Empiezan las reformas: copago en la justicia, ley del aborto, ley del menor y posibilidad de cadena perpetua

Para recurrir las decisiones judiciales en segunda instancia habrá que tener más recursos económicos, según el nuevo sistema de tasas que ha anunciado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en su primera intervención ante la Comisión del Congreso. También ha anunciado que el Ejecutivo de Rajoy estudiará una posible instauración de la cadena perpetua revisable, que, según ha dicho, será una pena excepcional para delitos que hayan causado una gran alarma social. En cualquier caso, la medida implicará una nueva reforma del Código Penal.

El ministro de Justicia ha apuntado esta mañana la posibilidad de establecer una especie de sistema de copago de la justicia, de forma que a partir de la segunda instancia, quien recurra, pague. De esta forma, ha afirmado, se pretende mitigar el exceso de litigiosidad.

Si en la segunda instancia, con posterioridad, la justicia le da la razón, se le reintegrará ese depósito, pero tendrá que tener capacidad para anticiparlo, despojarse de esa cantidad mientras se resuelve el recurso y aceptar el riesgo de no obtener satisfacción al recurso.

Gallardón ha excluido solo la jurisdicción penal, por lo que se supone que sí se aplicará, por ejemplo, a la laboral para recurrir sentencias sobre despidos, a la mercantil, a la civil o a la contencioso-administrativo.

Según el ministro, hay un abuso en la interposición de recursos que pone en dificultades la sostenibilidad económica de la justicia y pone en riesgo que quienes de verdad tienen motivo para recurrir lo puedan hacer.

También ha hablado de “uso racional de la justicia” y de "abuso de acceso a órganos judiciales", algo que, dijo, afecta sobre todo a la segunda instancia judicial, que sufre un riesgo de "colapso".

Quedará a salvo, según ha explicado, la justicia gratuita, es decir, las personas que puedan demostrar que carecen de medios para acudir a los tribunales. También en este sentido, el ministro ha anunciado un endurecimiento de los requisitos y controles de esa justicia gratuita.

Gallardón también ha anunciado que se abordará la reforma de la ley del aborto para volver a establecer la obligatoriedad de que los padres tengan que dar su consentimiento para que las menores puedan interrumpir el embarazo.

Gallardón ha dicho que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que estas no aleguen peligro de violencia en el ámbito familiar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

No ha dicho nada sobre la reforma de la ley de matrimonios homosexuales, de la que no ha hecho ni mención en su intervención inicial.

Gallardón ha anunciado una serie de leyes, incluida la de Enjuiciaiento Criminal comprometida por todos los ministros de Justicia desde los ochenta y con un ligero matiz al rechazo habitual del PP a que los fiscales instruyan. “Se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor”, ha dicho.

El ministro de Justicia ha anunciado la reforma del Cógipo Penal para perseguir la multirreincidencia, es decir, la comisión de faltas como pequeños hurtos, para que puedan perseguirse como delitos.

En esa línea ha avanzado la reforma de la ley del menor para que se unifique en un solo procedimiento cuando haya implicados mayores y menores de edad en los mismos hechos.

“Vamos a buscar el máximo consenso posible”. Con esa bandera se ha presentado esta mañana el ministro en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Estas declaraciones se producen pocas horas después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara, también en la Cámara baja, cambios importantes de la justicia.

Eso sí, la número dos del Ejecutivo no dio opción a réplica alguna del resto de los grupos parlamentarios. Los socialistas anunciaron inmediatamente que esa actuación rompía el Pacto por la Justicia. Gallardón ha manifestado su "voluntad de diálogo" como "instrumento" para salvar "discrepancias y diferencias políticas". A lo que ha agregado: "Tenemos muy claro qué España queremos... No recibimos la confianza como cheque en blanco, por eso vamos a abordar las reformas".

Además, el ministro ha anunciado nuevos Códigos mercantil y civil y que despojará de algunas competencias mercantiles y civiles a los jueces para atribuírselas a notarios y registradores.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/25/actualidad/1327485200_101070.html

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy una reforma con mayúsculas en el ámbito judicial. Entre otras parcelas, su intención es tocar la Ley del Aborto, la del Menor y la posibilidad de imponer penas de prisión permanentes "revisables". Así lo ha explicado Ruiz-Gallardón en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Uno de los primeros anuncios que ha realizado ha sido el de una reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores de edad que quieran abortar. Al respecto, ha recordado que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.
Otro de los aspectos que ha tratado durante su comparecencia han sido los que tienen que ver con la Ley del Menor. La intención del Ejecutivo, en este sentido, es que en los casos en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos. En este sentido, ha recalcado la reforma no supondrá "merma alguna" de los derechos del menor.
Además, el Gobierno reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos. Eso sí, ha recalcado que la reforma no supondrá "merma alguna" de los derechos del menor.
Gallardón también ha anunciado que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.

http://www.lasprovincias.es/rc/20120125/mas-actualidad/sociedad/congreso-escucha-lineas-actuacion-201201251033.html