El acuerdo de la UE sale adelante con recortes sociales y salariales. -La fuerte resistencia de Irlanda a aumentar el impuesto de sociedades dificulta ampliar el pacto - Los estados presentarán cada año sus medidas
Los líderes de los 17 países de la zona euro aprobaron ayer los principios del Pacto por el Euro cuyo objetivo es fomentar la competitividad para afrontar la crisis de la deuda. El acuerdo se basa en compromisos sobre moderación salarial, contención del gasto en pensiones y prestaciones sociales, flexiseguridad laboral para fomentar el empleo y coordinación de las políticas fiscales. "Los Estados miembros que participarán seguirán los objetivos de acuerdo con las políticas que escojan". "La elección de las políticas específicas necesarias permanece como responsabilidad de cada país", según el documento.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió de madrugada que "seguramente" habrá más ajustes y reformas en aplicación del pacto. En la carta que envió a sus homólogos antes de la cumbre, Zapatero se mostró partidario de "alinear salarios y productividad", como viene reclamando Merkel. Tras la reunión, Zapatero matizó que, "en parte, la productividad ya se tiene en cuenta en la negociación colectiva" y se mostró convencido de que empresarios y sindicatos conseguirán llegar a "un acuerdo equilibrado", para lo que tienen de plazo hasta el 19 de marzo.
El acuerdo definitivo asumido ayer por la Eurozona debería aprobarse en el Consejo Europeo del 24 y 25 de este mes y está pendiente del consenso de otras medidas encaminadas a reforzar el Gobierno económico de la UE. De momento, Grecia logró ayer una rebaja de un punto porcentual en los intereses que paga por los créditos que recibe de la UE y el FMI (hasta el 4,2%) y que se alargue de cinco a siete años y medio el plazo de devolución. Sin embargo, el nuevo primer ministro irlandés, Enda Kenny, no obtuvo esta rebaja y se desmarcó del acuerdo al rechazar subir su impuesto de sociedades (ahora con un tipo del 12,5%, muy por debajo de la media europea), tal y como le demandaban Alemania y Francia. "Debe haber un quid pro quo" dijo la canciller alemana, Angela Merkel.
Los líderes también acordaron ayer reforzar y flexibilizar el fondo de rescate, el Fondo Europeo para la Estabilidad Financiera (FEEG), para los países con problemas de deuda y flexibilizarlo con el objetivo de que pueda comprar bonos en el mercado primario. En la actualidad, el tramo intergubernamental del fondo de rescate (440.000 millones de euros) sólo puede prestar en la práctica 250.000 millones, ya que necesita guardar el resto como reserva para mantener su calificación crediticia.
Esta es la tercera vez en la que los jefes de Gobierno de la zona euro se ven forzados a celebrar un Consejo extraordinario ante la gravedad de la situación. En los últimos días las presiones sobre Grecia, Portugal, Irlanda y España se han intensificado en buena parte alimentadas por las rebajas de la deuda por parte de las agencias de calificación. Los dos Consejos extraordinarios anteriores se celebraron el 12 de octubre de 2008, tras la caída del banco estadounidense Lehman Brothers, y el pasado 7 de mayo para evitar que la crisis de Grecia se extendiera a otros países como Portugal, España e Italia.
Entre los otros asuntos de debate figura en primer lugar alcanzar un consenso sobre las seis disposiciones legislativas propuestas por la Comisión para endurecer las sanciones a los infractores del Pacto de Estabilidad y establecer un nuevo marco legal para corregir los desequilibrios por diferencias de competitividad.
La mayor dificultad de este nuevo marco está en la pretensión de introducir la deuda como criterio igual que el déficit. La propuesta de la Comisión es la reducción anual en una veinteava parte del excedente de deuda que supere el 60% del PIB.
Los Estados presentarán cada año en el mes de abril las medidas a las que se comprometen y serán examinadas su aplicación 12 meses después.
El Pacto del Euro es una versión suavizada y "equilibrada" del Pacto por la Competitividad, promovido por Alemania hace un mes como condición para aceptar un aumento del fondo de rescate para los países con dificultades. El documento prevé la completa implicación de los agentes sociales en las negociaciones que vincularán los salarios con la productividad. Los países deberán "garantizar" que "la fijación de los salarios en el sector público esté en consonancia con los esfuerzos de competitividad del sector privado" y que "los salarios deberán evolucionar con la productividad". No se habla de prohibir la indexación de los salarios con la inflación, que pidió Berlín.
Los compromisos para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas exigen a los Estados adoptar cambios legales en todos los niveles de Gobierno. "La formulación exacta de la norma será decidida por cada país pero debería garantizar la disciplina fiscal tanto a nivel nacional como subnacional [es decir, a nivel regional y local]", según señala el texto.
El acuerdo también propugna "una baja del impuesto sobre el trabajo" y un "alineamiento de los sistemas de pensiones con la situación demográfica nacional, por ejemplo alineando la edad de la pensión con la esperanza de vida".
Nuevos criterios para las pruebas de resistencia
Los líderes analizaron también los nuevos criterios que ha elaborado la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para realizar las próximas pruebas de resistencia a la banca europea y que deben ser lo suficientemente rigurosas para despejar todas las dudas sobre su solvencia.
También se ha aprobado la reforma del Tratado para crear un fondo de rescate permanente a partir de junio de 2013, que, según los ministros de Economía, debería contar con una dotación de 500.000 millones.
El País
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