Egunkaria en el banquillo

En toda la historia de la Audiencia Nacional no existe ni un solo precedente, que se recuerde, en el que el fiscal solicite el sobreseimiento y archivo del sumario, tratándose de una base acusatoria similar al caso Egunkaria.



Viento Sur

Por otra parte, ante los tribunales han pasado en los últimos años representantes institucionales de alto nivel (Atutxa, Ibarretxe …) en relación con la ilegalización de formaciones ligadas a la izquierda abertzale, incluidos dirigentes y responsables de ésta en diferente grado. En unos y otros casos, la solidaridad brindada ha sido siempre amplia pero básicamente desde los aledaños políticos y sociales de cada cual. En el caso Egunkaria la solidaridad ha sido amplia, muy amplia, procedente además de un aledaño y otro. Poder Judicial español y sociedad vasca han coincidido, paradójicamente, en interiorizar la singularidad del caso, a juzgar por su propio comportamiento espontáneo. Van a ser casi siete años de proceso, cuando se publiquen estas líneas, y el juicio no habrá hecho más que empezar (15 y 16 de diciembre), también de manera particular. Nada más comenzar va a ser interrumpido, sin que exista fecha de continuidad hasta el momento. La norma establece que a un juicio interrumpido ha de dársele continuidad en el plazo máximo de un mes, así que todo parece indicar que proseguirá en enero, con calendario aún indefinido.

Precisamente estos días ha sido un viejo conocido en la esfera política de este país el que nos ha presentado los trazos del contexto en el que tuvo lugar la operación contra Egunkaria. Ramón Jáuregui, en una entrevista realizada en la emisora radiofónica Onda Vasca, confirmaba, por si había alguna necesidad, el impulso político que se halla en el contexto general de la operación contra el único periódico diario del mundo publicado en euskara hasta ese momento. Y en el que su partido –habrá que decir- no sólo acompañó sino llevó la iniciativa, como parece desprenderse de las convincentes palabras del ahora europarlamentario. “Ya ha llegado el momento de agotar –dice, aludiendo a no parar el camino emprendido hasta llegar a la meta- la estrategia que iniciamos en el 2003, que está claramente dando sus frutos … que ha sido la ilegalización y la persecución judicial del entramado político de la violencia …”. He aquí la versión de un interlocutor cualificado.

Preguntado sobre el caso Egunkaria en particular, sin embargo, señala refiriéndose al contenido de las líneas anteriores que “es una de esas cosas del pasado que quizás no sirven para juzgar este análisis”. Sugiere una eventual “actuación retroactiva o rectificadora”, aunque adelanta que “judicialmente no es fácil”. Y finalmente “confía en que quizás las cosas acaben con una sentencia que no condene si no hay causa”. Los encausados, cómo decirlo, no es que confiemos, la verdad, pero ya nos gustaría que así fuera. Porque no tenemos ninguna duda de que, en términos judiciales, causa no hay. Es un reconocimiento explícito, no sólo del impulso político que se halla en las estrategias generales de ilegalización que hemos vivido en los últimos años, sino de que nuestro caso se hallaría en el capítulo de excesos de dicha política, ya de por sí un exceso en términos democráticos. No olvidemos que el mismo día o los inmediatamente posteriores a la operación contra Egunkaria, el 20 de febrero de 2003, un abultado convoy de de la Guardia Civil que se dirigía al Santuario de Arantzazu con la intención de empapelarlo y registrarlo, recibió la orden de vuelta atrás procedente del Ministerio español del Interior, al frente del cual se hallaba entonces Mayor Oreja, cuando se encontraba ya a la altura de Aranda Duero, después de alguna delicada gestión en la que se sugirió la barbaridad de la medida. Fueron días de exceso con precedentes y continuidad.

Pero si en sí mismo el caso Egunkaria es ejemplo revelador de una política permanente de excesos, visto en clave democrática, el panorama que abriría una eventual sentencia condenatoria no es motivo de menor alarma. Ya nos reveló el ministro Pérez Rubalcaba que en el Reino de España la Policía y la Guardia Civil tienen tesis propias. “La Justicia ha dado la razón a la tesis de la Policía y la Guardia Civil”, dijo al hilo de la sentencia del Supremo al 18/98. Ahí es nada.

Y ¿cual es la tésis de la Guardia Civil en el caso Egunkaria? Ni más ni menos que el euskara es un bien ya protegido por las leyes y las instituciones españolas, centrales y autonómicas. Que por lo tanto las iniciativas sociales en torno a nuestro idioma sólo se explican como algo instrumental destinado a otros fines. Se refiere a “los fines de ETA”. Aparece explícitamente en los informes de la denominada Benemérita y los textos de la denominada “Acusación Popular”.

Si hay sentencia condenatoria, que nos pillen confesados a todos, no sólo a los ya encausados.

De Nodo50