo, etc.) por lo que tenemos intereses que
deberían ser respetados El objetivo de DefensAnimal.org es erradicar el especismo (discriminación en
función de la especie), que es tan injusto como el sexismo o el racismo, aunque las víctimas sean
animales de otras especies distintas de la humana.
Jueves 17:-” La rebeldía festiva, historia de las fiestas Iberas” Demetrio Brisset. Presentación del libro a cargo de su autor
Su autor, Demetrio E. Brisset, antropólogo y periodista en los años setenta, dedicó 30 años a
estudiar y fotografiar las fiestas tradicionales que a lo largo del ciclo anual en España se celebran. La
documentación histórica recogida de múltiples fuentes (en gran parte inéditas, procedentes de archivos),
aporta sorprendentes y divertidos datos sobre muy curiosas y creativas celebraciones, enriqueciendo
nuestra imagen de la cultura popular. Pero también nos ilustra sobre la feroz persecución de las
diversiones profanas, hasta el punto que se puede considerar la historia de las fiestas como la de sus
prohibiciones. Aunque las autoridades impusieran estrictos límites a la libertad festiva, no consiguieron
eliminar la fantasía, el erotismo y el afán colectivo por la igualdad, que resistieron camuflados en
diversos rituales.
Viernes 25:-” La lucha del pueblo Mapuche” Charla coloquio a cargo de un militante de la causa Mapuche.
Nos hablaran de la historia, y la actualidad de la lucha del pueblo Mapuche.
Sábado 26:- “ Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica” Pepe Rodríguez. Presentación a cargo de su autor.
Un análisis de las graves contradicciones de la Biblia y de cómo se ha manipulado ésta en beneficio de la
Iglesia. Nuestra sociedad actual, aunque presenta una modesta práctica religiosa real, permanece fuertemente influida por
una poderosa cosmovisión cristiana que, lo queramos o no, mediatiza nuestra forma de pensar y, desde los centros de
influencia controlados por la Iglesia, pretende imponernos a creyentes y no creyentes una determinada forma de sentir y
de vivir. Por esta razón, dado que la Iglesia católica y sus dogmas son algo que nos afecta y concierne a todos
sin excepción, resulta obligada y necesaria toda reflexión que amplíe nuestros conocimientos sobre una institución y
unas creencias que han modelado los últimos dos mil años de historia humana.
*Todas las actividades comenzaran a las 18.00 h.
*Todos los días habrá una deliciosa cena vegana.
Salud y Anarquía.
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