# Alba, miembro de Psicólogos sin Fronteras, presenció una redada el 7 de marzo en la Estación del Norte.
# Se acercó a los agentes de policía e intentó preguntarles sobre el motivo de la actuación, informándoles de su ilegalidad.
# La joven fue multada por “menosprecio a las labores de los agentes”
Alba González es una joven valenciana de 22 años integrante de la ONG Psicólogos sin Fronteras que el pasado 7 de marzo tuvo las agallas de presenciar una redada en Valencia y no seguir caminando como si nada. Pero su valor le costó una denuncia por parte de la Policía Nacional.
Eran las siete de la tarde cuando, al presenciar la redada en la Estación del Norte de Valencia, Alba se acercó a los agentes del cuerpo nacional de policía e intentó preguntarles sobre el motivo de su actuación, informándoles que no es legal en el estado español realizar controles basados en criterios étnicos (color de piel, rasgos, etc).
"Salía del metro cuando ví acercarse el furgón policial, yo ya sabía lo que pasaría pero aún así me paré para comprobar si efectivamente se trataba de una redada. Se bajarón cinco policías y pararon a tres inmigrantes, me acerqué para hablar con ellos y no había empezado la frase cuando uno de ellos me dijo que me marchara y me preguntó que yo quién me creía", contó Alba a enLatino.com.
De inmediato los agentes detuvieron la redada y pidieron a la joven que se identificara amenzándola con llevarla a la comisaría y sancionarla con 300 euros de multa. En un primer momento Alba se negó a identificarse si bien más tarde accedió a mostrar su DNI a los policías, quienes terminaron multándola por “menosprecio a las labores de los agentes actuantes”.
"No sabía que me multarían porque en ningún momento les hablé en mal tono. Opté por llamar por teléfono y uno de los policías me agarró fuerte de la muñeca y trató de quitarme el móvil".
"MERECIÓ LA PENA"
Según contó Alba, lo más paradójico de los hechos fue que el lugar se llenó de curiosos que "se quedaron mirándome como si fuese yo la que estuviera haciendo algo malo ya que la policía me estaba interrogando". Aunque la joven valenciana admitió que la intervención "valió la pena, yo me llevé un buen susto pero al menos ese día no se llevaron a nadie al CIE".
Desde la ONG a la que pertence Alba recuerdan que la discriminación es cosa de todos, y reclaman que "la acción civil ante la violación de derechos humanos, como hizo nuestra compañera, no es un delito, por lo que animamos a la ciudadanía a denunciar las actuaciones desmesuradas contra los inmigrantes de las que sea testigo a través de la asociaciones de apoyo a las inmigrantes”.
Por su parte, la Mesa de entidades de Solidaridad con los Inmigrantes y la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), de las que forma parte Psicólogos sin Fronteras, manifestaron su rechazo a las redadas contra inmigrantes en las que se atiende a criterios raciales y xenófobos para pedir identificación.
EL GOBIERNO LAS NIEGA
Alba fue una ciudadana anónima que se rebeló al presenciar un control policial discriminatorio pero junto a ella asociaciones vecinales, organizaciones pro inmigrantes, Cáritas e incluso las propias Naciones Unidas han pedido al Gobierno español el cese inmediato y definitivo de estas prácticas policiales ilegales e inconstitucionales en las calles del país.
Pese a todo, el Gobierno niega su existencia reiterada y taxativamente en su discurso público.
En Latino.org
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