Los detenidos confirman la denuncia de torturas

Grande-Marlaska acordó ayer enviar a prisión a Zapirain, López y Etxebarria, a quienes acusa de «integración en organización terrorista», como a Pastor, encarcelado la víspera. Todos los detenidos denunciaron haber sido objeto de duras sesiones de torturas físicas y síquicas, que los ha llevado a autolesionarse, en el caso de Pastor, y a ratificar ante el juez la declaración policial, en el caso de Zapirain. Ambos fueron amenazados con sus compañeras sentimentales.

Iñigo Zapirain, Lorena López y Beatriz Etxebarria ingresaron ayer en prisión tras agotar el periodo de incomunicación, en el que denunciaron haber sido víctimas de «duras sesiones de tortura síquicas y físicas» a manos de agentes de la Guardia Civil.

Estas denuncias de tortura se suman a la de Daniel Pastor, apresado junto a los tres primeros pero que ingresó en la cárcel antes del tiempo previsto tras dos traslados al hospital. Ayer confirmó a su abogado de confianza que las hospitalizaciones se debieron a las heridas que se causó él mismo, dándose puñetazos y cabezazos contra la pared, al verse forzado a autoinculparse ante las amenazas de que, de lo contrario, su compañera sentimental, -Lorena López- sería encarcelada. Pastor, como difundirían después las agencias españolas, sí admitió ante el juez que se autolesionó, aunque precisó que lo hizo «preso de una tensión insoportable que buscaba que suscribiera una declaración policial forzada», hecho que no tuvo ningún eco en los medios.

Por su parte, Iñigo Zapirain denunció que se le aplicó «la bolsa» incluso en el furgón policial que lo trasladaba ayer desde el cuartel de Tres Cantos a la Audiencia Nacional española para que le tomaran declaración. Refirió, además, que en el trayecto sufrió duras presiones para que ratificara la declaración realizada en los calabozos. Concretamente, según apuntó, le amenazaron con «violar y torturar» a su compañera, Beatriz Etxebarria -que pasaría a disposición judicial después de Zapirain- si no corroboraba lo suscrito durante la incomunicación.

Las presiones realizadas, según comunicó a su abogado, forzaron al joven a admitir ante el juez los atentados asumidos en la declaración policial, como difundieron luego los medios de comunicación españoles.

El letrado de confianza de los jóvenes, Alfontso Zenon, relató a GARA las torturas denunciadas por los cuatro arrestados.

Indicó que en los calabozos del tribunal encontró a Zapirain muy angustiado y preocupado por el estado de su compañera, que refirió haber sufrido un trato sicológico muy duro y vejaciones de carácter sexual.

Acusada de compartir vivienda

A pesar del estremecedor relato de los arrestados, que en la mayoría de los casos pudo conocer de primera mano el propio Grande Marlaska, los tres ciudadanos vascos ingresaron ayer, junto a Pastor, en la prisión madrileña de Soto del Real.

El auto que dicta el ingreso en prisión de estos bilbainos los acusa de «integración en organización terrorista», «tenencia de armas y explosivos» y «falsificación de documentos».

Lorena López, por su parte, negó ante Grande-Marlaska que tuviera nada que ver con ninguna de las acusaciones, e incluso, según las agencias españolas, el resto de arrestados no la han señalado en ningún momento. Pese a todo, el juez especial considera que «necesariamente tenía que pertenecer a él por que facilita infraestructura con carácter permanente» a Pastor. Lo que significa que se la acusa de compartir una vivienda con su compañero sentimental.

El auto judicial sitúa, por tanto, a los cuatro jóvenes vizcainos como componentes del llamado «comando Otazua» de la organización armada ETA, que toma su nombre del militante Arkaitz Otazua, fallecido en el tiroteo con la Ertzaintza del puerto de Herrera en 2003.

Asimismo, Marlaska los señala como los responsables de catorce atentados de ETA que no estaban adjudicados policialmente hasta hoy. Entre las acciones armadas que se les imputan están las que provocaron la muerte del inspector de la Policía española Eduardo Puelles, en Arrigorriaga, y la del brigada del Ejército Luis Conde, en Santoña.

La mayoría de estas acusaciones eran bien conocidas por la opinión pública, debido a las insistentes filtraciones que se han repetido durante el tiempo que han permanecido incomunicados los cuatro bilbainos.

Sin que los detenidos hubieran pasado aún ante el juez, el Ministerio del Interior se congratulo por la importancia de los arrestos y dio por buenas las filtraciones, incidiendo en la importancia de ir esclareciendo los atentados pendientes. Saludó, además, que «prácticamente todos los atentados desde 2004 están esclarecidos, los más importantes, excepto Palmanova», localidad de Mallorca donde murieron dos guardias civiles el 30 de julio de 2009.

La operación policial se llevó a cabo en la madrugada del martes, con un saldo de cuatro detenciones y registros en Bilbo y Galdakao, donde se hallaron alrededor de 200 kilos de sustancias explosivas.
SÍ SE AUTOLESIONÓ

Daniel Pastor, que fue encarcelado el viernes, confirmó ayer a su abogado que sí se autolesionó al verse forzado a autoinculparse ante las amenazas que le realizaron respecto a su compañera sentimental.
Ares arremete contra Aralar y EA por pedir el cese de los arrestos

La declaración «No más detenciones ni torturas» ha creado gran revuelo, y el consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, no ha tardado en pedir una «rectificación pública» a Aralar y a EA, además de acusarlos de «insultar a las víctimas» y de «legitimar y dar alas a los terroristas». El manifiesto fue tachado de «indecente» en un comunicado suscrito por Ares y de «infame» la actitud de las formaciones que lo suscriben.

El titular de Interior preguntó a EA y Aralar «si han decidido romper con su historia como partidos políticos que se habían situado siempre en frente del terrorismo», y respecto a las alusiones sobre la tortura, Rodolfo Ares les sugirió «que acudan a los tribunales».

Pese a considerar que Ares carece de «legitimidad» para reclamar explicaciones a Aralar, su coordinador general, Patxi Zabaleta, detalló que el texto estaba elaborado «una semana antes» de la operación policial, e indicó que su finalidad es pedir que en materia de actuaciones policiales se cumplan las recomendaciones de Amnistía Internacional. «Mucho mejor haría el consejero de Interior en hacer cumplir esas recomendaciones, que no en elevar la voz por razones políticas en una situación así», apostilló.

El secretario general de EA, Pello Urizar, por su parte, reprochó a Ares querer «condicionar» el proceso político abierto. Consideró, además, que está «muy molesto porque la nueva coyuntura que se está generando le deja en una situación muy mala, ya que está contradiciendo todas sus previsiones». GARA