Más de una docena de reformas de artículos del Código Penal ha puesto en marcha el Partido Popular durante sus primeros 100 días en el Gobierno. La batería de modificaciones legales propuestas aumenta casi cada semana. Primero fueron las faltas y los delitos relacionados con la multirreincidencia los que se iban a reformar, según anunció a mediados de marzo el ministro del Interior, Jorge Fernández, en el Senado. Ese mismo día también dijo que se penaría con más severidad la desobediencia contra la autoridad y sus agentes, una medida que parecía directamente relacionada con los altercados y las cargas policiales de Valencia en febrero durante las manifestaciones en torno al instituto Lluís Vives.
Después, tras los actos de vandalismo en Barcelona durante la huelga del 29 de marzo, se anunció que se endurecerían las sanciones para la violencia callejera equiparándolo con la legislación antiterrorista sobre la kale borroka. Y la última medida de este tipo ha sido la propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de endurecer las sanciones a pirómanos tras el incendio de Galicia, recomendación que hizo aún antes de tener la certeza de si el fuego había sido provocado o no.
Algunos partidos de la oposición —IU, ICV y ERC— y asociaciones progresistas de jueces y fiscales han acusado al Gobierno de legislar “a golpe de ocasión”, sin tener una idea clara de qué es lo que se quiere hacer, por qué y cuáles serán las consecuencias criminológicas de esta decisión. El Ejecutivo, por su parte, asegura tener las ideas muy claras y defiende a capa y espada que las reformas son necesarias.
“Estas modificaciones legales, la lucha contra la multirreincidencia y el vandalismo, estaban ya incluidas en el programa electoral del PP”, defiende el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, exfiscal, exmagistrado y exletrado del Tribunal Constitucional. “Pero, además, también es una necesidad que responde a una realidad que se impone. Para eso está el Gobierno, para reaccionar frente a los problemas. Eso no es legislar a golpe de ocasión sino ofrecer soluciones, y en esa línea estamos trabajando con el Ministerio de Justicia”.
Cuando se lleve a cabo, será la reforma número 28 del Código Penal de 1995 —la última modificación es muy reciente, de 2010—. Los críticos aseguran que todos los Gobiernos, este y los anteriores, ceden a la tentación de echar mano del Código Penal cada vez que hay cualquier problema, y que esa forma de legislar ha provocado que las cárceles estén a rebosar. España tiene la mayor tasa de presos de toda Europa occidental. La estancia media en prisión de los reclusos españoles, de 18 meses, está entre las más altas de toda Europa y se ha duplicado desde 1996 —era entonces de nueve meses—. Todo ello a pesar de que los índices de criminalidad están, por el momento, entre los más bajos.
“En todo caso”, responde el secretario de Estado de Seguridad, “no hay que olvidar que el tratamiento penitenciario español está entre los más avanzados de Europa. Y, por otro lado, lo que planteamos con la necesidad de reformar la ley no es meter más gente en la cárcel porque sí, sino responder a tipos de criminalidad para los que en estos momentos no existe una respuesta eficaz que la ciudadanía está demandando”.
¿Cuáles son estos tipos de criminalidad? Aparte de la propuesta de la Xunta sobre los incendios forestales, que parece obedecer directamente al reciente incendio, el plan de Interior —que trabaja con el Ministerio de Justicia en una comisión bilateral en la que, entre otros, están los secretarios de Estado de ambos departamentos—, gira en torno a dos bloques: la lucha contra la multirreincidencia y el endurecimiento de las penas relacionadas con el mantenimiento del orden público. La tramitación de ambas reformas se va a separar en el tiempo, según indica Ulloa, porque el Gobierno quiere dar cierta urgencia a la lucha contra los delitos de resistencia a la autoridad y el vandalismo. La idea del Ejecutivo es tener el primer proyecto de ley orgánica listo antes del verano y esperar un poco más para la otra parte de la modificación del código, relacionada con la multirreincidencia.
“Las razones que según el Gobierno justifican las reformas penales se apoyan en fundamentos subjetivos”, opina Julián Ríos, profesor de Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Pontificia de Comillas. “Sensaciones, percepciones, impresiones, son las palabras que más se repiten en las comparecencias y declaraciones de los ministros del Interior y de Justicia, sin que ninguno aporte datos constatables empíricamente. Si acudimos a los últimos datos estadísticos referidos a 2010, de la Memoria de la Fiscalía del Estado, se verifica que la evolución cuantitativa de los asuntos penales en los que intervino el Ministerio Público ‘revela un resultado extraordinariamente positivo, derivado de una importante disminución en el número de causas iniciadas en relación con las registradas por iguales conceptos en 2009’, según consta en el texto. Nuestra tasa de criminalidad es baja y tiene índices menguantes y la sensación de inseguridad ciudadana tiene más que ver con un mensaje amplificado por determinados medios de comunicación de hechos puntuales que con un aumento real de la inseguridad”.
“Nuestra intención no es en ningún caso acudir a la ley penal como primera respuesta”, afirma por su parte el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. “La respuesta penal tiene que ser la mínima y última. Pero hay conductas reprobables que ahora no tienen un adecuado enfoque. Y cuando se detecta un agujero o fisura legal hay que ofrecer una solución”.
El Pais
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