A pesar de ser la provincia con menor tasa de criminalidad
Los colectivos contrarios a la materialización de la macrocárcel de Zaballa como un recurso activo en el territorio volvieron a reivindicar ayer la necesidad de frenar la implantación de este proyecto debido a los múltiples inconvenientes que lo hacen inviable. Además, anunciaron una movilización social para el próximo 30 de enero para realizar estas reivindicaciones.
Y es que, según los datos esgrimidos por la asociación Salhaketa, la construcción de la nueva institución penitenciaria convertirá a Álava en la provincia del Estado con la mayor tasa de población encarcelada por habitante "a pesar de ser el territorio que registra los menores índices de criminalidad", según apuntó su portavoz César Manzanos.
Y es que, el proyecto que ya se está realizando en el municipio de Iruña de Oca tendrá una capacidad para 1.600 nuevos reclusos sin aplicar los índices que permiten elevar esta cifra hasta las 1.900 personas que acoge la infraestructura de las mismas características de Zaragoza. Además, puesto que desde Madrid ya se anunció en su día que, de momento, esta cárcel no implicará el cierre inmediato de la ya existente en Nanclares, a este número habría que sumarle los 750 presos que habitan actualmente allí.
MUNICIPIO CARCELARIO
En definitiva, una población reclusa de unos 2.350 habitantes que convertirá a la zona "en uno de los más importantes municipios carcelarios del mundo sin envidiar a algunos de Estados Unidos". Así las cosas, Álava pasaría a tener prácticamente 7,5 reclusos por cada 1.000 habitantes en una zona que ahora registra apenas 2.287 habitantes.
Sin embargo, no es éste el único aspecto en el que hicieron hincapié desde el colectivo. Y es que, también apuntaron a la problemática que generará un centro que, una vez más, no contará con el tan necesario módulo de maternidad. Una circunstancia que se convierte en uno de los principales motivos de dispersión de los reclusos en Euskadi. Y es que prácticamente dos de cada tres penados con residencia administrativa en el País Vasco cumple su sentencia privativa de libertad fuera. En muchas ocasiones se trata de madres lactantes o con menores de tres años a su cargo, pero también jóvenes de menos de 30 años o inmigrantes con arraigo en la comunidad.
Por otro lado, también apuntaron a los problemas ecológicos que ya está causando la construcción de esta macrocárcel en Zaballa. Y es que, según recordaron ayer, a falta aún de que el Supremo se pronuncie de forma definitiva acerca de la paralización de las obras hasta que no se realice la evaluación de impacto ambiental, los trabajos han continuado hasta el punto de que "ya casi se pueden ver las primeras paredes levantadas". Estas actuaciones han llevado a sumar varios factores agresivos con el medio ambiente.
Así lo recordó el portavoz de Ekologistak Martxan, Andrés Illana, que apuntó algunos de los perjuicios ya realizados. "Los árboles y arbustos que han talado ya no se recuperan y hay un informe reciente que avisa de la implicación que tendrá ya en la nidificación de rapaces", denunció.
Tortuga
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