La Fiscalía pide 132 de cárcel para una anarquista que a partir de mañana será juzgada en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en la explosión de una carta-bomba en el edificio de Correos de Valencia en 2003, que causó heridas a nueve personas, y la colocación de varios artefactos incendiarios.
Fuente: adn.es
En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera que la acusada, A. C. G., confeccionó, fabricó y envió la carta-bomba que estalló el 24 de mayo de 2003 en la sede de Correos de la calle San Vicente de Valencia, y le imputa nueve intentos de asesinato terrorista -uno por cada una de las personas que resultaron heridas- además de un delito de estragos terroristas.
Junto a A. C. G será juzgado E. A. S., su pareja sentimental en el momento de los hechos.
La Fiscalía atribuye a ambos acusados el incendio de un cajero automático de la entidad Bancaixa el 20 de enero de 2003 y el incendio de una grúa excavadora el 23 de mayo del mismo año, un día antes del envío de la carta-bomba.
Además les acusa de la colocación de un artefacto incendiario el 1 de abril de 2003 en el Instituto de Formación Profesional El Cabanyal de Valencia.
Según el escrito del fiscal, los dos acusados son activistas anarquistas vinculados a un "núcleo de libertarios" que se conectaban a través de la infraestructura del Ateneo Libertario El Cabanyal de Valencia y del Centro Social Alternativo (CSA) Malas Pulgas.
"Ambos estaban de acuerdo en utilizar medios violentos para la consecución de sus fines", añade el escrito, que sin embargo aclara que no consta que los procesados "formasen parte de un grupo determinado y organizado que tuviese por finalidad subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública".
En total, la Fiscalía solicita para A. C. G. 123 años de cárcel por la carta-bomba de Valencia y otros 9 años por tres delitos de daños con incendio.
Por su parte, E. A. S. está acusado igualmente de tres delitos de daños con incendio, por los que se enfrenta a 9 años de prisión.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público solicita que la acusada A. C. G. sea condenada a indemnizar con más de 129.000 euros a las personas y entidades que sufrieron daños por la explosión de la carta-bomba en Correos.
Igualmente, pide que ambos procesados paguen una indemnización de más de 77.000 euros por los daños causados por los otros tres artefactos incendiarios.
+info:
Recopilación de noticias sobre los casos
Carta de Amanda del 2003
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