Con la frase del titular inentaba Rita disimular que para ella el Cabanyal también es una excusa para que sus amigos empresarios ganen dinero. Las personas afectadas por la prolongación parecen ser las únicas que están respetando la ley, ya que la misma alcaldesa de su cuidad se la va a saltar a la torera.
Por su parte, el PSPV se dedica a "desafiar" al PP poniendo carteles. Hasta que no dejen de ser, las personas, meros objetos manipulables para las instituciones económicas y políticas, no se solucionará nada. He aquí la noticia...
HORTENSIA GARCÍA/EFE La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha manifestado hoy que al Gobierno "no le importa nada" el barrio del Cabanyal y que la orden ministerial que paraliza su plan de reforma es "una excusa" ideada para "desacreditar" al Ejecutivo autonómico y local y conseguir "arañar algún voto".
Según ha reiterado en la rueda de prensa posterior a la junta de Gobierno local, la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra el decreto de la Generalitat que avala esta actuación urbanística únicamente suspende esta norma, pero "no paraliza nada".
"No podemos confundir la realidad con el deseo que tienen algunos de que esta decisión del Tribunal Constitucional paraliza todo. Esto no es cierto, suspende la norma por imperativo legal y nada más, el resto es pura invención y manipulación", ha asegurado.
Barbera ha opinado que todo esto es fruto de "un momento preelectoral", en el que el Gobierno socialista, que "está finiquitado", trata de "huir hacia delante" aunque "no tenga ninguna razón jurídica".
El Constitucional deja sin cobertura legal los derribos en el Cabanyal
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que presentó el 1 de febrero el Gobierno contra el decreto ley del Consell que avala el plan del Cabanyal. El Constitucional declara la "suspensión de la vigencia" del decreto y deja, al menos de momento, sin cobertura los derribos previstos en el plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia que rompe por la mitad el barrio declarado Bien de Interés Cultural. El Constitucional abre un plazo de quince días para que Gobierno y Generalitat presenten alegaciones. El tribunal puede tardar cinco meses en decidir si mantiene la suspensión del decreto y por ende de los derribos y varios años en resolver el fondo del recurso de inconstitucionalidad.
La primera reacción de la alcaldesa, Rita Barberá, ante la suspensión del decreto fue anunciar que el plan del Cabanyal "sigue adelante" y que los derribos "van a continuar", al menos, fuera de la zona BIC. El gobierno municipal que primero se negó a acatar la orden del Gobierno poniendo en tela de juicio su competencia exclusiva sobre expolio desoye ahora al Tribunal Constitucional. La suspensión del decreto autonómico no sólo deja sin amparo el plan urbanístico de Rita Barberá sino que devolvería las cosas a la situación anterior, esto es, al momento de la paralización de los derribos ordenada por el Ministerio de Cultura. El ministerio, por mandato del Tribunal Supremo, realizó un informe que declara que el plan del Cabanyal supone expolio del barrio histórico.
La reacción del Consell para eludir la orden de paralización fue aprobar el 8 de febrero el decreto ley que blinda el plan urbanístico y que ahora ha sido suspendido.
En pocas semanas, el ayuntamiento ha pasado de considerar el decreto la tabla de salvación que devolvía la legalidad al Pepri a desmarcarse del mismo. El gobierno local se aferra ahora al argumento de que la suspensión del decreto-ley no tiene consecuencias sobre el plan urbanístico. El pepri, que contempla la demolición de 1.600 viviendas, "va a seguir adelante" porque el TC "sólo ha acordado dejar sin efecto, momentáneamente, el decreto del Consell", apuntó ayer el concejal de Relaciones con los Medios, Miquel Domínguez.
Cabanyal 2010 tramita 14 licencias
Los primeros derribos tras la orden de paralización de Cultura del pasado 29 de diciembre estaban previstos para este mes de febrero. Según ha podido saber este diario, la sociedad Cabanyal 2010 que ejecuta el plan del Cabanyal ha solicitado licencia de derribo de 14 viviendas, algunas aún en fase de expropiación, en las calles San Pedro, Escalante, Manuel Estellés Reina y Lavadero.
Miquel Domínguez difundió ayer parte de la interpretación que han hecho los servicios jurídicos municipales de la providencia del Constitucional según la cual "el alcance de la admisión a trámite, supone, literal y exclusivamente, la suspensión de la disposición recurrida, esto es, del citado decreto ley".
El Tribunal Constitucional recuerda que la suspensión es consecuencia de la decisión del Gobierno de invocar en el recurso al artículo 161.2 de la Constitución que implica la suspensión automática de la disposición recurrida.
Domínguez recordó que "hace unas semanas, un juez decretó la validez legal de las licencias de derribo de 6 inmuebles ubicados en el futuro bulevar San Pedro". Domínguez se refería a la decisión del juez de desestimar la petición de suspensión de los derribos en San Pedro que requería el PSPV como medida cautelar del recurso contencioso contra las licencias, recurso que sigue tramitándose.
La portavoz de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, manifestó ayer su satisfacción por la rápida respuesta del Constitucional y confió en que el ayuntamiento recapacite y decida emprender la rehabilitación del barrio. Los vecinos temen que la utilización política del plan del Cabanyal acabe degradando más si cabe el conjunto histórico y la convivencia en el barrio. Por eso, ayer la Asociación de Vecinos del Cabanyal reclamó la paralización de los derribos y "la regeneración y revitalización" del barrio. Mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, "que posiblemente tardará varios años", el barrio y los vecinos "no podemos sufrir las consecuencias de la lucha política del ayuntamiento contra el Gobierno".
Cotino critica a Zapatero y Alarte elogia a Sinde
El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, arremetió ayer contra Zapatero por no haberse reunido con la Generalitat antes de recurrir al Constitucional el decreto del Cabanyal. Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, elogió ayer la "valentía" de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en el Cabanyal. La portavoz del PSPV, Carmen Alborch, aseguró que la orden del ministerio "sigue vigente" y confió en que el PP "aparque la sinrazón, se atenga a las reglas del Estado de Derecho y paralice los derribos".
Para EUPV, la decisión del Constitucional deja "sin argumentos" y para Compromís "para los pies a las ansias destructoras del PP" en el barrio
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